Columnista:
Germán Ayala Osorio
Sacar de las cárceles a los jóvenes de la «Primera Línea» es un compromiso político-electoral de sectores del Pacto Histórico que reconocen que, en parte, el triunfo de Petro está anclado a las movilizaciones y a la violencia desatada durante el estallido social. La propuesta de un «perdón presidencial» no es de buen recibo en sectores de la oposición por cuanto no asocian los desmanes cometidos por los muchachos con la motivación política que estuvo detrás de las movilizaciones en el marco de dicho estallido. Quienes así piensan, son los mismos que defienden la tesis negacionista del conflicto armado y niegan el estatus político de los actores armados que participaron de las hostilidades, incluido, por supuesto, el Estado.
Proponer una conexidad entre atacar estaciones de buses, romper semáforos, quemar llantas y afectar la movilización de cientos de miles de ciudadanos y la política, entre otros hechos, nos llevaría a aceptar otras formas de expresión del delito político y de la política, lo que a su vez nos convocaría a revisar los alcances y los límites de la protesta social, así como las respuestas que en adelante podrían darse desde el Estado.
El reconocimiento de esa conexidad no significa que las expresiones y acciones propias de la violencia directa (Galtung) se validen como únicos recursos para manifestarse. Al otorgarle un ropaje político a los jóvenes de la «Primera Línea» se estaría no solo legitimando la protesta social, constitucionalmente garantizada, sino también exponiendo a las múltiples expresiones violentas del Estado, del régimen de poder y de una parte de la sociedad, como acciones de provocación.
Así, tendríamos que aceptar que tanto el Estado como la sociedad promueven y naturalizaron formas de violencia estructural y cultural (Galtung), a las que respondieron los muchachos y muchachas que se agruparon en la «Primera Línea».
Insistir en solo reconocer las violencias de un lado empobrece la discusión y pone obstáculos a las salidas jurídico-políticas que están esperando los jóvenes que hoy están presos y procesados por lo ocurrido durante las movilizaciones de 2021. Hemos construido una sociedad y un Estado violentos. Las reacciones de los estudiantes y de todos los que participaron de las refriegas son fruto de un régimen social, político y económico violento con los más pobres y vulnerables, porque viene operado por una élite que a pesar de estar asociada con mafias de todo tipo, sus miembros insisten en promover unos niveles de pulcritud que derivan en acciones de disciplinamiento social.
Por ello, jamás aceptarán daños materiales al mobiliario urbano y menos provocado por jóvenes miserables, resultantes de su clasismo y racismo. Para los miembros de esa élite someterse al orden establecido no significa reconocer contrato social alguno. Por el contrario, si algo han sabido negar durante años es la existencia y la necesidad de operar, en lo privado y en lo público, en el marco de un contrato social.
Así que, bienvenida la discusión en torno al carácter político de las movilizaciones sociales y, por esa vía, la búsqueda de un perdón político a quienes, cansados de la exclusión sistémica, promovida por una élite mezquina, mafiosa y corrupta, se levantaron violentamente para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Si se llega a dar esa lectura política y la entrega del estatus político a los de la «Primera Línea», de inmediato el Estado asume la tarea de modificar sustancialmente sus expresiones de violencia estructural (el modelo económico) y cultural (el modelo de sociedad). Quizás eso se pueda lograr durante este Gobierno, pero una vez la derecha recupere el poder político y el dominio del Estado, sus principales representantes insistirán en consolidar el carácter violento del modelo económico y el de una sociedad orientada por el clasismo y el racismo.
