El fiscal general de la Nación y el Estado de derecho

En su discurso de despedida, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, señala como una de las causas de su dimisión la decisión de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que resolvió aplicar la garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich; providencia judicial que, según él, entre otras cosas, desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y la Fiscalía, hace trizas la cooperación judicial internacional, desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia y confronta abiertamente la Constitución Política.

Este desafío al orden jurídico, no lo puede refrendar el saliente funcionario, jefe del ente acusador, porque su conciencia y devoción por el Estado de derecho se lo impiden. Exhorta a la ciudadanía a movilizarse por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz.

Equivocado concepto tiene de Estado de derecho el Fiscal General. Uno de los principios fundamentales del Estado constitucional es la separación de poderes, que se deriva de la necesidad de distribuir y controlar el ejercicio del poder político. Como consecuencia de la aplicación de este principio, las decisiones de los jueces se deben acatar y respetar así no se esté de acuerdo con ellas o no convengan.

Una evidente y clara intromisión en la autonomía e independencia judiciales son las declaraciones que, como las del Fiscal Martínez Neira, tienen por finalidad desprestigiar o minar la credibilidad de determinados órganos judiciales.

Así él procura influir o incidir en futuros pronunciamientos, como en el caso de la aplicación de la garantía de no extradición de alias Jesús Santrich, que se encuentra pendiente de una decisión definitiva, por virtud del anunciado recurso de apelación que interpondrá la Procuraduría General de la Nación.

Las determinaciones de los jueces, en el Estado de derecho que tanta devoción le inspira al fiscal general, se controvierten, cuando se consideran equivocadas o afectan derechos de las partes, terceros o intervinientes, a través de los medios de impugnación o recursos e incluso de la acción de tutela y no incitando a la ciudadanía a movilizarse, en clara señal de desacato.

Desafortunada y preocupante la posición asumida por la cabeza del ente acusador, respecto de una decisión que no le gustó pero que le sirvió de pretexto para manipular la opinión pública, con el engaño de que con ella se afectaba la legalidad y la paz, por lo que había que movilizarse.

Pero más preocupante lo que se estableció por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz en la mencionada decisión judicial que tanto disgusto le causó al señor Martínez Neira. Esto sí debería poner a reflexionar a los colombianos sobre la necesidad de la verdad.

En la señalada providencia se advierte sobre la ilicitud e ilegalidad de toda la actividad investigativa adelantada por testigos confidenciales, que actuaron en Colombia bajo las instrucciones de entidades gubernamentales de los Estados Unidos de América, con el fin de realizar negociaciones de estupefacientes con el solicitante de la garantía de no extradición.

Lo anterior, por cuanto las actividades orientadas a la recolección de información probatoria se llevaron a cabo en territorio colombiano, en el que las autoridades de Estados Unidos no tienen competencia ni ejercen jurisdicción. Se indicó en la decisión:

“… bajo las instrucciones de agentes de la DEA, se adelantaron actuaciones que atentaron contra el orden jurídico, si en cuenta se tiene que unas personas, no identificadas hasta ahora, pero denominadas CW1 y CW2, testigos confidenciales, ejecutaron actividades de narcotráfico que, además, estaban direccionadas a la instrucción de un proceso adelantado por otro Estado, sin que esté acreditado que se siguieron las reglas establecidas en el ordenamiento interno para dicho recaudo probatorio.”[1]

Pero el asunto no para ahí. Se expresó que la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación expuso, por requerimiento de la jurisdicción, que no se requería autorización judicial para quienes denominó particulares extranjeros que realizaron la actividad. Concluyó entonces el Tribunal, que:

“La Fiscalía General de la Nación no prestó asistencia judicial para la actuación de los testigos cooperantes, con reserva de identidad, a instancias de la orientación y control de las autoridades norteamericanas o, por lo menos, no se cuenta en el expediente con el soporte respectivo de ello, a pesar de haber sido expresamente pedido.”[2] 

Para rematar, se dijo que la realización de una actividad encubierta en Colombia por parte de funcionarios estadounidenses o sus colaboradores, debe regirse por las reglas imperantes en nuestro país sobre la materia, lo que no se cumplió en el caso concreto.

Vaya, vaya. Yo creo que este era otro escándalo que el fiscal general de la Nación no estaba dispuesto a enfrentar, en su cuestionada gestión como jefe del ente acusador. Suficiente con el conflicto de intereses por el caso Odebrecht.

Decidió entonces renunciar, pero no por dignidad o devoción al Estado de derecho que, como aquí se advierte, no parece haber demostrado o aplicado.

[1] Numeral 329 de la providencia.

[2] Numeral 332 de la providencia.

Foto cortesía de: RCN Radio