Debieron pasar 27 años desde la promulgación de la Carta Política de 1991 y que firmara el tratado de paz con el que se puso fin al conflicto armado entre el Estado y las Farc, para que la restringida y formal democracia colombiana pudiera ofrecer y exhibir un Estatuto de la Oposición; eso sí, un estatuto a la medida del régimen democrático y de acuerdo con la empobrecida cultura democrática que por años han activado quienes al triunfar en las elecciones, saben que se trata de una victoria que otorga derechos ilimitados, que terminan aplastando a todo aquello que huela a crítica y a oposición política.
A pesar de todo, es un logro del proceso de paz adelantado en La Habana y un reto cultural tanto para el Establecimiento, como para aquellos que harán oposición. Eso sí, no será fácil garantizar los derechos a aquellas fuerzas políticas que abierta y formalmente se declaren en oposición al gobierno de Iván Duque, en lo nacional, y a todos los gobiernos en los ámbitos regional y local que se elegirán en el 2019.
Que el Estatuto de la Oposición es un pequeño avance, por supuesto. Que se pudo lograr más, también es cierto. Pero hoy es una realidad y lo que realmente queda es aprovechar su existencia y potenciar a las fuerzas políticas que decididamente se instalen en esa acción y actitud política, que claramente deberá beneficiar a la democracia, a la opinión pública y a la sociedad en general.
Eso sí, hay factores, actores y circunstancias contextuales que harán difícil la tarea a los partidos y a los grupos y movimientos sociales con vocación política que se declaren en oposición. En primer lugar, la baja cultura política, la debilidad manifiesta de los partidos políticos, el empobrecimiento de la Política, no pensada y asumida por los políticos profesionales como el mecanismo o el camino para alcanzar el bienestar de la sociedad y la felicidad de los individuos.
Se suman, el ethos mafioso que se entronizó en el país a partir de 2002 y, con este, las prácticas corruptas de funcionarios estatales y agentes privados que, en contubernio, han cooptado y capturado el Estado para garantizar sus mezquinos intereses y los de la clase dirigente (empresarios, industriales y banqueros) que los patrocina y sostiene; extienden la lista, la posibilidad de que los opositores sean asesinados por las sempiternas “fuerzas oscuras”, instaladas y promovidas por ese “Doble Estado”que existe en Colombia. Así las cosas, es posible que a los crímenes de reclamantes de tierras, de defensores del medio ambiente y recientemente, de líderes y lideresas que acompañaron la campaña presidencial de Petro, se sumen los de aquellos que se declaren en oposición política.
Además de lo anterior, la Oposición necesitará de una institucionalidad que garantice su operación y sus derechos. Y es claro que subsiste, a todo nivel, una débil institucionalidad que hace que los procedimientos terminen reducidos a los caprichos de un mando medio que suele entorpecer las decisiones, los consensos, las garantías y los derechos consagrados en las leyes.
Por ese camino, no bastará con que exista una norma que dé vida y garantías a la oposición política en Colombia. De allí que huelga recordar al pensador Gianfranco Pasquino, quien señaló en su libro La oposición, que “cuando el país tenga una vida social dinámica y competitiva, hecha de un pluralismo asociativo amplio y articulado, no sometido a los partidos, su oposición social será fuerte y vigorosa. Finalmente, si el país dispone de un sistema institucional bien trabado, dispondrá también de una oposición parlamentaria capaz de cumplir con eficacia su cometido control, crítica y propuesta. Y si el poder político está distribuido <<por las ramas>> y no concentrado en las cimas político-burocráticas, la oposición estará también en condiciones de gobernar algunas autonomías locales, liberar sinergias y entrar en una competición de resultados no establecidos previamente, aunque desequilibrada de partida, con la capacidad y el rendimiento del gobierno nacional. Como es lógico, la oposición resulta eficaz y se convierte en alternativa concreta allí donde consigue una presencia social, una difusión cultural y un papel político-parlamentario… Cuando el país cuente con un sistema de medios de comunicación libres, independientes y profesionalizados, su oposición cultural encontrará espacios para expresarse, instrumentos para comunicar y vehículos para informar”[1].
Frente al papel de los medios, hay que decir que en Colombia la Gran Prensa es afecta, cercana e incondicional al Régimen y sus periodistas suelen comportarse como agentes incorporados y canales legitimadores. Será un reto político y periodístico cumplir con lo estipulado en la ley. Los periodistas deben asumir el derecho a la réplica más allá del principio periodístico que es connatural al ejercicio de informar. Lo deben asumir como la oportunidad de encontrar y esculcar, con criterio, las razones por las cuales el régimen miente, difama y confronta a la Oposición.
Sea esta la oportunidad para cambiar la cultura política en Colombia, en especial, tratar de proscribir las prácticas mafiosas que de tiempo atrás se naturalizaron.
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[1] Pasquino, G (1998). La oposición. Ciencia Política. Alianza editorial. España. págs. 34-35.
Imagen tomada de Politique – ECS Paris
