Autor: Alexander Quiñones Moncaleano
La guerrilla más vieja del planeta firmó un tratado de paz con el Gobierno colombiano el 26 de septiembre de 2016. Un pacto que representaba la esperanza para la sociedad colombiana, pero que ha tenido muchos obstáculos para que sea llevado a buen término.
Colombia es una sociedad desigual, violenta y permeada por el narcotráfico y la guerra. Firmar este acuerdo era una oportunidad para construir un país que camine hacia la construcción de una sociedad plural, diversa y con oportunidades para todos sus integrantes.
Juan Manuel Santos dejó firmado el tratado pero, al parecer, la implementación no fue un asunto que le interesara mucho. Y, en efecto, se han producido ataques al acuerdo desde diferentes flancos.
El senador Álvaro Uribe es, indiscutiblemente, el líder que quiere que ese acuerdo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no lleguen a buen puerto. Así lo vemos, cada vez con mayor claridad: en los últimos meses ha atacado con demencial entusiasmo todo lo que tiene que ver con el acuerdo y la JEP. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque la implementación de la JEP puede hacer que salgan a la luz tres décadas de crímenes con sentencia judicial de por medio.
Una de las maneras más efectivas con las que un sector de la sociedad quiere acabar con los acuerdos consiste en atacar directamente a los excombatientes de las Farc. Saben que, al llevar al exterminio a los excombatientes, se debilita la institucionalidad que los respalda, pues con estas acciones no les queda más remedio que volver a las armas o desaparecer.
En Colombia hay un ala radical que no quiere y a la que no le conviene que haya paz. Les sirve la guerra y el derramamiento de sangre. Esa ala radical vive de la expropiación y el negocio de la guerra. De postre hay una parte de la sociedad colombiana que los apoya: la base de la pirámide de la sociedad colombiana los respalda. Dicen que la ultraderecha es la única capaz de salvar el país. Esa es la verdad que les han vendido y ellos gustosos la han comprado.
Nos comparan con nuestro país vecino, Venezuela; que nos vamos a volver como ellos, como si nosotros fuéramos Suiza. El índice Gini nos pone en el puesto número 4 de países más desiguales del mundo. En el 2018 estábamos por encima solo de Sudáfrica, Haití, y Honduras.
La derecha colombiana no ha garantizado los mínimos de bienestar social que necesita una sociedad. Todo lo contrario, es conocida en el mundo por su capacidad extractiva y acumuladora que ve al Estado social de derecho como un feudo que administra como tal.
Sin hablar de que somos el país con más desplazados internos del planeta: ya superamos la cifra de 8 millones de personas desplazadas internamente a causa del conflicto, ése que creímos por un momento que una vez firmando el tratado de paz con las Farc iba a parar.
Pero ha sucedido todo lo contrario, y testigos de ello son los habitantes de las zonas del Bajo Cauca y Catatumbo, por ejemplo, que día a día deben vivir la zozobra del desplazamiento, el asesinato y el recrudecimiento de la guerra por un territorio en el que puedan controlarse las plantaciones de coca y los laboratorios de base de coca.
Wilson Saavedra pasa a ser el primer jefe de frente de las Farc asesinado después de la firma del tratado de Paz con el presidente Juan Manuel Santos. Tenía 5 hijos y estaba comprando un ponqué de cumpleaños para uno de ellos cuando fue sicariado. Perteneció al desaparecido grupo guerrillero por más de 30 años.
Sumado a todo eso, ahora vemos cómo se está asesinando a los excombatientes de las Farc. La cifra de asesinatos de los integrantes del nuevo partido político se eleva a 135 con la muerte de Anderson Pérez y Daniel Esterilla.
Desde el momento en que estas personas dejaron sus armas, esto es en el 2017, las muertes acaecen sin que las fuerzas del Estado hagan mucho para su protección. Antes bien, algunas veces han estado involucradas como en el caso de Dimar Torres Arévalo, que fue emasculado, torturado, violado y luego asesinado por un suboficial del Ejército colombiano.
Todo hubiese quedado oculto de no ser por la intervención de la comunidad del Catatumbo que se organizó al ver que Dimar no regresaba a casa. Se percataron de que era el Ejército quien tenía el cuerpo y ya habían cavado una tumba para desaparecer todo rastro de su ser.
Hoy, gracias a la ayuda de la comunidad del Catatumbo, el Ejército está siendo investigado y los ojos de la comunidad nacional e internacional están puestos sobre esta institución para que la política de las ejecuciones extrajudiciales no vuelva a golpear nuestro territorio y a las comunidades más vulnerables.
Colombia está en un limbo en el que no sabemos si van a exterminar al partido naciente de las Farc, como sucedió con la Unión Patriótica (UP): más de 1500 personas pertenecientes a este partido fueron asesinadas bajo la mirada cómplice del Estado.
Dentro del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de Éver Veloza, alias ‘HH’, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, “la magistratura aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP fue un genocidio político”.
Y así lo reconoció Juan Manuel Santos en el 2016:
“Quiero hoy expresar en este acto público, como presidente de la República y como Jefe de Estado, que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”.
Así lo dijo Santos ante cerca de 200 personas, entre líderes de ese movimiento político y sobrevivientes del genocidio.
La pregunta que queda por hacer, después de que ya van 135 excombatientes de las Farc asesinados es si les va a pasar lo mismo que les pasó a los 1500 miembros de La Unión Patriótica (UP).
Fotografía cortesía de: Pacifista
