Lo que sucede en el Congreso de la República es vergonzoso, es infame. Ante el ausentismo en el Senado para votar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): nueve liberales, siete de la U y siete conservadores; el Procurador General, Fernando Carrillo, tuvo que advertir a los senadores de investigaciones disciplinarias por no cumplir con sus labores en el Congreso para que fueran a votar el proyecto de Ley. Una situación parecida a la que se vivió en Cámara de Representantes de parte del presidente de la corporación, Rodrigo Lara, quien dilató la discusión y votación de la Reforma Política.
Como si sus altos salarios por su mediocre trabajo no fueran motivo de indignación para los colombianos, la falta voluntad política de los congresistas para auto reformarse y los mecanismos de extorsión hacia el Gobierno Nacional pululan en las plenarias y en las comisiones. Luego de 7 sesiones y 4 semanas, hasta el día 15 de noviembre el Senado aprobó la estatutaria de la JEP, con 12 congresistas impedidos para votar por vínculos con paramilitarismo o hechos relacionados con el conflicto armado. Eso sí, con una serie de modificaciones que hacen trizas la JEP y el derecho de las víctimas a ser reparados, a obtener la verdad y a recibir justicia.
Lo de la JEP no tiene ningún asidero jurídico ni constitucional en lo que quedó aprobado en el Senado. Y lo que sigue en Cámara de Representantes es una bajada en picada por un barranco que está pavimentado por un tinte totalmente político. Nada de jurídico. La presión de los partidos Conservador, Cambio Radical y Centro democrático, hicieron de la JEP la instrumentalización misma del olvido y la violencia sin fin en Colombia.
Es inaudito que los compromisos del Gobierno con la paz estén basados en excusas, improvisación y negligencia; pero más inaudito aún, es que para la aprobación de la normatividad que da sustento a los compromisos adquiridos en el Acuerdo, el Congreso se haya dedicado a extorsionar al Gobierno con el cuncho de la mermelada que le queda. Mermelada amarga, venenosa y empobrecedora.
La estatutaria de la JEP se resume en 3 proposiciones que son la espina dorsal del articulado. Artículos que reflejan lo que yo he denominado la “JEPpolítica”, un instrumento que, en vez de dar justicia, verdad, reparación y no repetición, se convierte en la prueba fehaciente de la politiquería en este país. Vamos por partes.
En el artículo 100, se aprobó la adición de un parágrafo en el que se crea un régimen de inhabilidades para los magistrados recién elegidos por el Comité de Escogencia. Dentro de las limitaciones más álgidas está que quienes se vayan a posesionar, durante los cinco años anteriores, no hayan ejercido la representación judicial o administrativa de actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o a entidades que hayan ejercido dicha representación. Tampoco, quienes hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, al DIH o al Derecho Penal Internacional, o quienes hayan tramitado acciones ante sistemas o tribunales internacionales. Es decir, la mayoría de los recién escogidos.
Sin duda alguna, el Gobierno tuvo que ceder a los intereses de los partidos “opositores” por la censura que buscan hacer de magistrados elegidos, como Rodolfo Arango y Sandra Rocío Gamboa. Sin embargo, este régimen de inhabilidades podría ser declarado inconstitucional por la Corte. Pero hasta no tener este último concepto la pregunta es ¿Se convocará, otra vez, un Comité de Escogencia? ¿Si no están magistrados que tengan cercanía con el conflicto armado y con las víctimas, entonces quiénes deberán conformar los tribunales? ¿Jaime Lombana, Jaime Granados, Abelardo de la Espriella?
El segundo artículo que da una estocada brutal a la JEP es el 70. Allí, aunque se establece el fuero especial con el que cuentan los presidentes de la República; es decir, que no harán parte de la JEP, se adicionó que el régimen de investigación de la JEP se limite a lo que dictamina el artículo 235 de la Constitución Política.
En otras palabras, extender el fuero a los agentes del Estado y, excluir de las investigaciones a los magistrados de las altas cortes, congresistas, el Vicepresidente, Ministros, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, directores de los departamentos administrativos, el contralor general, embajadores, gobernadores de los distintos departamentos del país y generales y almirantes de la Fuerza Pública. En efecto, la “JEPpolítica” excluyendo a muchos agentes del Estado que cometieron masacres, fueron cómplices o auspiciaron hechos aberrantes durante el conflicto armado.
Como si lo anterior no fuera poco, la Corte Constitucional decidió que, contrario a lo pactado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, los terceros civiles que deben responder por esos delitos no podrán ser llamados a la JEP y sólo comparecerán de manera voluntaria. Este es el tercer punto que da muerte a la JEP.
Con base en la Corte, solo serán juzgados los ex combatientes las Farc y los integrantes de la Fuerza Pública que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un espaldarazo a políticos, empresarios y civiles que no van a reparar a sus víctimas, que no contarán la verdad, pero, sobre todo, que no estarán obligados comprometerse con la no repetición.
Una puerta abierta para que terceros involucrados con el narcotráfico, el lavado de activos y despojadores de tierra, sigan acentuando otras causas estructurales de la violencia en el país.
El Congreso está haciendo trizas los compromisos legislativos de la normatividad para cumplir el Acuerdo de Paz, y re victimiza de forma descarada y sinvergüenza. Lo de la participación política de la FARC no era más que un exabrupto para imponer la “JEPpolítica”. Para los que dicen que van a “vencerlos en las urnas” no pueden ser más miopes porque su manipulación y manipulados no se los permite.
Así como lo mencioné en una entrevista la semana pasada, la FARC no tiene músculo electoral, porque los municipios donde tienen presencia “primero, son de categoría 6, es decir que su capacidad fiscal y tributaria es muy débil; y segundo, no superan los 100 mil habitantes”. Mientras tanto, la “JEPpolítica” está arrasando con la posibilidad de una paz verdadera en Colombia, así como arrasará con mentiras en las urnas en 2018.
Qué tristeza!. Yo le di mi voto al Sr. Rodrigo Lara porque creí que en su calidad de víctima por la muerte de su padre estaba allá haciendo las cosas bien. Hoy me arrepiento.!, no solo no hizo las cosas bien, sino que como cualquier politiquero de antaño, se dedicó a «procastinar» (buscar excusas para no hacer) y enlodar lo que ha debido ser una JEP restauradora de la ofensa y abandono en que han estado las verdaderas víctimas del conflicto (nuestros campesinos e indígenas). Como ellos no tienen voz ni cuentan con alguien q los represente en el congreso, no pasa nada. Será que seguimos creando el ambiente para que otra guerrilla se apodere del inconformismo y sigamos en esta ridícula violencia de la que ahora estamos saliendo?.