El gabinete de Duque

A  cuenta gotas el electo presidente de Colombia viene dejando saber los nombres  de las personas que lo acompañarán en su gobierno. Ya escogió a los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud, de Educación y del Interior, de Cultura y Defensa.

Si bien en el equipo ministerial que viene anunciando el presidente electo, Iván Duque Márquez, se advierte un talante vario pinto a juzgar por las hojas de vida y las trayectorias políticas de los recién elegidos, la elección está inscrita en el proceso que definió Ignacio Lewkowicz: “el proceso práctico hoy está liquidando el arraigo del Estado en la nación. El Estado actual ya no se define prácticamente como nacional sino como técnico-administrativo, o técnico-burocrático”[1].

A esta circunstancia contextual (conceptual y académica) se suman las condiciones en las que operan ética y políticamente las regiones en el país, en las que se advierten, con claridad, históricas transacciones entre grupos paramilitares, narcotraficantes y élites tradicionales. Esto es, un connubio entre autoridades y grupos de interés, legales e ilegales, que han coadyuvado a la consolidación de un “Doble Estado» en Colombia, en el marco de un modelo presidencialista que alimenta y consolida el ethos mafioso del que se sirve, justamente, ese “Doble Estado” para permanecer en el tiempo y naturalizarse.

De igual manera, se asocian las prácticas corruptas y el talante ético-político de las dos administraciones de Uribe (2002-2010), legitimadas por los empresarios, industriales y banqueros que lo acompañaron en sus 8 años de gobierno, los mismos que hoy están detrás de muchos de los elegidos por Duque, o directamente a cargo de una o de varias carteras; y, por supuesto, no se puede dejar de lado la deuda política que tiene Duque con el ex presidente y ganadero  antioqueño, la misma que de muchas maneras afectará las decisiones de Estado  tomará a partir del 7 de agosto de 2018 cuando se posesione como Presidente de la República; como no es de menor valía, hay que señalar la insana gratitud y lealtad que ya exhibe el Presidente electo con el propietario del Centro Democrático, a quien de manera temprana llamó “el eterno presidente” y por quien “mete las manos al fuego«, para defender su ya cuestionada honorabilidad como político y ciudadano.

A juzgar por el talante de muchos de los elegidos, el gabinete de Duque desde ya exhibe un perfil plutocrático, técnico-administrativo, empresarial y neoliberal, anclado fuertemente al viejo Establecimiento colombiano. Miremos algunos de los perfiles de los recién elegidos jefes de las carteras ministeriales, a partir de las siguientes categorías: nombramientos de tipo Político y amoral y Técnico-burocrático y Empresarial.

De tipo Político y amoral

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos ministros elegidos que arrastran investigaciones bien por parte de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia o de los órganos de control, como la Contraloría General de la República, o cuyas conductas están asociadas a prácticas corruptas, o a escándalos mediáticos por corrupción.

En ese marco, la elección de Nancy Patricia Gutiérrez, como ministra del Interior, responde a una elección de carácter político que supera, por supuesto, el perfil del cargo, ancorado de manera natural al ejercicio de la política, en el contexto de un deseado equilibrio de poderes.

Investigada por vínculos con grupos paramilitares y por haber usado su investidura de presidenta del Congreso para espiar a la senadora liberal, Piedad Córdoba, su nombramiento bien puede obedecer a presiones o recomendaciones directas de Uribe Vélez, a juzgar por la lealtad mostrada por  la ex congresista. O quizás, por su cercanía con el también uribista y ex ministro de Uribe, Juan Lozano.

En cualquier caso, su nombramiento en la cartera de la política debe interpretarse como el puente directo que el presidente Duque establece con un Congreso moral  y éticamente comprometido en sus mayorías con el ethos mafioso y el funcionamiento del “Doble Estado”. Es decir, el nombramiento de Gutiérrez manda un mensaje claro al Congreso: vamos a mantener las históricas, sinuosas y perniciosas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Dentro de la misma categoría se incluye el nombramiento de Alberto Carrasquilla, quien no solo es un economista de corte neoliberal, sino que su nombre está asociado de tiempo atrás a escándalos como el de Reficar y los Panamá Papers. Su elección en la cartera de Hacienda, siendo un declarado neoliberal, muy seguramente hará todo lo que esté a su alcance para mantener la economía nacional y las condiciones macro económicas, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional.

Que el presidente Duque haya dejado de lado los escándalos de corrupción y la evasión de impuestos en los que estuvo y está involucrado Carrasquilla, manda un negativo mensaje alrededor de la supuesta lucha que el entonces candidato uribista dijo que emprendería contra el mayor problema del país: la corrupción pública y privada. En este caso, pudo la necesidad de llevar a la cartera de Hacienda a un reconocido, aconductado  y obediente economista neoliberal, que los impedimentos éticos y morales que acompañan al señor Carrasquilla.

La elección de Holmes Trujillo en el ministerio de Relaciones Exteriores se puede entender como un premio y reconocimiento a un político vallecaucano de origen liberal, que en el ocaso de su vida burocrática, buscó el mejor lugar en donde anidar sus aspiraciones personales. Representa su elección una especie de contentillo para el Valle del Cauca y para su vieja clase política. Se espera que mantenga el impulso al multilateralismo, pero ya dejó claro Duque que hará todo para que la agenda narcotizada con Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte para bajarle la presión que todas maneras sentirá su gobierno, de parte de los países europeos que ven con algún temor que la implementación del Acuerdo Final (II) fracase.

La elección de Alicia Arango, antigua secretaria privada de Uribe, corresponde, sin lugar a dudas, al reconocimiento  y el premio a la obediencia y la lealtad mostrada de tiempo atrás por la hoy nueva ministra de Cultura. Corresponde la designación, al poco valor que el gobierno de Uribe le dio a la cultura. Lo más probable es que Duque siga esa línea de acción y subvaloración, a juzgar no solo por el talante de la nueva ministra, sino por el hecho de que su elección obedeció al pago de favores políticos. No sobra decir que Arango es ajena a los temas de la cartera.

De tipo Técnico-burocrático y empresarial

Dentro de esta categoría se instalan los nombramientos de ciudadanos cuyos desarrollos profesionales están asociados al ámbito privado, sin que ello sea garantía de transparencia, pues saben de antemano que entrarán a defender los intereses corporativos de aquellos sectores de poder económico y político que de tiempo atrás se apoderaron del Estado, justamente para arrebatarle el sentido de lo colectivo y de lo público, que tanto desagrada a quienes desde el empresariado hacen ingentes esfuerzos pata mantener las condiciones de injusticia social, exclusión y pobreza que los beneficia como agentes plutocráticos, en el contexto de una clara y evidente kakistrocracia y oclocracia que se consolidó en el país.

En ese espacio categorial caben los nombramientos de los ministros Andrés Valencia Pinzón (Agricultura y Desarrollo Rural), José Manuel Restrepo (Comercio, Industria y Turismo), María Victoria Angulo (Educación), Juan Pablo Uribe (Salud) y Ricardo Lozano (Ambiente y Desarrollo Sostenible).

El caso del ministro de Agricultura, su elección debe entenderse como un espaldarazo a la política agraria asociada de tiempo atrás a los monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana para producir agro combustibles. Es decir, la llegada de Valencia a esta cartera servirá para impulsar las Zidres y coadyuvar, en buena medida, a ralentizar los procesos administrativos que desde esa cartera deban asegurarse para el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón (Acuerdo Final II). De igual manera, su cartera podría facilitar procesos de concentración de la tierra en pocas manos, y acciones conducentes a correr la cerca urbana para irle ganando espacio a lo rural (y selvático).

Entre tanto, la elección de Restrepo (Comercio, Industria y Turismo) debe comprenderse en el marco del ya convenido proceso de desindustrialización del país y el mantenimiento de un sector productivo acorde con las aspiraciones de la clase empresarial y las élites dominantes. Es decir, prolongar en el tiempo un débil aparato productivo.

Lo más probable es que las actividades propias de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural choquen con las ideas y propuestas que traiga el ministro Lozano, de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo más probable es que el SINA (Sistema Nacional Ambiental) se debilite y que, como sucedió en los tiempos de Uribe, la institucionalidad ambiental se vea menguada o sea subsumida por los intereses corporativos de quienes buscan hacer del turismo ambiental un negocio, cuando saben de antemano que no existe una fuerte infraestructura y, mucho menos, hay sólidas instituciones para garantizar que se haga de manera sostenible desde la perspectiva ambiental. No creo que los nuevos ministros de las tres carteras se hayan hecho la pregunta de si es posible hacer un turismo ambiental responsable.

En lo que concierne a Ricardo Lozano [2], el nuevo jefe de la cartera ambiental, su perfil de geólogo y el venir del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sugieren que tendrá la capacidad académica para discutir temas álgidos como el fracking y la sobreexplotación del agua, en particular la que hacen sectores agroindustriales como la caña de azúcar y los arroceros. No sería extraño que mantuviera los privilegios que en esta materia tienen los señalados sectores económicos y la poca vigilancia que las CAR hacen a las actividades desarrolladas por ingenios azucareros y las empresas arroceras colombianas.

La llegada de Angulo a la cartera de educación simplemente es consistente con la política de debilitamiento de la educación pública. Que venga de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la administración de Peñalosa, es un claro indicador de que llegará a la cartera a mantener las condiciones presupuestales y de calidad de la educación de acuerdo con el proyecto de país que encarnó Uribe en su momento y del que Duque muy difícilmente tomará distancia. Es decir, no podemos esperar, por ejemplo, una propuesta de “revolución educativa” de parte de la nueva ministra. Por el contrario, podemos esperar el debilitamiento de la educación pública y el consecuente fortalecimiento de la privada.  

En cuanto al ministro de Salud, no hay que pensar en que el sistema de salud cambiará radicalmente en pro de garantizar la prestación de un servicio de calidad y los derechos de los pacientes. Ojalá se mantengan la política de control y de intervención a los precios de medicamentos esenciales desarrollada por el ministro Gaviria, en la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018).

La designación del economista guajiro, Jonathan Malagón, como ministro de Vivienda, confirma el talante tecnocrático-privado-empresarial con el que Duque busca conformar su equipo de gobierno. Muy seguramente su gestión estará dedicada a mantener las condiciones del mercado y las institucionales para un sector productivo importante para la economía del país. Eso sí, no creo que el nuevo ministro asuma con actitud crítica el análisis del crecimiento desordenado  de las ciudades y el avance de un urbanismo que va corriendo las fronteras de lo rural y por esa vía, provocando un (re) ordenamiento del territorio sobre la base de un crecimiento extensivo de las urbes y la consolidación del espíritu especulativo con el que latifundistas, finqueros y ganaderos mantienen sus propiedades rurales. Todo lo anterior, sin el menor asomo de preocupaciones o de consideraciones ambientales y de cuidado de la biodiversidad.

Acerca de la elección de Gloria Alonso Másmela como  directora del Departamento de Planeación Nacional, hay que señalar que su perfil técnico poco o nada cambiará la lógica con la que viene funcionando dicha entidad. Huelga decir que el DNP no ha estado en los grandes debates sobre el desarrollo del país. ¿Acaso ha servido el Departamento de Planeación Nacional como faro para discutir el proceso de desindustrialización del país? Será capaz la directora de acompañar el debate nacional que recién propuso, sobre el tema de la tierra en Colombia, el actual director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper[3]?

Después de especulaciones mediáticas, se confirmó el nombramiento de Guillermo Botero como  ministro de Defensa. Quien fuera por varios años el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), orientará una de las carteras ministeriales más importantes. Botero es detractor y enemigo del proceso de paz con las Farc, situación que no solo lo acercaba a Uribe Vélez, sino a un amplio sector de los militares que no acompañaron los diálogos de paz y el sentido de la negociación, a pesar de los beneficios que la JEP otorgó y otorgará a oficiales y suboficiales comprometidos con la muerte de civiles (Falsos Positivos). Su elección se entiende como una acción de agradecimiento del ex presidente Uribe hacia quien desde esa instancia de poder, apoyó su política económica.

Su evidente desconocimiento del tema de la seguridad nacional y de la operación de la Fuerza Pública, le hará fácil la tarea a aquellos sectores de las fuerzas militares que no solo no acompañaron el proceso de paz con las Farc, sino que estarían dispuestos a facilitar las condiciones para que se dé el ‘renacimiento’ de las Farc, o para que las GAO (Grupos Armados Organizados) se extiendan y se consoliden territorialmente.

Y todos sabemos que la mejor forma de hacerlo es evitar u omitir operaciones militares o, por el contrario, extenderlas en el tiempo para así mantener la presión presupuestal hacia un gobierno que hará todo para mantener la lógica y los principios de la doctrina de seguridad nacional. Romper el proceso de diálogo con el ELN sería una acción que confirmaría dicho objetivo. Lo dicho horas después de confirmarse públicamente su nombramiento, Botero señaló que “las protestas sociales hay que reglamentarlas”. En lugar de expresar su preocupación por el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales o señalar que liderará una lucha frontal contra las redes, legales e ilegales, de tráfico de armas, el ex presidente de Fenalco, claramente exhibe su clara animadversión contra todo lo que huela a protesta social y reclamación de derechos.

Y todos sabemos que la mejor forma de hacerlo es omitir operaciones militares o, por el contrario, extenderlas en el tiempo para así mantener la presión presupuestal hacia un gobierno que hará todo para mantener la lógica y los principios de la doctrina de seguridad nacional. Romper el proceso de diálogo con el ELN sería una acción que confirmaría dicho objetivo.

Como se puede observar, los nombramientos del equipo ministerial de Duque confirman el talante del nuevo gobierno. Esto es, más de lo mismo. Con Duque, el viejo Régimen recuperó el poder, lo que significa mantener las condiciones morales, éticas e institucionales de un país manejado por una élite que jamás tuvo un proyecto de nación. Ahora lo difícil es saber si será posible arrebatárselo en el 2022.

Es posible colegir que de las designaciones ministeriales, por lo menos en cuatro, el ex presidente Uribe metió sus manos y usó a su favor su condición de jefe político y mentor del electo Presidente. Su injerencia se daría en la elección de la ministra del Interior, en la del ministro de la Defensa, y en las designaciones en las carteras de Hacienda y Cultura.

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[1] Lewkowicz, I. (2006). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós, Argentina. p. 31.

[2] Su condición u orientación sexual no se puede entender como una decisión política de Duque en el marco del respeto a lo que se conoce como la comunidad LGTBI. Habrá que esperar en dónde ubica el presidente electo a los homofóbicos Alejandro Ordóñez Maldonado  y Viviane Morales.

[3] Se dieron muchos debates en el interior del gobierno, pero creo que llegó el momento de que los debates se den hacia afuera, un debate nacional sobre la tierra. No me cabe la menor duda, por todas las dificultades que se presentan en territorio y las aristas que tiene este tema, que se requiere una reforma a la ley de tierras como lo recomendó en su momento la Misión Rural. Esa debería ser una de las prioridades del gobierno entrante, hacer esa modificación, y que la inversión en el campo sea integral porque la tierra sola no sirve, tiene que estar acompasada con las medidas del desarrollo rural, tener una visión de que en ciertos territorios sirve hacer una reforma rural integral, en otros tal vez sirve hacer proyectos agroindustriales. Estamos convencidos de que en esta tierra tenemos que caber todos y esa es la visión que se debería imprimir en la nueva ley de tierras. Tomado de: https://colombia2020.elespectador.com/pais/se-necesita-un-gran-debate-nacional-sobre-las-tierras-miguel-samper