El nuevo rol del estado colombiano permitirá asumir una defensa del postconflicto como la mayor oportunidad para que la inversión social hacia los municipios discurra sin mayores pretextos y argumentos para la guerra.
Depuestas las armas, el tránsito a la vida civil y al ejercicio de la política en los integrantes de las FARC, permiten generar posibilidades para que los territorios, principalmente donde se recrudeció el conflicto armado, apliquen mejor sus estrategias de desarrollo acorde a lo pactado. La visibilización de las comunidades olvidadas y el enfoque de género dado a los acuerdos, permitirán que las víctimas y las mujeres asuman un rol protagónico en la nueva historia que está por escribirse. En este aspecto, no tengo la menor duda: Colombia entera trascenderá hacia nuevos horizontes donde uno de los principales restos es saber aprovechar las oportunidades que se avecinan. Y sucederá gracias a esa generosidad de las víctimas directas de la guerra para comprender y perdonar.
Ante ello, se desprende un hecho relevante: los municipios no pueden ser inferiores al reto que plantea el postconflicto; ya que un estado que aspire a proyectar la descentralización de sus funciones, bajo reglas de buen gobierno, también promoverá estrategias de inversión social aplicada a las regiones, con principios de oportunidad y eficacia.
Ahí es donde básicamente las entidades territoriales deben comenzar a prepararse para no quedar al margen de esta posibilidad y, de paso, converger de una manera efectiva en el cumplimiento de los acuerdos de paz junto a la dimensión que representa para el país la inversión social obligada a cumplir; no solo ahora, sino desde mucho tiempo atrás.
Pero cuidado, las inversiones sociales que traerá el postconflicto requieren de voluntades políticas en el ámbito local; y mucho más que eso, del conocimiento y la atención para ejecutar los lineamientos, afines, contemplados en los planes de desarrollo; estos deberán ajustarse de forma tal que quede plenamente identificada la fuente de financiación, la que deberá fluir con las nuevas reformas gubernamentales esperadas para el cumplimiento de los acuerdos.
El hecho que marcará su aplicabilidad en los territorios, se traducirán en más recursos, y ello amerita avanzar en la actualización de los planes de inversión social ajustada, como una de las principales herramientas de apoyo para los municipios.
Imagen cortesía de: vanguardia.com
Garantizar que los recursos del postconflicto lleguen a los municipios, puede llegar a ser una tarea más fácil de lo que se piensa, siempre y cuando el talento humano avizore oportunidades y no se desgaste pensando de dónde el gobierno sacará dichos recursos para poder cumplir. Esto es un problema que deberá resolverse de alguna manera, y el respaldo internacional hacia la paz refleja una luz; sin embargo, hay asuntos que desde ya se pueden proyectar y organizar casi que con inmediatez, bien sean porque ya venían desde los planes de desarrollo o porque no hay incertidumbre frente a estos. Corresponden básicamente a los de actualización catastral, los proyectos de vivienda, salud y educación en comunidades urbanas y rurales, la promoción de grupos organizados y de líderes transformadores del territorio, y programas de caracterización, entre otros.
Adicional a todo esto, el nuevo rol del estado colombiano permitirá asumir una defensa del postconflicto como la mayor oportunidad para que la inversión social hacia los municipios discurra sin mayores pretextos y argumentos para la guerra.
