En el gobierno del actual presidente Iván Duque hemos sido testigos del inadecuado manejo que su aparato político le ha venido dando a temas como el de la libertad de expresión con el reprochable caso de censura efectuado por el exgerente de RTVC, Juan Pablo Bieri; la libertad de cátedra y su evidente afectación por parte del proyecto del representante a la cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, que busca sancionar a los profesores que supuestamente adoctrinen ideológicamente a sus estudiantes; y la memoria histórica nacional con el nombramiento de Darío Acevedo, un negacionista del conflicto armado colombiano.
Todo esto demuestra evidentemente el talante antidemocrático y autoritario de un sector de la derecha que ha logrado llegar al poder pensando que, con la excusa de la victoria en las urnas, pueden poner a cualquier persona dentro de su estructura gobiernista sin importar si llena o no a cabalidad los requisitos para el cargo requerido.
Uno de los últimos casos, el de Darío Acevedo, es realmente alarmante y deja en el debate público una preocupación no exteriorizada antes: la elección del director del Centro Nacional de Memoria Histórica responde al excesivo presidencialismo que padece Colombia, en donde las atribuciones desde la primera magistratura del país van desde la presentación de ternas para magistrados y fiscal general de la nación, hasta la designación del director del centro en cuestión.
Darío Acevedo, su nuevo director, ha sido conocido por su postura negacionista del conflicto armado interno y resulta que el artículo 147, en armonía con el artículo 3, de la ley 1448 de 2011, estipula que al Centro Nacional de Memoria Histórica le corresponde documentar las violaciones de derechos humanos “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Por lo tanto, es una elección que podría entenderse desde el punto de vista político ya que es una persona en total sincronía con la narrativa uribista de no reconocer la existencia de un conflicto armado.
Pero desde un punto de vista técnico, académico, doctrinario y hasta legal, se está incurriendo en una falta, puesto que es incorrecto poner a una persona que no cree en la existencia del conflicto nacional que hemos padecido durante décadas; en un cargo que está diseñado para visualizar la historia de las violaciones acaecidas precisamente durante el conflicto nacional.
Aquí no se está negando la posibilidad que tiene el gobierno de seleccionar sus fichas políticas de acuerdo a sus intereses, y los del país, siempre y cuando sean las personas idóneas para los cargos específicos. Pero es que el caso de Acevedo se suma al de una seguidilla de designaciones que distan mucho del perfil requerido.
La historia de nuestro país no puede estar variando de acuerdo a la visión del gobernante de turno.
No puede de ninguna manera responder a esas lógicas electorales donde aquella persona que logre la votación suficiente para proclamarse como presidente de la nación, tenga a su disposición el cambio del devenir histórico de acuerdo a sus intereses personales y motivaciones políticas.
Eso no puede suceder cuando de por medio están un sinnúmero de víctimas que ha dejado este pozo de dolor que es Colombia y que lo único que desean, en muchos casos, es el reconocimiento de su situación, el que se pueda saber la verdad de lo acontecido.
En este caso no sirvió la indignación tuitera y de diversos sectores y movimientos políticos que sí habían ejercido la presión suficiente para repensar los intentos de elección anteriores al de éste.
Lamentablemente ya es oficial el nombramiento de Acevedo y solo resta esperar con resignación que no hagan del centro de memoria una oda al personaje que convoca a todo el movimiento uribista, al líder por excelencia de la crisis valorativa en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tal como lo hicieron efímeramente en el Plan Nacional de Desarrollo.
Foto cortesía de: Semana
