Columnista:
Germán Ayala Osorio
Los hechos divulgados por la revista Cambio y Noticias Uno, que comprometen la legitimidad de Francisco Barbosa y la imagen de la misma Fiscalía General, provocaron la violenta reacción del fiscal general, quien está usando la institución para defenderse de los cuestionamientos éticos que se desprenden de los hechos noticiosos revelados.
Los recientes hechos en los que está comprometida su esposa, Walfa Constanza Téllez Duarte no solo son graves, sino que develan un claro proceso de desinstitucionalización al interior de la Fiscalía, resultado del eventual abuso del poder por parte de Barbosa y la informalidad con la que viene siendo manejada dicha institución estatal. Cuando los límites entre lo privado y lo público se tornan borrosos, las conductas de los funcionarios bien pueden terminar moviéndose entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo.
Francisco Barbosa expone su animadversión —mediante una violenta e institucional reacción emitida a través de un reciente comunicado de prensa— hacia la directora de Noticias Uno y sus periodistas, lo que claramente afecta las garantías constitucionales y legales para el ejercicio periodístico tanto del medio audiovisual, como el de la propia revista Cambio.
Hace bien la directora del noticiero más premiado del país, Cecilia Orozco Tascón, en exponer públicamente lo sucedido. Dice, en su más reciente columna publicada en el diario El Espectador, que «furioso con el artículo central de la revista Cambio en que se revelaba que su esposa, Walfa Téllez, se llevó varias maletas cerradas y otros bienes de un almacén interno de la Fiscalía en donde se guardan evidencias judiciales, el fiscal general utilizó, abusivamente, la dependencia oficial de prensa de esa entidad para defender a su cónyuge, una ciudadana particular. En un trino vulgar y con un comunicado grosero, Barbosa ordenó a funcionarios del ente estatal, que puede pedir el encarcelamiento del 99,99 % de los colombianos, que hicieran una composición gráfica con la portada de Cambio en que se leía el título “Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal”, pero con un enorme sello sobreimpuesto, en color rojo, en que se leía la palabra “FALSO”. Y terminaba victimizando a Barbosa, como suele hacerlo él cada vez que está en el ojo de los críticos, con la afirmación de que “cualquier interpretación… de actuaciones oficiales (¿?)… puede vulnerar los derechos del fiscal general, su esposa y su núcleo familiar que incluye una menor de edad».
El ejercicio periodístico no puede ponerse en entre dicho por ninguna autoridad y, mucho menos, por el fiscal general de la nación. Cualquier señalamiento, presión, amenaza o acción intimidante en contra de los periodistas deslegitima a quien se pone al frente de dichas acciones; de igual manera, debilita el ordenamiento democrático y, por esa vía, empobrece la discusión pública de asuntos públicos que nos interesan a todos los colombianos.
Por supuesto que hechos como el de las maletas de la señora esposa de Francisco Barbosa, la selección de fiscales con los que la institución parece buscar desesperadamente la preclusión del caso judicial que la justicia ordinaria lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y, la visita turística de la familia Barbosa Téllez a la isla de San Andrés en plena pandemia de la COVID-19, constituyen asuntos públicos de especial connotación para los colombianos.
En la violenta y desatinada reacción del fiscal general se advierte que Francisco Barbosa asume el trabajo periodístico de Noticias Uno y, el de la revista Cambio, como una «persecución periodística». Bajo esa premisa, deja ver que sus acciones son el fruto de un proceso desinstitucionalizante resultante a su vez de haber borrado los límites entre lo privado y lo público-estatal.
A la hora de cerrar esta columna desconozco si la FLIP reaccionó ante la respuesta desobligante de Francisco Barbosa. Por supuesto que no es de esperar respaldo y solidaridad con los periodistas de Noticias Uno y Cambio, de parte de otros medios masivos y periodistas, pues está claro que en Colombia hay empresas mediáticas y periodistas interesados en autocensurarse para mantener buenas relaciones con el poder.
Los periodistas de Cambio y Noticias Uno simplemente están cumpliendo con la tarea de vigilar a quienes ejercen poder. Y, para hacerlo a cabalidad, hay que incomodar a quienes ejercen algún tipo de poder. Y quedó claro que el fiscal general de la nación está molesto.
