Columnista:
Hernando Bonilla
Empecemos un breve recuento:
En ‘Polombia’ o ‘Locombia’, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra un excandidato presidencial, porque en una conversación grabada a un miembro de una organización criminal, se menciona que aquel ganó las elecciones en un departamento por el apoyo de los mineros de la región. De igual manera se promueve una indagación contra la alcaldesa de la capital, por una contravención: hacer mercado en compañía de su esposa, cuando solo lo podía hacer una persona del núcleo familiar. Es decir, por la violación de una restricción a la libertad de locomoción, medida policiva para prevenir la pandemia durante el aislamiento obligatorio.
Estas son las causas criminales de trascendencia que ponen en movimiento el órgano de investigación y acusación penal en ‘Polombia’.
Pero es que en ‘Locombia’, los hechos que tienen que ver con el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de quien ganó las elecciones y actualmente es el presidente no son importantes. Tan es así, que una de las principales implicadas y testigo estrella en este suceso presuntamente delictivo, quien trabajaba con un senador y expresidente, abandonó el país, porque las autoridades no tomaron medidas al respecto de manera oportuna.
Y es que en ‘Polombia’ o ‘Locombia’, como más les guste llamarla, el jefe del ente acusador es compañero de universidad y mejor amigo del presidente de la República. Le hizo campaña, fue funcionario de su administración y además ternado por este para el cargo. Por estas pequeñas insignificancias todo el mundo duda de su imparcialidad para liderar las investigaciones que se deben adelantar por estos hechos, en los que tiene gran interés esa persona de sus afectos.
En ‘Polombia’ se nombró como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior al hijo de uno de los más grandes victimarios de la historia del país, con el argumento de que no se le puede ni debe atribuir responsabilidad alguna por los delitos de su padre, lo que es cierto. Pero se deja de lado la afrenta que constituye para las víctimas su designación, cuando el mencionado ciudadano ha señalado que su progenitor (el victimario condenado) es un preso político en otro país y que no existen pruebas en su contra.
Ese tipo de nombramientos son frecuentes en ‘Locombia’. Hace algún tiempo se designó como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a un negacionista del conflicto armado.
En ‘Locombia’, en una entrevista, un locutor muy jocoso de una capital con una gran historia musical, se refirió, sin ningún estupor, a la trata de personas con fines de explotación sexual (delito internacional de lesa humanidad), como una práctica normal e inveterada en la región de donde es oriundo, conversación en la que prácticamente con su entrevistado concretan los términos de una transacción comercial con ese fin, a lo que algunos no le dan importancia porque consideran que se trató simplemente de un asunto tradicional, de carácter cultural o ancestral de una población indígena.
‘Polombia’ es un país tan especial, que reconocidos y prestigiosos periodistas aceptan al aire que en las entrevistas solo hacen las preguntas acordadas con el entrevistado, que son las que este quiere o permite que le hagan.
En el país del Sagrado Corazón, ‘Locombia’, el órgano que tiene a su cargo la guarda de la Constitución amparó el debido proceso y el derecho de impugnación de la condena penal impuesta a un exministro de uno de los Gobiernos más inmorales de la historia, en un proceso de única instancia culminado hace casi seis años, sin que se alterara, curiosamente por determinación contenida en el fallo, la cosa juzgada, a pesar de que materialmente la sentencia puede ser impugnada y, por tal razón, revocada, modificada o confirmada. Asimismo, sin efectos sobre la prescripción y, mucho menos, sobre el cumplimiento efectivo de la pena.
Se abrió así, en ‘Polombia’, una puerta para que muchos otros aforados constitucionales condenados en única instancia, con sentencia ejecutoriada, conocidos como los ‘buenos muchachos’, puedan exigir el mismo trato (principio de igualdad), incluso para sentencias emitidas antes de la fecha fijada como límite para empezar a aplicar el derecho, 30 de enero de 2014, cuando estas sigan produciendo efectos en el tiempo, atendiendo a la vigencia de las normas que se aplicaron al caso, situación anormal que genera gran incertidumbre en la administración de justicia penal y afecta gravemente la seguridad jurídica.
En este grandioso país, la inteligencia del Ejército se usa para espiar de manera ilícita a políticos opositores, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, funcionarios públicos, magistrados, etc., y, para completar, el presidente vive obsesionado con acabar con el régimen dictatorial de una nación vecina.
Se dice que desde ‘Locombia’ se contrataron mercenarios para derrocar al presidente de ese país vecino; y que se dejan mal amarradas en puerto, curiosamente, no una, sino tres lanchas artilladas de la Armada, que quedaron a la deriva, pasaron las fronteras y fueron encontradas abandonadas en el territorio contiguo.
En esta república bananera, hay abogados dedicados a denunciar penalmente periodistas para hacer efectiva la censura, mientras otros ejercen la profesión sobornando y volteando testigos, con la anuencia de sus clientes, para supuestamente, cuadrar de dicha manera los procesos en contra de estos.
Por último, mientras los fines de semana con día festivo la gente sigue saliendo de paseo y haciendo fiestas con invitados externos en casas, conjuntos residenciales y edificios de apartamentos, la Policía ‘polombiana’ nunca llega a atender los llamados de la ciudadanía por la violación de las medidas de aislamiento obligatorio que inciden en la propagación de la pandemia o la comisión de delitos, porque está ocupada persiguiendo a los adultos mayores y a otras personas que salen a la calle a buscar su sustento y el de sus familias.
En fin, ‘Polombia’ o ‘Locombia’, definitivamente es el país de las maravillas, donde la realidad supera la ficción.
Mejor descripción imposible.
Son suficientes las evidencias para procesar judicialmente, a grandes personajes de la política nacional colombiana.Muchos lo sabemos,pocos lo reconocemos y menos aún los que procuramos promover el cambio a la *transparencia*…nada es estático,todo cambia,esperemos con optimismo,que la saturación de corrupción este cercana al desborde insoportable para una comunidad que a pesar de tener una «tendencia entajosa» está siendo más afectada,que beneficiada con las consecutivas y arraigadas políticas gubenamentales