Es bien conocido que en más de una ocasión el uribismo se ha mostrado en desacuerdo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz tachándola de ineficiente e inútil para el esclarecimiento de la verdad. Así se ve en el anuncio de Álvaro Uribe Vélez el pasado 21 de febrero en El Espectador, «nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la JEP pero, ante los hechos, lo que hemos procurado es que haya algunas reformas”, y más aún en sus tweets del 18 de febrero donde exponía que ‘lo mejor’ para la JEP era ‘eliminarla’.
Dado lo anterior, el domingo 10 de marzo del presente año, el presidente Iván Duque presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 6 objeciones que crearon polémica al ser tachadas de ridículas e incluso inconstitucionales. Las respuestas de la oposición no se hicieron esperar al sacar un video en el que explicaban la gravedad de que estas objeciones fueran aceptadas en el congreso ya que, tal como afirmó la senadora Juanita Goebertus Estrada en vocería de la oposición el pasado 12 de marzo, “las 6 objeciones del presidente implican en la práctica desacatar una sentencia de la corte constitucional” y “nadie está a salvo si ante la decisión de la corte constitucional el presidente de la república puede tomar la decisión de no acatar”.
Sin embargo, el problema no solo reside en este aspecto, sino que igualmente se aprecia en el estancamiento de los procesos que ya ha empezado la JEP y se les ha dado poco cubrimiento. Según un artículo publicado por el proyecto periodístico Colombia 2020 de El Espectador, las objeciones del presidente “paralizan de momento la aplicación integral de la ley estatutaria, que detalla y aclara los procedimientos de este tribunal especial”.
Actualmente la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, cuenta con 7 casos abiertos donde el primero trata de la retención ilegal de personas por parte de las FARC – EP (secuestro), y cuenta con 4 autos que avocan la investigación a la JEP, llama a diligencias voluntarias, corrige un numeral de otro auto, y resuelve recursos de reposición. Por el momento no hay sentencias pero mucho menos las habrá si siguen obstaculizándola con objeciones que, según Goebertus, se trata de “preguntas jurídicas que una por una ya fueron resueltas en todos los casos por la corte constitucional”.
Otro caso a revisar es la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) que cuenta únicamente con un auto que avoca el conocimiento del caso y fue expedido el 26 de febrero del presente año. No obstante, cabe preguntarse qué implicaciones tienen las acciones del gobierno frente a la desconfianza que experimentan las víctimas y que se ve afectada como sucedió recientemente gracias al nombramiento de Rubén Darío Acevedo al frente del Centro de Memoria Histórica.
Es así como las víctimas de Bojayá y del genocidio de la UP decidieron retirar sus respectivos archivos ya que, como bien afirmó Aida Avella presidenta de la Unión Patriótica, en un artículo publicado por Caracol: “no confiamos en él, por eso vamos a retirar. No merece ningún grado de confianza de parte de los militantes de la Unión Patriótica”. Hay que recordar que Acevedo declaró el 2 de febrero de este año en El Colombiano, que “aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”.
Es normal que las víctimas de lesa humanidad tengan recelo ante los organismos del gobierno, más cuando quien debe velar por la historia hace tales declaraciones, pero cabe resaltar igualmente que el genocidio de la UP se dio hace más de 30 años y así como un artículo de Semana del 2012 postula, han pasado más de 25 años y el magnicidio de Jaime Pardo Leal (candidato presidencial y dirigente de la UP) sigue en la impunidad, 7 años más tarde la situación apenas ha variado.
El mismo artículo afirma que todos sabían que sus días estaban contados: su familia, la Unión Patriótica, el país, los periodistas y hasta él sabían que lo iban a matar y aun así en octubre de 1987 fue inevitable.
Incluso los familiares de las víctimas decidieron dirigirse a organismos internacionales con la intención de que se les reconociera la vulneración de sus derechos como fue el caso Cepeda Vargas vs. Colombia dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 26 de mayo del 2010 declaró por unanimidad que “el Estado violó los derechos a la vida e integridad personal, (…) en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas”, y además “violó los derechos a la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos”. Sin embargo, los familiares de la mayoría de las 3000 víctimas estimadas, no tienen esta oportunidad y entre la obstaculización de la JEP y el retiro de los archivos en el Centro de Memoria Histórica, siguen quedando en el olvido.
Por último, es importante recalcar igualmente el tratamiento que se le da al hecho en textos escolares ya que influye en la memoria nacional de las futuras generaciones. Un estudio realizado en 2015 en la Universidad del Rosario por Juan David Díaz Rodríguez, titulado El genocidio de la U.P: Una reflexión sobre el concepto de oposición en los textos escolares de bachillerato, revisó dieciocho (18) textos escolares, de editoriales como Norma, Santillana, Editorial Educativa y Voluntad entre otras, y solamente en tres de estos encontró mención alguna a la Unión Patriótica y su mención se limitó a darla como un partido político con candidato propio para las elecciones presidenciales de 1986 y 1990. Es necesario preguntarse entonces si la situación ha variado, en primera medida, y si lo ha hecho a favor o en contra del reconocimiento del genocidio a la U.P.
Foto cortesía de: KienyKe
