Columnista:
Daniel Suárez Montoya
La ciudadanía es responsable de ejercer control político sobre las autoridades estatales que, no sobra decir, siempre deberán estar orientadas al servicio público. Las instancias de gobierno más reconocidas son aquellas derivadas de la elección popular o el voto. En el ámbito local, los ediles, el alcalde, y los miembros del concejo, por ejemplo. Hoy quisiera hablar del Concejo de Medellín, un órgano colectivo que tiene por fin planificar y ejecutar acciones en beneficio de la sociedad de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1991. En las sesiones del Concejo se habla de todo: medio ambiente, seguridad, equidad de género, etc. Todo tema que sea considerado de interés público cabe en los escenarios de deliberación del Concejo.
Una de las razones que sustentan entes como el Concejo en regímenes democráticos es la garantía de la amplia participación ciudadana en los procesos de decisión pública. Ahora, esta idea democrática tiene en sus cimientos los ideales republicanos: el rechazo a las pautas de dominación y la defensa de las libertades sociales, políticas, económicas y culturales; cuestiones que construyen la ciudadanía (y con ello la ciudad). Lo ideal sería que el Concejo de Medellín se suscribiese a ese ideal político deliberativo donde se viesen representados diferentes posturas y actores con argumentos racionales para la toma de decisiones. Eso, sin duda, sería hermoso.
Lo feo es que la realidad no se ajusta al ideal democrático deliberativo. La desconfianza hacia las instituciones estatales se acrecienta con las barreras de acceso ciudadano a los escenarios de toma de decisiones. En el Concejo de Medellín, algunos de sus integrantes parecen estar atornillados a su silla de poder (inoperante). Algunos ejemplos de ello son: John Jaime Moncada (en cargo desde el 2001); Aura Marleny Arcila (desde 2004) y Fabio Rivera (desde 2003). La pregunta es: ¿Cuántos gobiernos locales han integrado y cuáles han sido sus propuestas? ¿En qué territorios se les reconoce como líderes políticos y servidores públicos eficientes? No tengo respuesta para ninguna de estas preguntas, pero me permito hacerlas con miras a enfatizar en la necesidad de lo que John Rawls denominó como el “gobierno por discusión”, caracterizado por la participación, el diálogo, y la constante interacción entre Estado y sociedad.
En el Concejo de Medellín, 21 personas aprueban el Plan de Desarrollo de la ciudad, discuten sobre problemáticas de gran alcance y proponen alternativas. Pero, ¿qué nos encontramos entre esas 21 personas? Gente con desconocimiento territorial, campañas triunfales basadas en la mercantilización de una “figura idónea”, deudas políticas y padrinos enmascarados que definen el rumbo de la ciudad en detrimento de las libertades ciudadanas.
¿Por qué se aferran voces vacías al poder en el Concejo de Medellín? ¿Qué intereses particulares benefician? ¿Acaso no es la administración pública un escenario en defensa del bien colectivo? Un concejal, cuyo nombre no mencionaré, llegó a su cargo para intervenir únicamente en contra de las personas críticas a la administración municipal. Su discurso es tan repetitivo que podría considerarse un acto de persecución política emanado del mismo Estado. Un personaje que, además, solo ha presentado un proyecto de acuerdo con concepto negativo.
Habrá que ponerse franco/as concejales, la ciudadanía lo sabe: es poco lo que muchos de ustedes hacen, financiados por el trabajo arduo de cada persona de esta ciudad.
Entre todo esto, surge una tarea para la ciudadanía: el ejercicio del control político sobre servidores públicos. La presión política de la sociedad civil debe servir como destornillador para quienes se aferran al poder. ¡Ojo al Concejo de Medellín! La ciudad tiene múltiples problemáticas e ideas plurales que deben tener representación en el Concejo. No olvidemos que la autoridad democrática es legítima para quien la ejerce recorriendo y escuchando la ciudad. Por ahora, Medellín se queda en sus muchas voces atornilladas.
