Columnista:
Germán Ayala Osorio
Como forma de dominación, el Estado moderno es una realidad política de carácter planetario, pero también, un universal sobre el que suelen recaer responsabilidades cuando alguno de sus operadores falla o comete un delito. Cuando eso último sucede, el carácter simbólico y fantasmagórico que acompaña a la naturaleza del Estado, aparece para evitar que las sentencias de los jueces (también operadores y legitimadores de este) se cumplan con todo rigor, o para hacer lo mismo con las exigencias de víctimas y victimarios de que se castiguen a específicos operadores estatales.
Recientemente el criminal paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que «la omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió».
Ya el Estado colombiano ha sido varias veces sancionado política, fiscal y moralmente por propios jueces de la República e, incluso, por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por masacres perpetradas por guerrilleros y paramilitares, en contubernio con militares; y, también castigado por delitos graves cometidos, por ejemplo, contra periodistas como el caso de Jineth Bedoya, violada por paramilitares en complicidad con agentes estatales.
Con todo y lo anterior, hemos construido y naturalizado la operación de un Estado asesino, tal y como lo reconoció el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esa constatación nos debe avergonzar a todos, pero al momento de las condenas proferidas por los jueces, el establecimiento de las responsabilidades se convierte en un proceso largo y tedioso para las víctimas que esperan justicia; y para los victimarios, en el mejor argumento para justificar sus fechorías y evitar asumir responsabilidades directas por haber, en el caso de ‘Jorge 40’, conformado y liderado estructuras criminales para dar rienda suelta a sus propios deseos y consolidar el proyecto político, social y económico que desde el establecimiento colombiano se orientó para someter a campesinos, afros e indígenas, elevados a la condición de ciudadanos premodernos y, por lo tanto, enemigos de los intereses de una élite con toda la capacidad para mover a su favor las fuerzas represivas y coercitivas del Estado.
Pierre Bourdieu sostiene que el «Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes» (p.16). Si acogemos la sentencia del reconocido autor francés y anclamos su sentido a lo expresado por el confeso y condenado criminal paramilitar, alias ‘Jorge 40’, entonces, la operación paramilitar estuvo por largo tiempo fundada en atacar política y militarmente al viejo espectro ideológico llamado «comunismo».
Por esa vía argumental, la responsabilidad penal y política por los crímenes cometidos por las AUC la deberían asumir todos los políticos, jueces, periodistas, militares, policías, sacerdotes, artistas, estudiantes, profesores, rectores de universidades y empresarios que usaron la lucha contra el comunismo o recientemente el «castrochavismo» para perseguir, estigmatizar y aplaudir el asesinato de todos aquellos que simpatizaran con ideas socialistas (comunistas) o que simplemente se atrevieron a criticar a la élite dominante.
Y aunque todos hacemos parte del Estado y contribuimos a diario a su legitimación, las responsabilidades directas por las graves violaciones de los DD. HH. perpetradas por militares y paramilitares las deben asumir, directamente, los miembros del establecimiento colombiano. Por supuesto que todos somos responsables de lo acontecido, por acción u omisión, pero sobre todo, por no alzar la voz al momento en el que los líderes y patrocinadores del paramilitarismo en Colombia se hicieron con el Estado, para gobernar con el ánimo de asesinar y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente.
Alias ‘Jorge 40’ tuvo la opción de haber tomado otro camino en su vida. Eso sí, su decisión, a todas luces inmoral, se explica porque nació en un territorio en el que opera, de tiempo atrás, un orden criminal que él mismo llama Estado.
