De la investigación periodística sobre Panama Papers, se conoció una serie de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca que revelaron a numerosos políticos, empresarios y deportistas con fondos en paraísos fiscales. Con la publicación de dicha investigación generó un cubrimiento periodístico inolvidable y además, permitió el debate sobre los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Lo último que se conoce sobre la investigación es que fue galardonada con el premio Pulitzer en la categoría de “Periodismo Explicativo”. Pese a la importancia del premio y lo que significó este escándalo para el país, la noticia pasó inadvertida.
Después de un año de esta infiltración de documentos, todas las investigaciones que se iniciaron en Colombia han quedado estancadas o nulas. Nada ha pasado con las denuncias del Ministro Mauricio Cárdenas y del director de la DIAN Santiago Rojas que de las 1.245 personas naturales y jurídicas vinculadas a Panamá Papers sólo el 35% ha reportado esos activos en el país y el 65% ha evadido su obligación, es decir, declarar sus activos e ingresos globales en Colombia y en el exterior.
Misma suerte han tenido los 60 expedientes abiertos para iniciar procesos judiciales a personas que aplicaban, entre otras marañas, el fenómeno de refracturación, en otras palabras, facturas por bienes y servicios ficticios en el exterior que justificaban para inflar gastos, costos y pasivos, y una vez contabilizados en Colombia, sirven para reducir el pago de impuestos.
El fiscal (e) General de la Nación de la época, Jorge Perdomo indicó que el hecho de aparecer en la lista no podía ser un acto delictivo, por tal motivo, esperaba que la DIAN le presentará la documentación oportuna para abrir una investigación formal por el presunto delito de lavado de activos. Hasta el momento existen 15 personas con imputación de cargos.
Imagen cortesía de: El Telégrafo
Algunos colombianos que aparecieron en los listados fueron: Carlos Gutiérrez Robayo, el famoso concuñado de Petro; Luis Alberto Ríos Velilla, accionista de Transmilenio y mejor amigo de Vargas Lleras; Miguel Silva Pinzón, que en la época era el encargado de las comunicaciones del gobierno de Santos; Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático y también, investigado por sus nexos con los paramilitares; Roberto Hinestrosa Rey, quien era el presidente del Concejo de Bogotá y miembro del partido Cambio Radical; Darío Arizmendi, director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio; Hollman Carranza, hijo del esmeraldero Víctor Carranza; etc. Cada uno ha mencionado, a su manera, que no ha cometido ningún delito y además, tener sociedades en otra jurisdicción no es ilegal. A diferencia de lo que sucedió en otras partes del mundo, donde se registraron arrestos, renuncias, investigaciones judiciales y reformas tributarias.
Por otra parte, la relación entre Colombia y Panamá era intensa en el 2014, debido a que nuestro país quería incluir a Panamá dentro de la lista de paraísos fiscales. Luego de la megainfiltración, la relación entre los países fue cordial, de esta forma, Colombia logró negociar un intercambio de información tributaria con Panamá. No obstante dicho acuerdo entraría en rigor para el 2018.
Sin embargo el mayor problema, según la Red de Justicia Tributaria, es que el país estaría perdiendo más de 6.000 millones de dólares anuales en impuestos, como consecuencia de la falta de mecanismos rigurosos para evitar la evasión de impuestos.
Esta evasión es un golpe a las finanzas del Estado para apoyar programas sociales que benefician a la clase social menos favorecida. Por otro lado, la evasión afecta directamente la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones. Y a su vez, en la búsqueda de soluciones para la evasión, el país implementó una pésima Reforma Tributaria y un deplorable 19% del IVA.
Es por eso, la importancia para el país de no olvidar este escándalo e investigar con profundidad los Panamá Papers.
