Columnista:
Juan Alejandro Echeverri
A Cristina Bautista Taquinas, gobernadora del Resguardo Tacueyó, la asesinaron el 29 de octubre de 2019, además de ella, en el mismo ataque, mataron a 4 comuneros más. El 22 de abril, las ráfagas del Ejército asesinaron a Abelardo Liz, comunicador del Pueblo Nasa que cubría el desalojo del punto de Liberación de la Madre Tierra en zona rural de Corinto.
El 22 de abril, mientras iba en su moto para un corregimiento de Caldono, asesinaron a Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo La Laguna Siberia. A Albeiro Camayo Guetio, histórico fundador y coordinador de la Guardia Indígena, lo asesinó la Columna Móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, el 24 de enero de 2022 en el resguardo Las Delicias.
Entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de septiembre de 2022, el monitor de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabilizó 14 994 casos de desplazamiento y 9066 amenazas individuales y colectivas en el Cauca, las que sumadas a las masacres, los casos de reclutamiento forzado, las desapariciones forzadas, la muerte de civiles en acciones bélicas, los homicidios políticos, las incursiones armadas, los atentados, los confinamientos, entre otros, arrojan un total de 153 136 hechos violentos en el departamento.
En ese mismo periodo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró el asesinato de 84 autoridades o líderes de la guardia indígena —es decir, 1 cada 12 días—, también el homicidio de 63 líderes sociales del sector campesino y afrodescendiente. De los tres, 2020 fue el año más mortífero en el Cauca: el movimiento indígena perdió 56 líderes —o sea 1 cada 7 días—, los demás sectores 43.
La crisis humanitaria del departamento ha sido sobreadvertida y sobrediagnosticada. Entre el 8 de octubre de 2020 y el 17 de febrero de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió 11 alertas tempranas —9 de carácter estructural y 2 con carácter de inminencia— sobre uno o varios de sus municipios.
El país conoce el dictamen médico de memoria: de manera deliberada, el Estado ha dejado el territorio a su suerte; reporta altos índices de necesidades básicas insatisfechas; es una de las pocas guaridas que le queda al ELN; en su momento fue bastión de las FARC-EP, y el incumplimiento del Acuerdo de Paz incentivó la deserción y el rearme de antiguos guerrilleros; tiene una porción significativa de los cultivos de coca y marihuana que hay en Colombia; allí se cultiva, se procesa y se embarca droga para el Pacífico, el centro y el sur del país; y la Fuerza Pública, que hizo alianzas con los grupos que debe combatir, se integró a la cadena del narcotráfico, estigmatizó y atacó la población, es una representación estatal ilegítima en el territorio.
El permanente estado de alerta también tiene causales étnicas y políticas. La irrevocable determinación de recuperar las tierras despojadas durante la invasión española, de preservar su cultura ancestral y mandatar de manera autónoma en sus resguardos y territorios sagrados, han convertido al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en blanco de las guerrillas, grupos paramilitares, fuerzas del Estado, y emporios económicos.
El 24 de febrero, el CRIC conmemoró 51 años de haberse constituido en La Susana, vereda de Toribío donde está localizado el Resguardo Tacueyó. A pesar de la ‘satanización’, el racismo, y la violencia estructural, hoy la organización indígena del Cauca es la vanguardia del movimiento social en el país; referente de lucha y símbolo de los cambios sistémicos que Colombia reclama.
Los indios del CRIC no son vagos y perezosos, tal como rebufa la postiza realeza blanca colombiana, cultivan en sus tierras lo que alimenta sus multitudinarias y largas movilizaciones. Cierto es que algunos siembran coca y marihuana como única alternativa obligada de subsistencia, pero también cuidan y protegen montañas e hilos de agua que la agroindustria destruye y contamina. Consultan y honran los consejos de los mayores y las mayoras. Tienen EPS, universidad, cooperativas, y reglas de convivencia propias. Su Guardia Indígena ejerce legítima autoridad sin necesidad de usar armas. Y lo que la piratería capitalista tilda de chamanismo, se llama en realidad ley de origen.
Ninguna familia es totalmente funcional, menos una de este tipo. Los conflictos identitarios, políticos y territoriales entre los Nasa y los Misak son insoslayables. Al igual que la molestia de los Liberadores de la Madre Tierra, quienes se sienten tratados como parias por los dirigentes y coordinadores de la organización, pese a que el primer punto de la plataforma de lucha sea la recuperación de tierras. Aunque existan imperfectos organizativos, el CRIC es ejemplo de deliberación y planificación colectiva. En un encuentro de derechos humanos, la hoy senadora Aída Quilcué, contó que durante más de dos años planearon la Minga que bloqueó la vía Panamericana durante casi un mes en 2019. Sin intenciones de hacer una apología a la muerte, la mayora caucana dijo aquella vez: “Nosotros ya sabíamos cuántos muertos íbamos a poner”.
De las vías de hecho al poder
Con el nombramiento de uno de sus hijos en una dependencia neurálgica, como la Unidad de Restitución de Tierras, el CRIC refrenda su mortífera trayectoria social y política. El actual Gobierno también le ha invitado a dialogar con los agroindustriales que tanto les han perseguido, y elaborar propuestas para incluirlas en la reforma agraria y en el Plan Nacional de Desarrollo. A esto, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra respondió:
“(…) Estamos en consultas internas. Nos tomará tiempo, porque los tiempos de las comunidades no son los tiempos del estado. En el estado un grupo de profesionales se reúnen a trazar planes según el dictado de su sabiduría o profesión y en una semana tienen tremendo plan. En las comunidades es necesario reunirnos por puntos de liberación, luego todos los puntos, luego volver a cada punto, aclarar, esperar al punto que no pudo llegar esta vez, preguntar al viento y a las nubes, al canto de los pájaros”.
La representatividad institucional no será suficiente hasta que no se remuevan los defectos estructurales. No debería sorprendernos que persista la movilización indígena y que un mañana cercano el CRIC reclame la declaración de Colombia como un Estado plurinacional, que se profundice el alcance de sus derechos, al igual que su soberanía y autonomía territorial, entre otros aspectos que, como le pasa a Chile, ponen en tensión la categoría del Estado-nación. Pueblos del mundo como el Saharaui, el Mapuche y, el Kurdo, abanderan hace ya varios años esa misma disputa, los intentos de exterminio cultural, económico y armado es lo que han recibido como respuesta.
En estos tiempos de pesadumbre y de shock capitalista, vale la pena cualquier intento por mantener vivos y en alto los faros organizativos. En lo que va corrido del año, solo en el Territorio Ancestral Sa’th Tama Kiwe, integrado por 6 Resguardos, han asesinado 20 jóvenes comuneros.
Cuanto más avance la lucha del CRIC, más cruenta será la respuesta de la ‘pajaramenta’ criolla que considera a los indios humanos de tercer nivel. El movimiento indígena del Cauca no ha escatimado gestos solidarios cuando otros lo han necesitado. El año pasado regaló comida, pintura, y colaboró en las labores de seguridad y cuidado durante el estallido social en Cali. No estaría de más cualquier gesto de reciprocidad del movimiento social.
Solos o acompañados, los indios del CRIC seguirán reclamando lo que por siglos les negaron y arrebataron. Quedó probado que la dignidad y la persistencia también hacen parte de su ley de origen, el día que Manuel Quintín Lame Chantre dijo: “Me opuse a obedecer a lo injusto, a lo inocuo y a lo absoluto; pues yo miré como cosa santa y heroica el no aceptar la injusticia y la inequidad, aun cuando llevase la firma del más temible juez colombiano”.
