Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Como ya se sabe, el presidente de nuestro país y el partido de gobierno se caracterizan por su posición negacionista: no hubo conflicto armado; el Acuerdo de Paz es sinónimo de impunidad y, por ello, se hace necesario eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no es un asunto de importancia o gravedad, ya que en Colombia matan más personas por robo de celulares; el Estado hace presencia en todos los rincones de nuestra geografía y no hay confinamientos de comunidades enteras ni desplazamiento forzado masivo.
Por todo esto, no es necesaria la presencia de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en este modelo de democracia ejemplar: ¡hay que cerrarla!
Y viviendo en un paraíso como el nuestro, no es importante o, imperiosa, una evaluación de la situación de los derechos humanos durante un periodo determinado, mucho menos con ocasión de la implementación del Acuerdo de Paz. Por ello, la ira del presidente de la República frente al informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que valoró las condiciones de los mencionados derechos en nuestro perfecto y, democrático Estado, durante el año 2019. ¡Una valoración innecesaria, sin ningún sentido!
Pero, por otro lado, si se examina en detalle el contenido del informe, es entendible la rabia del primer mandatario de los colombianos. Veamos:
Si a usted le expresaran, entre otros muchos aspectos, después de una valoración de la situación, y además es la ONU la que lo hace: que en el Estado que dirige persisten altos niveles de violencia que generan graves violaciones a los derechos humanos; que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado han sido insuficientes, en particular en las zonas rurales.
Que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo; que los asesinatos contra los defensores de estos se incrementaron en cerca del 50 % en 2019 comparado con 2018 ¿no se enfadaría?
Y si también le dicen que se documentaron casos de muertes arbitrarias cometidas por miembros del Ejército y la Policía; que la Jurisdicción Penal Militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos; que es necesario que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales; que según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia está entre los tres países con mayor nivel de desigualdad en América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,51.
Además, que la corrupción afectó negativamente la capacidad del Estado de cumplir con su obligación de asignar el máximo de sus recursos disponibles, para garantizar esos derechos de segunda generación; que el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza multidimensional fue 3 veces más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas; que el porcentaje de hogares sin acceso a agua potable en zona rural fue casi 16 veces más alto que en zonas urbanas y el analfabetismo en áreas rurales fue casi 4 veces más alto y, que ello evidencia, un incremento comparado con 2018, etc., ¿usted no se molestaría?
Obvio que el enojo es superlativo cuando usted no ve sino lo que quiere ver, pretende imponer su visión de la situación del país, es inepto e indolente, y otros (en este caso la ONU) le muestran la realidad que quiere ocultar (su ineficacia) y le hacen recomendaciones o sugerencias para que empiece a gobernar.
No se necesita ser experto, confrontar cifras o hacer estudios y análisis profundos de los métodos o herramientas utilizadas para la obtención de los datos que sirvieron de soporte al informe, para concluir que refleja la verdadera situación de Colombia y es una radiografía de lo que todos los días vemos y escuchamos en los medios sobre el aumento progresivo de la violación de los derechos humanos en nuestro país.
Pero el dirigente se irrita y le duele cuando es puesto en evidencia y, por eso, una de las reacciones es no solo desacreditar el mensaje, sino también al mensajero.
No obstante, para descartar que las Naciones Unidas puedan estar influenciadas por el Foro de Sao Paulo o el régimen castrochavista, que es lo único que les falta decir a los personajes del Gobierno y, del partido que asumió el poder, basta con echarle una leída al Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, con información recopilada entre septiembre de 2018 y abril de 2019, para establecer la objetividad con que allí se cumple la tarea: no se concluye que el vecino país sea un modelo de respeto por los derechos humanos.
Finalmente, para completar y aumentar la ira del gobernante, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó esta semana su balance anual sobre la situación humanitaria en Colombia: 5 conflictos armados vigentes, aumento de personas víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal (59 % más que en 2018), confinamiento de comunidades, desapariciones, reclutamiento forzado, etc. En total, se documentaron 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Definitivamente, ¡a veces la verdad duele, y mucho!
