Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Estaba en mora de escribir sobre los últimos sucesos del país. Esperaba que la situación mejorara, pero la orden del presidente Duque impartida a la fuerza pública el domingo en la noche, a pesar de indicar, como siempre lo ha hecho de dientes para afuera, estar abierto al diálogo, consistente en desplegar la máxima capacidad operacional para permitir a los ciudadanos recuperar la movilidad y el bienestar, significa que la solución a las demandas sociales en el país más desigual de América Latina, donde el acceso a la educación y la salud se encuentran bastantes limitados, según el índice de desarrollo regional de América Latina[1], no es la prioridad y que la represión seguirá siendo la constante.
De las intervenciones tanto del presidente de la República como del ministro de Defensa Nacional, se advierte que la estrategia es satanizar la legítima protesta social y convencernos de que todo se reduce a actos de terrorismo y vandalismo; lo que «justifica» el uso excesivo de la fuerza, en la mayoría de los casos, y el restablecimiento del orden público con medidas excepcionales. Esa es la finalidad, sin olvidar los réditos políticos con fines electorales que, el año entrante, puede producir para el partido de Gobierno, echarle gasolina a los carbones encendidos y, en pleno incendio, presentarse como la única alternativa capaz de imponer autoridad y orden.
De la maximización de los hechos vandálicos se han encargado también ciertos medios tradicionales, pero, afortunadamente, los medios internacionales, los alternativos en nuestro país, como este para el que escribo, y las ONG de derechos humanos, nos han mostrado la verdadera dimensión de lo que ocurre en Colombia. Precisamente, la organización Temblores, documentó entre el 28 de abril y el 17 de mayo de 2021, 2387 casos de violencia policial, entre estos, 43 homicidios, 384 hechos de violencia física y 18 hechos de violencia sexual.[2]
Esto es muy grave en un país que se dice democrático, pues son las autoridades del Estado las que tienen el deber de proteger la vida de las personas y garantizar sus derechos y libertades, entre otras obligaciones.
Para evitar malinterpretaciones, no se trata de justificar el terrorismo y el vandalismo, sino de poner la atención en lo fundamental, pues las conquistas en la garantía y respeto de los derechos alcanzadas por los pueblos marchantes, históricamente, no han sido el resultado de saludos cordiales o abrazos con el establecimiento, sino de verdaderas y arduas luchas motivadas por la indignación o la rabia, como consecuencia de la precariedad del momento y la falta de políticas económicas y sociales adecuadas, así como de la ausencia de voluntad de los gobernantes.
Es evidente, entonces, que lo importante es la salida concertada o negociada a los bloqueos viales y no la represión. La violencia trae más violencia y las imágenes que se han conocido en las redes sociales sobre los excesos y violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, son el combustible ideal para la revuelta y la reacción severa de quienes reclaman por sus derechos y necesidades.
A su vez, el empecinamiento del primer mandatario de los colombianos en el hecho de que su Gobierno ha sido el mejor de los últimos tiempos, no muestra sino su desconexión con la realidad del país y su terquedad, como se lo dijo una periodista en la última entrevista concedida a Noticias Caracol.
Adicionalmente, el líder vitalicio del partido de Gobierno no plantea una salida democrática, negociada, al conflicto social, sino que aboga por el uso de las armas para defender la integridad, en un país caracterizado por la violencia y al borde del caos generalizado. Y qué decir de los órganos de control que no cumplen su función sino que cogobiernan con el Ejecutivo. La procuradora general de la Nación, publicó en el periódico El Tiempo, el pasado domingo, una columna en la que instruye a la fuerza pública y a los gobernadores y alcaldes, a quienes incluso les pide que si no son capaces de asumir sus responsabilidades, por la situación de orden público en sus regiones, se hagan a un lado y dejen que venga alguien que sí pueda.
Absurda la alternativa del Gobierno nacional para resolver las causas de la protesta social, aupado por algunos órganos de control del Estado. La militarización de las ciudades y el uso de la fuerza no son la solución. La incomodidad o el desabastecimiento transitorios de unos, que sí tienen la manera de satisfacer sus necesidades, jamás será equiparable con la ausencia del Estado en grupos poblacionales que carecen de los medios económicos y asistencia, de manera permanente, para satisfacer sus necesidades alimentarias más básicas, educación, salud, empleo, etc., origen de las marchas y uso de estrategias serias, rígidas o fuertes, como las quieran llamar, para hacerse oír en una país caracterizado por un Gobierno que padece sordera profunda.
[1] El Espectador. Edición digital. Noticias, nacional. 10 de diciembre de 2020.
[2] Información de la cuenta de twitter de Temblores ONG, publicación del 18 de mayo de 2021.
