Los “falsos positivos” son la expresión clara de la degradación del honor militar y de una inconveniente y peligrosa reorientación misional del Ejército y de los miembros que participaron de la ignominiosa práctica de matar civiles, muchos de ellos con enfermedades mentales, para hacerlos pasar como guerrilleros “dados de baja” en supuestos operativos contra insurgentes.
Obtener ascensos, ganar permisos, recibir bonificaciones[1] y alcanzar anotaciones positivas en la hoja de vida hicieron parte de los estímulos que impulsaron a cientos de miembros del Ejército, en todos los grados, a participar, por acción u omisión, en la comisión de semejantes delitos.
No se debe descartar que los crímenes perpetrados hubiesen estado motivados también por el odio hacia los civiles y en particular por su condición de pobreza y las circunstancias de discapacidad, física y mental.
Este doloroso capítulo del degradado conflicto armado interno aún no se cierra. Por el contrario, con cada cierto tiempo vuelven a la palestra pública estos inocultables desmanes y delitos cometidos por miembros de la fuerza pública que monetizaron la vida de civiles inermes. Y en ese regreso o no del tema de los falsos positivos, tiene mucho que ver el ejercicio periodístico.
Ante la decisión de la revista Semana de engavetar una investigación sobre la posibilidad de que se reeditara en el Gobierno de Iván Duque el capítulo de los falsos positivos, lo más probable es que la prensa colombiana en general asuma actitudes y acciones propias de la autocensura, tal y como lo hizo la señalada publicación hebdomadaria.
En ese inquietante silencio de las empresas mediáticas de Colombia, medios internacionales como el New York Times y El País de España vienen publicando informes periodísticos que no solo fustigan la directriz del general Nicacio Martínez Espinel de producir bajas (body count), sino que le esculcan su pasado como comandante de la Décima Brigada Blindada. En ese mismo sentido, pero de tiempo atrás, Human Rights Watch (HRW) ha hecho lo propio.
El alto oficial y hoy comandante del Ejército ha recibido su ascenso a general de cuatro soles, en medio de cuestionamientos de los ya referidos medios internacionales y del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien justamente en la edición del diario El Espectador del 6 de junio de 2019 señala que “el general Nicacio nunca ha dado explicaciones a la Justicia”. Hay que señalar que recientemente el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez informó sobre la apertura de una investigación preliminar y de carácter disciplinario contra el general Martínez Espinel.
Al conocer que el Senado de la República ha concedido el ascenso al controvertido General Martínez Espinel, los efectos políticos y militares no se harán esperar. En lo político, por ejemplo, el Senado se está alineando con el interés del Gobierno de Duque de consolidar la línea tropera y dura que representa el alto oficial, y con la cual se insiste en la presencia y operación de un enemigo interno, a pesar de la desaparición de la guerrilla fariana, hoy convertida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Es por demás urgente que el país discuta la conveniencia económica, militar y política de insistir en la tesis de que aún existe un enemigo interno con la capacidad operativa y militar que tenían las antiguas Farc-Ep.
De ser así, el principio del body count seguirá aplicándose y por ese camino se aseguraría el regreso o la continuidad de la práctica sistemática de los falsos positivos.
Eso sí, muy seguramente, quienes al interior del Ejército impulsan este tipo de práctica criminal ajustarán los procedimientos, los “protocolos” y harán controles a la información al interior de las guarniciones para evitar filtraciones a la prensa, en especial a la extranjera.
Es importante que se dé la discusión sobre la permanencia o no del enemigo interno por varias razones: la primera, porque dentro del espectro castrense ya no se habla de grupos guerrilleros o de guerrillas, sino de Grupos Armados Organizados (GAO).
Dicha nomenclatura tiene el genuino objetivo de desconocer el ropaje político que le puede quedar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El calificativo de terroristas se mantiene, lo que imposibilita cualquier tipo de negociación que en adelante se proponga, por ejemplo, con el Comando Central (COCE) del ELN.
Así las cosas, reconocer o insistir en la presencia de un enemigo interno en las señaladas condiciones tiene el enorme riesgo de extender en el tiempo la vieja práctica de los organismos de seguridad del Estado y de la propia fuerza pública de conectar y asociar el pensamiento de izquierda y a quienes critican al Régimen, con las antiguas guerrillas.
Hay que recordar que en esas condiciones contextuales fueron perseguidos, torturados, amenazados y asesinados defensores de los derechos humanos, del ambiente, sindicalistas, profesores, académicos y líderes sociales y políticos con la anuencia de las autoridades. Sin duda, los asesinatos que se vienen produciendo de lideresas y líderes sociales desde el 2016 están atados a los principios de esa viaje práctica.
Y en el mismo ámbito de lo político, el ascenso del general Nicacio Martínez sirve para consolidar las dos tesis complementarias que gravitan al interior de las Fuerzas Militares.
La primera tesis señala que en el Gobierno de Santos el honor militar se afectó no solo por la presencia de oficiales y exoficiales en la Mesa de Diálogos de La Habana, sino por los cambios misionales que lideraron los llamados generales de la paz, Alberto José Mejía y Javier Flórez, quienes acompañaron al gobierno de Santos en su empeño por poner fin al conflicto armado con las Farc.
Quienes defienden esta tesis insisten en que la moral de los combatientes se vio afectada, a lo que sumó la inseguridad jurídica asociada a asuntos como la responsabilidad en la línea de mando tal y cómo quedó acordado en el Tratado de Paz.
Y la segunda tesis apunta a la necesidad de recuperar el liderazgo, que no es otra cosa de desatar los nudos que la paz de Santos impuso a la tropa. El presidente de Acore señaló en su momento que: «El daño que le generó al país, es muy evidente«, y señala que también afectó a las Fuerzas Armadas debido a las «restricciones que impuso». «Desescalar el conflicto era amarrar a las tropas para no cumplir su función constitucional«.
En lo militar, el ascenso a general de cuatro soles de Martínez Espinel sirve para validar y legitimar, no solo la forma de pensar y de operar del alto oficial, sino sus motivaciones ideológicas y militares que lo caracterizan como un militar tropero.
De igual manera, su ascenso puede servir para poner fin a las carreras de los oficiales que, siguiendo la línea operativa y ética de los entonces generales Mejía y Flórez, acompañaron institucionalmente los diálogos de paz adelantados en La Habana y al final respaldaron el Acuerdo Final II.
Está decisión que tomó el Senado, sin duda, es política, pero tiene incidencia en el campo de lo militar. Para consolidar la paz no basta con que las Farc-Ep hayan hecho dejación de las armas. Se requiere de una reorientación misional de las Fuerzas Armadas.
En particular, urge que los comandantes rompan las relaciones y conexiones que suelen establecer entre grupos armados ilegales, ahora los GAO, con el pensamiento de izquierda y con los líderes instalados en esa orilla ideológica. Defender los derechos humanos y los ecosistemas (la Naturaleza) no puede verse como una acción “revolucionaria y propia de enemigos del Estado”.
[1] Decreto Boina y la directriz 029 de 2005.
Foto cortesía de: CNN
