Columnista:
Germán Ayala Osorio
Usar las guarniciones militares como hoteles-cárceles para políticos procesados y condenados, constituye una forma de evadir las responsabilidades penales y disciplinares que deben afrontar quienes violan la Constitución y las leyes. Se trata, entonces, del otorgamiento ilegítimo de privilegios a delincuentes de «cuello blanco» que deberían estar recluidos en las instalaciones que administran muy mal, tanto la UASPEC como el propio INPEC. De esa forma, se consolida aún más la negativa representación social que los colombianos tienen de la justicia y que cobra sentido con la frase «la justicia es para los de ruana».
Obligar a militares y policías a proteger delincuentes debidamente perfumados funda una acción política, administrativa y penal que termina por deslegitimar al conjunto de las Fuerzas Armadas, en la medida en que su función constitucional no está orientada a prestar protección a delincuentes con linaje dentro de batallones o escuelas de formación de la Policía y del Ejército.
El uso indebido de las instalaciones castrenses como hoteles-cárceles, deviene en una vulgarización de las misiones institucionales tanto de la Policía como del Ejército. Además, expresa la indigna forma como policías y militares deben asumir el sometimiento al poder civil, mediado este por las presiones políticas que puedan soportar los oficiales comandantes de batallones o a quienes se les asigne la responsabilidad de «atender» a los ilustres condenados y procesados. Presiones que por supuesto tienen que ver con los ascensos de militares y policías. A partir del grado de coronel todos saben que están en la obligación de establecer buenas relaciones con senadores, muchos de estos amigos de los insignes políticos que pernoctan en las instalaciones castrenses, pagando sus condenas.
Si ya existe dentro de La Picota el espacio VIP para los políticos condenados y procesados por toda suerte de delitos, ¿por qué insistir en usar las unidades militares y de policía como cómodas celdas para unos indignos funcionarios que no solo violaron la ley, sino que se burlaron de la confianza que los ciudadanos de manera natural depositan en los funcionarios estatales?
Más allá de los problemas de seguridad que suelen invocar los abogados de estos altivos clientes de las cómodas instalaciones militares, lo que se consolida con específicos congresistas y exministros procesados y condenados, es la legitimación de la corrupción de los civiles por parte de los uniformados.
Todo lo anterior contribuye a que la opinión pública refuerce sus negativas representaciones sobre las unidades militares y policiales, en otrora usadas para torturar presos políticos, y por supuesto, se robustezca la ya histórica imagen negativa que arrastra el aparato de justicia de Colombia.
Solo falta que se publiquen fotografías de soldados, suboficiales u oficiales cumpliendo con los pedidos de los honorables huéspedes a través del tradicional Room service. O quizás, a los convictos participando de actividades propias del «orden cerrado», lo que haría necesario grabar a los uniformados que animan el trote, gritando: Reos, arrrr.
