Antes de leer este análisis, te recomendamos leer la primera parte: Semana, mediante una empresa cuestionada, invitó con SMS a leer la columna pro Uribe de Vicky, y la segunda: ¿A quién analizará el analizador de la Policía?, a fin de poder entender el patrón de comportamiento visualizado.
Columnista:
Juanita G. Pérez
En la noche del martes 9 de junio la congresista Katherine Miranda publicó un borrador del decreto presidencial en el que se lee que se permitiría la suspensión cautelar de direcciones IP, URL, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
De acuerdo a lo mostrado por Miranda, el artículo 246ª Transitorio señala que durante el término que dure la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional para enfrentar la COVID-19, la Fiscalía General de la Nación —con la supuesta finalidad de garantizar la protección de la comunidad, en especial de las víctimas— tendría la posibilidad, previa solicitud ante un juez de Control de Garantías, de suspender de forma inmediata direcciones IP, URL, cuentas de correo electrónico, o perfiles de redes sociales o cualquier mecanismo de mensajería instantánea vinculadas a un delito investigado.
De acuerdo con el periodista de La Silla Vacía, Carlos Cortés, la medida era el artículo único de un decreto que fue originado en el Ministerio de Justicia, pero que fue detenido y descartado en la Presidencia de la República.
Según Cortés es una medida similar a una incluida en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que presentó el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en 2018 que, según Congreso Visible, está para tercer debate en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, el mismo periodista señala de que hay un compromiso de un grupo de representantes para que en la próxima legislatura —que comienza el 20 de julio— se radique un proyecto “acorde con la visión de política criminal” del fiscal Francisco Barbosa.
Cortés advierte que el hecho de que en Presidencia hubiesen parado ese proyecto de decreto no es garantía de que no se vaya a efectuar posteriormente, ya que ambos proyectos —el de Martínez y el que sería moldeado por Barbosa— siguen su curso en el Congreso.
Esta vez masticaron la idea de meter la regulación por la puerta de atrás. Los decretos extraordinarios de la Presidencia en tiempos de pandemia son una caja negra, dijo Cortés en Twitter.
A esta enrarecida situación se suma un contrato que la Fiscalía General de la Nación desea celebrar para Realizar el monitoreo diario y el análisis de noticias de la Fiscalía General de la Nación, publicadas en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y las redes sociales a nivel nacional.
El contrato causa curiosidad porque este tipo de tareas son una medida tomada principalmente por las empresas privadas o los partidos políticos para medir el nivel de aceptación que las notas de prensa que hacen referencias a ellas tienen dentro del público, situación que a todas luces está por fuera de los estamentos de la Fiscalía… A no ser que el “amiguis” Barbosa haya convertido a la Fiscalía en una plataforma política que busque el “cariño” y la aceptación de la gente y no nos hayan avisado.
Además, el asunto del contrato deja abierta la posibilidad de que no solo se evalúe en redes sociales el desempeño de las notas periodísticas sobre la Fiscalía, sino que también hace posible que se pudiese “perfilar” y hacer seguimiento con datos abiertos de quienes critiquen —en los comentarios de redes sociales principalmente— dichas noticias del ente investigador, lo que a la postre los convertiría en “víctimas” del decreto que no fue pero que será.
¿O será que ya estamos muy paranoicos?
