Columnista:
Álvarez Cristian
No son buenas las noticias que del norte del continente le llegan al presidente Duque ni a su ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.
El día de ayer, fue revelado que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la inclusión de nuevas condiciones a las ayudas económicas y logísticas que la nación del norte le brinda a nuestro país de manera anual.
Las nuevas exigencias para la llegada de las ayudas al país, están contenidas en enmiendas incluidas en el presupuesto para las operaciones en el extranjero del Departamento de Estado —aprobado a nivel del Comité de Asuntos Exteriores y a la que solo le faltaría su visto bueno en plenaria— y en el Acto de Autorización para la Defensa Nacional NDAA (relacionado con el presupuesto del Departamento de Defensa) que ya fue votado positivamente por el pleno de la Cámara estadounidense ayer.
Las justas exigencias
La Cámara de Estados Unidos busca aprobar para 2021 un presupuesto de 457 millones de dólares para Colombia dentro de los fondos para el Departamento de Estado. La cifra tiene un aumento de 9 millones comparado con lo aprobado para este año y de 45 millones si se toma en cuenta lo solicitado por el presidente Donald Trump a inicios de 2020.
Del monto global, 146 millones deben ser destinados para desarrollo económico, 189 millones a la lucha contra el narcotráfico, 38 millones van dirigidos a las fuerzas armadas, 21 millones a tareas de desminado y la lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar.
Igual que en el pasado, los legisladores estadounidenses señalan que los recursos económicos aprobados por ellos deben ser invertidos en la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas FARC, la campaña contra el narcoterrorismo, el apoyo a las comunidades desplazadas, el respaldo a los campesinos en la erradicación y sustitución de cultivos de coca, la promoción del desarrollo económico en áreas afectadas por el conflicto, el fortalecimiento de la gobernabilidad, el acceso a la justicia, el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad a comunidades afro e indígenas del país.
Pero en este año, y dada la oscura actuación de miembros del gobierno por acción u omisión en el incumplimiento de estos objetivos, el Congreso de Estados Unidos —sobre todo los representantes del Partido Demócrata— han decidido “apretar las tuercas”.
En el caso del presupuesto del Departamento de Estado —que es donde se incluye parte de la ayuda que Estados Unidos le da al país anualmente— la Cámara exige que se investigue y castigue a los responsables de espionaje dentro de las fuerzas armadas, episodio conocido en Colombia como “Las chuzadas 2.0” o los “Perfilamientos a opositores”, hechos que involucran a las altas cúpulas militares del país, entre ellas al ex general Nicacio Martínez.
De este mismo monto destinado por el Departamento de Estado, el 20 % para la lucha antinarcóticos está sujeto a que los programas de erradicación del Gobierno Nacional logren certificarse como respetuosos de los Acuerdos del Proceso de Paz de La Habana y de los lineamientos que dé la Corte Constitucional en este sentido, así como a los resultados obtenidos en la Justicia Especial para la Paz JEP, certificación que a todas luces, el gobierno Duque tiene perdida.
Adicionalmente, los legisladores piden verificar que el Gobierno de Duque tome medidas eficaces en la protección de las comunidades afro e indígenas y sus derechos territoriales.
Por si fuera poco, para Duque y el partido de Gobierno, desde el Acto de Autorización para la Defensa Nacional los congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Jim McGovern, incluyeron sendas enmiendas que condicionan las ayudas que este acto traería a Colombia, tal como reveló en su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La enmienda de Ocasio-Cortez señala la prohibición de usar dichos fondos para la fumigación aérea a menos que el «Gobierno colombiano demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales».
De otro lado, la del congresista McGovern es más fuerte ya que pide un exhaustivo reporte que debe ser entregado 120 días después de que el proyecto se vuelva ley y en el que el gobierno de Estados Unidos debe demostrar que ningún equipo de inteligencia —donado o vendido a Colombia a través de sus agencias de seguridad— puede ser usado para espiar a opositores, defensores de Derechos Humanos, periodistas, jueces y miembros significativos de la población civil de manera ilegal o con fines criminales.
McGovern también solicita a través de su enmienda que se revise el uso que Colombia le ha dado a estos equipos de procedencia estadounidense desde el año 2002 y si hay pruebas de que fueron utilizados en operaciones de espionaje ilegal.
De todo puede pasar
Pese a las fuertes condiciones que los senadores estadounidenses le ponen al gobierno Duque para el desembolso de los recursos, cabe recordar que ambas iniciativas aún siguen su tránsito normativo en la Cámara y el Congreso de Estados Unidos, y no son aún definitivos. Esto podría flexibilizar las condiciones o, en el peor de los casos para Duque, endurecerlas aún más teniendo en cuenta que los demócratas son mayoría legislativa.
¿Quiénes son los congresistas demócratas?
James “Jim” Patrick McGovern es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el segundo distrito de Massachusetts. McGovern es el presidente del Comité de Normas de la Cámara y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China y de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Desde su llegada al Congreso de Estados Unidos en 2018, McGovern ha sido uno de los políticos de ese país que más pendiente ha estado de Colombia.
De hecho, tras revelarse el último escándalo sobre operaciones de inteligencia ilegal del Ejército colombiano en contra de periodistas, defensores de Derechos Humanos y políticos, McGovern fue de los primeros en alzar su voz de protesta en sus redes sociales.
Desde allí sugirió que Estados Unidos debía revisar las ayudas que ha entregado tanto en dinero como en equipos a Colombia e incluso afirmó que debería suspenderse dichas ayudas hasta se verifique en qué se están usando esos recursos.
Estados Unidos debería suspender la ayuda militar a Colombia y hacer un examen de arriba a abajo de cada centavo, cada pieza de equipo y cada minuto de entrenamiento que hayamos proporcionado… Hoy, más operaciones de vigilancia ilegal en Colombia contra defensores de derechos humanos y periodistas, incluidos periodistas estadounidenses… Hay algo muy, muy mal con el ejército colombiano, sus agencias de inteligencia y su profunda antipatía hacia los Derechos Humanos, la prensa libre y un poder judicial independiente, trinó el representante McGovern en mayo de 2020.
El pasado 6 de julio, McGovern y su colega demócrata Mark Pocan encabezaron un grupo de 94 miembros del Congreso instando al Secretario de Estado Mike Pompeo a presionar al gobierno colombiano para que se comprometa con la paz y detenga la escalada de violencia contra los defensores de los Derechos Humanos y los líderes campesinos colombianos.
De otro lado, Alexandria Ocasio-Cortez es una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata por el estado de Nueva York. Con 29 años, es la congresista más joven en la historia de Estados Unidos.
Ocasio-Cortez es graduada de la Universidad de Boston donde estudió y consiguió su título en Economía y Relaciones Internacionales con honores. Ocasio-Cortez hace parte del ala del demócrata progresista Bernie Sanders quien ha sido su mentor desde que decidió entrar a la política.
Sus proyectos de ley giran en torno a la protección del medio ambiente, los Derechos Humanos, la sanidad universal, la educación superior gratuita, los salarios dignos y las leyes de inmigración; hecho que le ha causado fuertes enfrentamientos con el Partido Republicano y con el presidente Trump.
