El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, uno de los personajes más nefastos e inútiles que han pasado por ese cargo en los últimos años, ha sacado de la chistera, como buen prestidigitador que es, la manera de meterle la mano a la gente en el bolsillo con un nuevo impuesto injusto, ilegal y extravagante. Los viajeros de vuelos nacionales en el aeropuerto José María Córdova deberán pagar 5.000 pesos, y 1,5 dólares los de vuelos internacionales. Para darle a la cosa su punto cursi tan propio de este país en donde se suele robar a la gente mediante leyes, decretos administrativos, resoluciones y demás recursos legales, esta nueva rapiña tiene el bonito nombre de “derecho de conectividad aérea”.
Con los 5.000 pesos que Luis Pérez quiere quitarle a los viajeros en el José María Córdova, el gobernador espera recaudar 120.000 millones en seis años para las obras de la llamada Conexión Aburrá-Túnel de Oriente, cuya conclusión está prevista para el año 2039. ¡Dónde estaremos entonces los esquilmados hoy por el gobernador! Y uno se pregunta: ¿Por qué deben pagar los pasajeros de las compañías de aviación un túnel que no tiene nada que ver con el servicio aeronáutico y que beneficia es a los empresarios del transporte por carretera?
Luis Pérez, que es de la misma escuela de Álvaro Uribe —vaselina de diminutivos, sonrisilla ladeada, ademanes de seminarista mañoso— le ha dicho a Revista Dinero que este nuevo tributo no es un cobro muy alto y casi “no se sentirá” en la tarifa final. Claro, la lógica es apabullante. Cómo se van a sentir 5.000 pesos o un dólar y medio en las tarifas aéreas más altas de la región.
Según Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación del Transporte Aéreo de Colombia, Atac, el trasporte aéreo colombiano tiene una de las cargas impositivas más altas del hemisferio, ¡la segunda después de Venezuela! Por eso al señor Pérez le parece que 5.000 pesitos de impuesto es como quitarle un pelo a un camello. Se extraña de que la gente se queje por esa bobada. Y además, se enoja con los responsables de líneas aéreas que tendrán a su cargo el cobro de esta nueva tasa: “Les dije que… no era aceptable que empresarios de esa magnitud se opusieran al desarrollo de una obra tan gigante”. Tan grandes y tan bobos.
Ante semejante disparate han saltado las compañías aéreas que, además de tener que soportar el enojo de los viajeros con este impuesto, deberán administrar una plata que ni les va ni les viene, y les supone ocupar medios y personal humano. La cosa no es ninguna tontería para las empresas de transporte aéreo y plantea desde el punto de vista práctico una serie de interrogantes a esas compañías. No queda claro cómo funcionará, quién pagará los costos operativos de este recaudo, cómo se cobrará a tiquetes comprados hace varios meses y quién pagará el 4×1.000 que ocasione el mismo.
Imagen cortesía de: MiOriente
¡Ah, el 4×1.000! Qué oportuno punto para recordar aquí. En 1998, es decir hace ya casi veinte años, el gobierno de turno estableció uno de esos atropellos tan típicos de Colombia dizque por la emergencia económica que atravesaba el país. La medida tenía una vigencia temporal de un año y ya ha pasado por el país una generación de colombianos que nacieron, murieron y morirán con el 4×1.000 en las transacciones bancarias. Y esa es la suerte que le espera al flamante “derecho de conectividad aérea” de Luis Pérez que, proyectado para seis años, quedará establecido para siempre. Porque en Colombia toda medida transitoria adquiere con el tiempo carácter definitivo, que es uno de los aspectos que más indigna de esta cacicada.
Al norte del Valle de Aburrá, en Antioquia, hay un peaje con las características de lo que aquí estoy diciendo. En noviembre de 2005 se instalaron unas improvisadas casetas para cobrar lo que Álvaro Uribe denominó un “peajito social”; si, así con diminutivo, como les priva a ellos. Los habitantes de las localidades cercanas —Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa— patalearon y protestaron por una erogación injusta y discriminatoria con respecto a los residentes al sur del Valle de Aburrá.
Uribe prometió que aquello solo duraría ocho años y que en 2013 sería desmontado. Pues bien, se cumplen ya doce años de aquella promesa, los mil pesos iniciales se han duplicado, las improvisadas casetas del comienzo han sido reemplazadas por una sólida insfraestructura y los particulares de la zona deben desembolsar al año un millón y medio para llegar con sus vehículos a sus casas.
Si el Consejo de Estado no lo remedia, el impuestico de Pérez Gutiérrez correrá la misma suerte del peajito social de Uribe, del 4×1.000 y de todas las medidas transitorias que en este país se quedan para siempre esquilamando el bolsillo de los contribuyentes.
Hay personajes en la vida de los pueblos que trascienden la condición de político y se convierten en karma. La gente los elige y los reelige como si una fuerza superior o el destino hubiese decidido un vínculo ineludible. En Antioquia, en donde tantos babean y lubrican con personajes como Uribe o Pérez Gutiérrez, llega uno a creer que soportan estas cargas porque se lo han buscado.
