Durante los 50 años de conflicto armado interno[1] entre el Estado y la guerrilla de las Farc-Ep[2], se consolidó la idea de que Colombia no alcanzaba niveles constantes y óptimos de crecimiento económico y desarrollo, justamente, porque se debía enfrentar a ese “enemigo interno”, lo que suponía un esfuerzo militar y económico y por supuesto, institucional desde la perspectiva política, para lograr imponerse y someter, militar y políticamente a dichas fuerzas subversivas.
Adjunta a esa idea gravitó otra que advertía como obstáculo histórico para que el Estado colombiano fuera considerado moderno en el sentido planteado por el proyecto de la euro modernidad, su evidente debilidad, manifiesta en su no presencia hegemónica a lo largo y ancho de su territorio.
Estas dos ideas fueron sumándose a lecturas académicas, circunstancias y hechos, dando lugar a una tesis que indicaba que el origen mismo del conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas se dio y se mantuvo por más de 50 años, por la nula presencia del Estado como un tipo de orden capaz de guiar y controlar la vida de sus habitantes.
Si hoy, gracias al proceso de paz de La Habana, la guerrilla más grande del país (las Farc-Ep) ya no existe como tal[3], en qué radican las dificultades institucionales para lograr que el Estado cope el territorio nacional y por esa vía someta, en beneficio colectivo, a aquellas fuerzas y actores que insisten en actuar en contra de o de forma paralela al Estado formalmente establecido (paraestados). Es decir, después de la salida de los combatientes de las Farc de los territorios en los que hacían presencia militar, para concentrarse en las zonas de verificación, proceso que completa 18 meses, ¿por qué no se ha construido Estado, sociedad y mercado en aquellos lugares?
Más allá de las discusiones de si el Estado es una especie de “artefacto portátil” que se lleva y se instala en determinado territorio y de las dificultades que subsisten para que su operación sea efectiva y perenne en el tiempo, hay una verdad inocultable: el Gobierno de Santos no pudo, en nombre del Estado y Juan Manuel Santos como jefe de Estado, lograr que la institucionalidad estatal llegase a los territorios que las Farc abandonaron gracias a que se puso fin al conflicto armado interno.
Para explicar la no presencia del Estado en los señalados territorios ex farianos, propongo la siguiente tesis: subsisten dentro del Estado mismo, el Gobierno actual y al interior de lo que se llama el Establecimiento, poderosos actores económicos, políticos y sociales que luchan contra la institucionalidad que busca, desde una aceptada noción de Estado, expandir y asegurar la presencia estatal hegemónica.
Dichos actores, conectados interesadamente con fuerzas ilegales (narcotráfico y todo tipo de actividades mafiosas como contrabando), presionan y hacen ingentes esfuerzos para que no se diseñen e implementen acciones y políticas públicas tendientes a edificar y garantizar la presencia y la operación de un Estado desde la concepción moderna.
Igualmente, aparecen los intereses particulares de ganaderos, latifundistas y filiales de multinacionales a las que les conviene, hasta cierto punto, que el Estado se mantenga ausente, débil o proclive a ofrecer todo tipo de garantías a inversionistas solo interesados en aprovecharse de la labilidad estatal y de las oportunidades que ofrecen las tierras que fueron liberadas de las Farc-Ep.
Lo dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, confirma la penosa situación que afrontan cientos de miles de colombianos que en particulares territorios, viven a pesar de la No presencia del Estado, o de su presencia debilitada.
Dijo Antonio Guterres, en el marco de la evaluación del proceso de implementación del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón entre las antiguas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, “acelerar el proceso de presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional (…) para terminar la dualidad entre una Colombia próspera, útil y desarrollada y una Colombia periférica, marginada, donde el Estado está muy débilmente presente y donde las comunidades no tienen acceso a las ventajas del desarrollo económico y tecnológico”. Pero puntualizó que tal presencia no es solo para garantizar seguridad, sino también para promover el acceso a servicios públicos, a la salud, a la educación y “para solucionar problemas muy antiguos, como los ligados a la tierra, para mejorar las condiciones de la población”[4].
Sin duda, es importante la crítica y el llamado que hace el Secretario General de las Naciones Unidas al actual Gobierno de Colombia para que en el poco tiempo que le queda al frente del Estado, intente por lo menos dejar acciones y decisiones institucionales que pueda recoger el próximo Gobierno y que conduzcan a la consolidación del Estado como un orden moderno. Pero no será fácil, porque en Colombia hay “un doble Estado”: uno que actúa inmerso en la ilegalidad y otro que le permite a determinados actores de poder no solo fungir como Estado, sino aprovecharse de una debilidad auto inducida.
El presidencialismo y el ejercicio mismo de la política son un factor claro que impide la consolidación[5] del Estado como un orden justo, legítimo y perenne a lo largo y ancho de sus fronteras internas. El débil sistema de pesos y contrapesos, consecuencia de la acción clientelista de congresistas, ministros y presidentes, aporta significativamente a extender en el tiempo la presencia no hegemónica del Estado o que se considere como un “Estado en construcción”.
Pedro Medellín lo señala de esta manera: “aunque ofrezca lo divino y lo humano en la campaña electoral, por más que se comprometa con la salud o la educación, al próximo presidente le va a tocar la tarea más relevante y decisiva: restablecer el orden constitucional que, en solo 25 años, un gobierno tras otro, han destrozado. Y no lo es por las 54 reformas constitucionales que desde el 18 de agosto de 1993 han ido vaciando la Constitución de 1991. El desafío está, sobre todo, en quitar el piso a las prácticas gubernamentales, legislativas y judiciales que, desde los días siguientes a la expedición de la Constitución de 1991, han ido desmantelando el orden constitucional del país. Me refiero a los centenares de leyes orgánicas y decretos reglamentarios que, desde la Presidencia y el Congreso, se han expedido alterando las reglas del juego constitucional y legal del país. Todo a través de un proceso en que se entregan puestos y contratos a los congresistas a cambio de apoyos a los proyectos de ley presentados por el gobierno ante Senado y Cámara, sin importar si transgredían las normas o no”[6].
Por lo anterior, en varios años el mismo u otro Secretario General de la ONU podrá hacer la misma crítica y el mismo llamado pues el problema de construir Estado, sociedad y mercado no solo pasa por una aún no consensuada y compartida noción de lo que debe ser un Estado moderno, sino que pasa por los mezquinos intereses de élites de poder local y regional que insistirán en mantener una institucionalidad estatal a la altura de sus deseos y negociados. Y todo, porque como sociedad permitimos la entronización del ethos mafioso que guía la vida de los funcionarios públicos y la de los agentes privados.
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[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/10/el-proyecto-politico-de-las-farc.html
[3] Aunque mantienen la misma sigla, hoy existe la Farc: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/09/por-german-ayala-osorio-comunicador.html
[4] Tomado del diario El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/paz/antonio-guterres-manifesto-su-preocupacion-por-atentados-del-eln-articulo-733364
[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2012/04/quien-la-conviene-la-debilidad-del.html y http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2012/04/quien-le-conviene-la-debilidad-del.html
[6] Tomado de la revista Semana http://www.semana.com/opinion/articulo/pedro-medellin-opinion-que-le-espera-al-proximo-presidente/553385#
