Columnista:
Andrés Villa
Hay que dejar en claro que la manifestación social es un derecho fundamental estipulado constitucionalmente en el artículo 37, «toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente».
Igualmente, está protegido por la libertad de expresión, artículo 20; el derecho de asociación, artículo 38; participación en el control del poder político, artículo 40; y el derecho a la huelga, artículo 56, esto por mencionar solo algunos elementos.
Es claro que protestar en las calles es totalmente legal, pero además, es un recurso para que el pueblo exprese libremente sus inconformidades con el establecimiento y, por tanto, es un derecho esencial que debe garantizarse en cualquier gobierno que diga llamarse democrático.
Por esta razón, hay argumentos de peso para decir que estamos bajo un régimen autoritario que no respeta ni permite expresiones o pensamientos diferentes a sus ideales, a tal punto que deslegitima la movilización social y respalda cualquier tipo de ataque contra esta.
Por ejemplo, el 8 de septiembre ocurrió la muerte de Javier Ordoñez a manos de miembros de la Policía Nacional. Este es el detonante que intensificó las marchas entre el 9 y 11 de septiembre, en las que, según ONG Temblores, 13 personas fueron asesinadas y más de 200 sufrieron heridas por impacto de arma de fuego de policías que dispararon sin reparo alguno contra la ciudadanía, y además abusaron sexualmente de 3 mujeres en un CAI.
Son increíbles los casos de violaciones de derechos humanos que ocurrieron. Aun así, esta administración uribista envió un claro mensaje de ofensiva contra las marchas y de respaldo hacia la fuerza pública que las arremete:
Primero, el ministro de Defensa, Carlos Holmes, solo pidió disculpas por la muerte de Ordoñez, pero ignoró totalmente los casos de asesinatos, violencia sexual y represión por parte de agentes de la Policía contra los manifestantes que salieron a movilizarse entre el 9 y 11 de septiembre.
Segundo, el pasado 15 de este mes, el presidente Iván Duque, vistiendo una chaqueta de policía, visitó los CAI que fueron incendiados por las personas indignadas. Un claro espaldarazo en defensa de la fuerza pública y otro desplante a las víctimas de brutalidad policial, y sus familiares, que no recibieron siquiera un mensaje del mandatario.
Tercero, el gabinete de Duque ha repetido incansablemente que las movilizaciones fueron infiltradas por las guerrillas del ELN, disidencias de las FARC y vándalos. Este intento de criminalizar la gente que sale manifestar su inconformidad, no es algo nuevo en esta presidencia, pues contra el paro nacional convocado para el 21 de noviembre de 2019, el uribismo salió con el cuento de que era una estrategia, de anarquistas internacionales, del Foro de Sao Paulo para desestabilizar el país. Cualquier disparate pueden inventarse con tal de no asumir que la gente está cansada de la injusticia, corrupción, opresión, desigualdad, entre muchas otras razones.
Cuarto, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ordenó al jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes, pedir perdón por los excesos de autoridad cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, en el paro nacional del 21 de noviembre. Pero, Holmes desafió a la CSJ explicando que ya había pedido disculpas, refiriéndose a su comunicado del 11 de septiembre en el que específicamente habla de la muerte de Javier Ordoñez y no de los abusos solicitados.
Lo cierto, es que, el ministro desacató el falló de la máxima autoridad de la rama judicial, pues el funcionario jamás ha pedido perdón por las violaciones de Derechos Humanos en las protestas citadas por la corte. Una burla total.
Quinto, a pesar de la evidente brutalidad policial sistemática contra las manifestaciones, y de las diferentes iniciativas para realizar una reforma estructural profunda en la Policía Nacional, el propio Duque ha demostrado su nulo interés en este planteamiento.
Sexto, la propuesta del Gobierno para la construcción del protocolo de marchas que pidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es simplemente contrario al derecho de las y los colombianos de salir a expresar su indignación.
La Presidencia sugiere cosas tan absurdas como prohibir el uso de capuchas y exigir a los promotores de protestas pólizas de seguros para cubrir daños. Asimismo, plantea ideas tan peligrosas como brindar autonomía a la Policía, por encima de las alcaldías, para accionar el ESMAD, también, legitima el uso de todo un arsenal de armas no letales, vehículos no tripulados y equipos fílmicos y fotográficos al servicio de las autoridades. Parece una lista de castigos para los manifestantes y de premios para los policías. Desagradable.
Indudablemente, hay un propósito de este régimen por limitar el derecho que tiene la población para salir a las calles de su propio país y expresar sus molestias con sus dirigentes; por esa razón le restan importancia y normalizan los asesinatos de manifestantes, a la vez que protegen y respaldan al escuadrón de opresores.
Pues, Duque, está acorralado por la oposición de los hombres y mujeres que salen al calor de asfalto a demostrar con carteles y consignas su descontento con este Gobierno, comprobando no solo la impopularidad del mandatario, sino el rechazo total de las políticas uribistas que tienen al pueblo sumido en la desesperación y la muerte.
Cabe resaltar que, no es cierto que esta protesta responda al llamado de Petro, de algún otro líder político, o que esté organizada por alguna guerrilla. ¡Basta de mentiras!, es una parte de los colombianos que sencillamente ya no aguanta más ver tanta sangre inocente derramada, corrupción e injusticia.
Son las personas que llevan hace tiempo pidiendo ser escuchadas, pero al ser ignoradas, reprimidas y asesinadas, es apenas lógico que la respuesta sea un estallido social.
Pero el uribismo fascista y autoritario que desafía a las altas cortes y descaradamente concentra el poder con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de bolsillo.
También, señala a los manifestantes de vándalos, terroristas y guerrilleros. De esta forma, legitima la muerte de aquel que decida protestar en las calles. Es notablemente peligroso y amenazante. ¿No es esto acaso lo que sucede en las dictaduras?
