El 78% de los 6402 ‘falsos positivos’ se presentaron durante el gobierno Uribe

Columnista:

Germán Ayala Osorio

La cifra que da vida al título de esta columna, simplemente, genera miedo, temor y dolor. Y es la expresión máxima de la degradación de uno de los actores del conflicto armado interno colombiano: el Ejército, en representación del Estado y de la llamada fuerza pública.

6402 civiles, jóvenes todos y varios de ellos con diferentes discapacidades, fueron ejecutados por militares y presentados como guerrilleros-terroristas caídos en combate. Es decir, toda una macabra puesta en escena para cobrar recompensas, recibir bonificaciones, ascensos, permisos y  felicitaciones a los folios de vida de sus ejecutores (sicarios con uniforme) y de quienes les dieron las órdenes. De esa manera, y con la ayuda de medios masivos  y periodistas que se hincaron ante el poder de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, Colombia se convirtió en un enorme teatro de operaciones desde donde no solo se recreaban falsos combates, sino que se enviaban mensajes de que la guerra contra la subversión se estaba ganando. El 78 % de esos crímenes se presentaron durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez. 

Se trató de una lúgubre puesta en escena en la que generales y coroneles ordenaron a sus subordinados cumplir con las cuotas de bajas. Había que producir muertos, exhibirlos, contarlos (body count). No querían detenidos. Solo contar cuerpos. Baste con escuchar el testimonio del excapitán del Ejército, Guevara Cantillo, para entender quién daba las órdenes y quiénes las ejecutaban sin detenerse a pensar un instante. Actuaron bajo los principios y las condiciones de la banalidad del mal que Arendt encontró y descifró en el actuar de Adolf Eichmann, el criminal nazi. Al igual que el tristemente célebre Adolf Eichmann, cientos de héroes de la patria, cumplieron órdenes para mejorar sus condiciones salariales o ascender en la carrera militar. Solo eso.

 Y todo, bajo el amparo de la política de seguridad democrática, el decreto Boina y la Directiva Ministerial 025 de 2009. Con esa parafernalia jurídico-política, militares sanguinarios saciaron la sed de sangre y de venganza (supuestamente, lafar había asesinado a su padre) del entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas. ¡Más y mejores resultados operacionales! gritaba a voz en cuello a través de los medios masivos quien  durante 8 largos y aciagos años fungió como el Ares criollo, para luego auto proclamarse como el Mesías que salvaría a Colombia de las garras de la subversión.

Mientras Ares gritaba ¡avanzar!, sus subordinados, llenos de estrellas en sus charreteras, entendían que había que hacer circular por valles, montañas y humedales, ríos de sangre… sangre de civiles por supuesto, una muestra clara de cobardía para enfrentar, en los reales campos de batalla, al enemigo interno: las guerrillas.

La JEP acaba de informarle al país que la cifra de ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “Falsos Positivos”, es de 6402. Para quienes no imaginan ver juntos a ese número de ciudadanos asesinados por miembros de la Fuerza Pública, solo tienen que pensar en que esos colombianos cabrían, algo apretados, en la tribuna sur del Estado Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Larga vida a los magistrados de la JEP que están investigando los horrores cometidos por todos los actores armados que participaron de las hostilidades en el marco de un largo y degradado conflicto armado.

Hace poco imputaron cargos a miembros del secretariado de las extintas Farc por los delitos de lesa humanidad perpetrados. Ahora falta que haga lo mismo con los generales Montoya y otros oficiales que comparecen ante el alto tribunal, por haberse prestado u ordenado el asesinato de civiles inermes, para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. De estos exoficiales, el país espera que confirmen quién les dio la orden.