Sin lugar a duda, las dinámicas del conflicto armado interno sirvieron para exhibir y comprender los problemas enormes que históricamente arrastra el Estado colombiano para consolidarse como un orden viable, legítimo y justo.
Problemas, dificultades y obstáculos originalmente anclados al perfil ético-político de una élite andina (bogotana) incapaz de pensar un proyecto de Nación con el que se considerara de vital importancia copar, en condiciones de legitimidad y sostenibilidad socioambiental, los territorios selváticos, las llanuras y esas otras zonas del país que “el pensamiento andino” invisibilizó en y para el funcionamiento del Estado.
Hoy, en pleno proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Santos Calderón (2010-2018) y unos diálogos con la guerrilla del ELN que devienen congelados y a punto de fracasar, la consolidación del Estado como un orden moderno y de una Nación consecuente con la construcción de una paz estable y duradera, constituyen asignaturas pendientes que bien pueden hacernos perder esta oportunidad histórica de pacificar el país por la vía negociada.
Y es así porque cada gobernante local, regional y nacional actúa con y desde una idea de Estado diferenciada y discrecional, que hace casi imposible pensar en que, de manera articulada, coordinada y consensuada, el país pueda avanzar hacia estadios de paz, posconflicto o posacuerdos.
En varias columnas he propuesto la tesis de que en Colombia subsiste un “Doble Estado”, sostenido en y por prácticas clientelistas, mafiosas, dolosas y criminales de agentes de poder, como figuras políticas, empresarios, militares, académicos y periodistas, que de manera articulada, pero subrepticia, colaboran con gobiernos en los ámbitos local, regional y nacional, para favorecer intereses sectoriales y de clase.
Pues bien, el allanamiento que efectuara recientemente el CTI de la Fiscalía General de la Nación a una diligencia en el edificio donde opera la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enmarca, conceptual y empíricamente, en la nomenclatura “Doble Estado” y se articula también a la idea de que altos funcionarios estatales, como el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN), actúan desde su propia concepción de Estado, lo que hace pensar en la enorme dificultad de consolidar estadios de paz en Colombia, mientras subsista ese carácter discrecional con el que Martínez Neira y, en consonancia con la forma de pensar del Gobierno de Iván Duque Márquez, asumen el acto de Estado que lideró el entonces presidente Santos, al haber firmado el fin del conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc.
La diligencia de allanamiento no puede reducirse a un simple “choque de trenes”. Por el contrario, la acción judicial misma deja entrever la clara intención personal del Fiscal General de amedrentar a los funcionarios de la JEP.
Busca debilitar sus dinámicas internas y exponer a los magistrados de esta jurisdicción, a las fuerzas oscuras que legal e ilegalmente suelen actuar para favorecer a esos sectores del Establecimiento que al desconocer el acto de Estado de Santos de firmar el fin del conflicto armado con las Farc, le apuestan al fracaso del proceso de implementación porque esa circunstancia beneficia a quienes durante más de 50 años se aprovecharon, no solo de la guerra interna, sino de la conveniente debilidad del Estado (1) (2).
La JEP en la mira
Son varios los hechos que probarían la intención manifiesta de NHMN, del gobierno de Duque y de la bancada del Centro Democrático para debilitar el proceso de implementación del Acuerdo Final firmado por Juan Manuel Santos en su doble condición de jefe de Estado y de Gobierno.
Desconocer ese acto de Estado constituye una prueba irrefutable de que el Estado en Colombia, no solo es una abstracción conceptual, sino la fachada institucionalizada de grupos de poder político, económico, social y militar que se sirven de la política, del clientelismo y de amañados escenarios electorales, para poner en altos cargos estatales a las fichas que las garantizarán la posibilidad de mantener la idea discrecional con la que asumen eso que otros llaman Estado Social de Derecho.
La captura de Jesús Santrich fue el primer rifirrafe entre las dos jurisdicciones. Se agrava esta situación cuando meses después el propio Fiscal General reconoció no tener pruebas que demuestren que el exjefe de las Farc delinquió posterior a la firma del Acuerdo Final. Curiosamente, el domingo 7 de octubre de 2018, El Espectador publica una nota en la que se informa que NHMN acaba de entregar pruebas que comprometen al exguerrillero en la comisión de delitos de narcotráfico.
¿Por qué ahora sí dice tener las pruebas? ¿Se trata de una cortina de humo para tapar la evidente persecución contra la JEP? ¿De dónde salieron las pruebas?
Preguntas estas que generan suspicacias sobre el actuar del Fiscal General y su real interés de perjudicar el proceso de implementación de lo que se acordó en Cuba.
A lo anterior se suman las iniciativas legislativas adelantadas por los congresistas del Centro Democrático para golpear lo acordado en La Habana en materia de tierras y reforma agraria integral. A estas acciones jurídico-políticas se suman los nombramientos de funcionarios que no tienen la competencia y la experiencia para asumir cargos relacionados con el tema de tierras y el agenciamiento de los compromisos adquiridos por el Estado para cambiar las históricas circunstancias de pobreza y abandono del campo y del campesinado.
Y el más reciente hecho, acaecido con el allanamiento a una sesión de la JEP y la consecuente captura de una copia de los expedientes que esa jurisdicción posee para abordar los casos de secuestros en los que están involucrados miembros de la antigua Farc, es quizás el más grave, pero a su a vez el de mayor contundencia para demostrar que los enemigos de la consolidación del Estado y de la construcción de una paz estable y duradera están enquistados en el propio Establecimiento y cuentan con el apoyo del actual Gobierno.
Es decir, tanto Duque como Presidente, su gobierno, la bancada del CD, otros sectores del Congreso, como el que lidera Vargas Lleras y el Fiscal General de la Nación, están uniendo esfuerzos para golpear no solo a la JEP, sino a todas las acciones y actos de Estado asumidos por el Gobierno de Santos, encaminados a lograr el éxito en la implementación del Acuerdo Final II.
Es claro que detrás de las actuaciones del CD, de NHMN y, del propio gobierno de Iván Duque Márquez, están los miedos que esa parte del Establecimiento que representan unos y otros, tienen de conocer hechos y circunstancias que darían cuenta de la desviación misional de unidades militares que coadyuvaron en gran medida a la extensión del fenómeno paramilitar.
Por supuesto que les aterra a esos sectores de poder, que los agentes del Estado que comparezcan ante la JEP terminen reconociendo que hubo relaciones íntimas con agentes de la sociedad civil para producir “más y mejores resultados operacionales”.
Relaciones que hicieron posible el desplazamiento de millones de colombianos, la comisión de masacres y la concentración, por desposesión, de millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego en virtud del ya probado contubernio entre fuerzas estatales y los grupos paramilitares.
Es probable que el llamado que hizo la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ante lo acaecido con el allanamiento a la JEP, sea asumido por los involucrados como un llamado de atención que, en poco o nada, frenará las intenciones de golpear el proceso de implementación del Acuerdo Final.
«La Jurisdicción Especial para la Paz es pieza clave del proceso de paz de Colombia. Es necesaria para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición. Es igualmente indispensable para asegurar el acceso a la justicia transicional de exmiembros de las FARC-EP, integrantes de la Fuerza Pública, y otros agentes del Estado y terceros que voluntariamente quieran someterse a ella«. (Apartes del Comunicado).
Queda entonces claro que todo aquel acto de Estado conducente a la construcción de paz y a la posibilidad de fortalecer y consolidar el Estado, será desvirtuado, atacado, deslegitimado y debilitado desde adentro de las entrañas del régimen de poder. Ese es quizás el gran problema de Colombia: las luchas intestinas y el carácter discrecional de qué debe ser eso que llamamos Estado Social de Derecho o Estado constitucional y democrático de derecho.
El Fiscal cuestionado
En medio de un clima adverso y de acciones que buscan impedir que el proceso de implementación del Acuerdo Final con las Farc resulte exitoso, el país poco a poco conoce de las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo y que comprometen la honorabilidad del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira. Las pesquisas del periodista Guillén ponen a NHMN en una situación por lo menos incómoda desde el punto de vista ético.
Bastaría con lo publicado por Gonzalo Guillén para que el Fiscal General respondiera, dejando de lado su cargo, los señalamientos que le hace el periodista. Por el contrario, el alto funcionario intenta desviar la atención sobre las graves denuncias periodísticas, usando a la gran prensa afecta al régimen de Duque, para dar a conocer medidas, allanamientos, capturas y demás acciones que solo sirven para ocultar lo que en otros países y sociedades resultaría inaceptable y por ende, insostenible en su cargo al actual Fiscal General.
Periodística, ética y políticamente estas denuncias deberían hoy copar la atención de los colegas de Guillén, que trabajan para noticieros de radio y televisión.
Muy seguramente los hechos denunciados por Guillén no alcanzan el estatus de noticia nacional por los efectos que produce la pauta oficial y, por supuesto, porque hay medios y periodistas en Colombia que de tiempo atrás acompañan el proyecto político de Uribe Vélez. Este mismo proyecto está asociado al actual Gobierno de Colombia.
A los anteriores señalamientos, se suman los intereses corporativos, las actuaciones como abogado y los compromisos ético-jurídicos asumidos por el Fiscal General durante el tiempo que sirvió al Grupo Aval y los intereses de ese grupo en la construcción de tramos de las llamadas vías 4G, con el concurso de la multinacional brasilera Odebrecht. Circunstancias estas que Guillén y María Jimena Duzán han cuestionado.
