El tema educativo ha despertado en los últimos días un interés inusitado, ni siquiera la atiborrada agenda electoral del año que expira logró posicionarlo como asunto estratégico de política pública. Contrario sensu, se le trató como algo marginal, un mal menor. Esta bomba de tiempo pasa a ser desactivada por los estudiantes universitarios con sus movilizaciones masivas y pacíficas, desnudando una problemática: La crisis de la educación superior y pública en general.
Ayer fueron los maestros con las vicisitudes que agobian la educación básica, hoy la educación superior está en estado de verdadera calamidad, mañana o en un día no muy lejano seguramente se retomarán las dificultades de la educación preescolar o primera infancia, arista un tanto eclipsada y no menos importante, por ser el primer peldaño del sistema. Se trata entonces de una crisis estructural y sistémica, veamos.
Nuestro sistema educativo lo conforman: la educación inicial o primera infancia (preescolar), la educación básica (primaria cinco grados, secundaria cuatro grados y la educación media con dos grados), y la educación superior (Técnica, tecnológica como el Sena, y el sistema universitario). El sistema falla en todos sus niveles, si empieza mal termina peor, su carácter es estructural, sistémico.
En primer lugar, en educación preescolar la ley 115 de 1994 establece un nivel de tres grados con un mínimo de un año para menores de seis años, sin embargo, explicita el compromiso de ampliarlo gradualmente, la ley general de educación y el estado escasamente cumplen hoy con lo mínimo, el preescolar de un solo año (transición).
De este modo, solo las familias con condiciones económicas favorables pueden costear el preescolar (privado) completo, privilegio vedado a los sectores populares, su única alternativa son los hogares de bienestar manejados por madres comunitarias y administradas por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), no por Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Si el objetivo era ahorrar, los hogares comunitarios son muy efectivos en ello, son mujeres (más de un millón) tercerizadas, trabajan por intermedio de bolsas de empleo y no directamente con el ICBF, sin soporte pedagógico adecuado y sobreexplotadas, pues muchas veces su trabajo sobrepasa las ocho horas diarias.
Fue por demandas ante los tribunales de justicia que su actividad laboral fue valorada como trabajo a partir del año 2014 –este trabajo inicialmente era considerado un voluntariado- desde entonces empiezan a devengar el salario mínimo y prestaciones de ley, no obstante, las pioneras regalaron décadas de trabajo y no podrán pensionarse, mereciéndolo.
El gobierno olvida que es en los primeros años donde se debe iluminar la inteligencia, haciéndola más consciente y libre, avivar la curiosidad, la observación, allí el niño no va a aprender a leer, ni escribir. Agustín Nieto Caballero (maestro del establecimiento) creía a mediados del siglo XX que el preescolar debía enseñar a desarrollar los sentidos, necesarios para entrar en contacto con el mundo, a través de la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, esto sigue siendo válido hoy.
En segundo lugar, la situación de la educación básica (primaria, secundaria y media) es crítica, las escuelas se caen a pedazos, la jornada única se improvisó al no dotarlas de las condiciones requeridas, la mayoría de las escuelas públicas adolecen de laboratorios, restaurantes y transporte escolar, escenarios deportivos, salas de audiovisuales e informática, aula múltiple o sala de profesores; no cuentan con profesionales de apoyo pedagogos, psicólogos o trabajadores sociales; el currículo está descontextualizado, cargado de asignaturas (cátedras) sin contenidos significativos, impertinentes y de llana profundidad, estandarizaron la mediocridad al apuntar a la austeridad presupuestal y no a la calidad, una educación que obliga a obedecer y no invita a pensar en libertad.
Las reformas a las transferencias (acto legislativo 01 de 2001 y el acto legislativo 04 de 2007), erosionaron el presupuesto de la educación pública básica al sustraer recursos por cerca de 80 billones de pesos según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), este punto será sin duda central dentro del pliego petitorio de Fecode para el año 2019.
En tercer lugar, la situación de la educación superior no se aparta del agonizante karma de desfinanciación que asfixia el nivel de primera infancia y la básica. Al quitar recursos a la educación superior (universidad y el Sena) se le privatiza, obligándolas a implementar mecanismos de auto sostenimiento presupuestal (autonomía financiera) como cualquier empresa industrial o comercial, recayendo los sobrecostos en las familias y la sociedad vía matriculas, inscripciones, servicios y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
A 2015 la financiación estatal de la Universidad Pública alcanzó el 50%, cuando en 1993 se situó en 84%, lapso en el cual las transferencias anuales por estudiante bajaron de 10 millones a cerca de 5 millones de pesos. Esto explica que en la Universidad de Cartagena, por ejemplo, la sola inscripción de los aspirantes valga $120.000.oo, y existan costos privatizantes (en esta misma Universidad hay estudiantes con semestre por valor de $3.000.000.oo).
Las universidades se ven obligadas a prestar servicios a la sociedad como si se tratará de una empresa con misión social de mercantilizar el conocimiento, lo cual es fuente de corrupción. Esto mismo explica por qué las condiciones de vida de los docentes, como también del personal administrativo y de servicios generales han desmejorado ostensiblemente, al imponer la flexibilización laboral, emerge la inestabilidad y los bajos salarios.
Un embudo sería la figura que mejor graficaría la situación real de la educación pública en Colombia, una forma de violencia institucionalizada, que transmite ideas como la de inestabilidad, inequidad, exclusión, falta de oportunidades, privación de derechos, donde muchos empiezan el proceso y muy pocos lo finalizan de manera satisfactoria, porque la financiación estatal termina marchitándose y acaba como en goteo, en medio de ese trance contingentes humanos ingresan a los laberintos de pobreza, miseria, vulnerabilidad e ilegalidad, así el futuro es de unos pocos, las élites dueñas del poder.
Así, el estado colombiano ha hecho de la educación pública una promesa inconclusa y fallida, un derecho expósito, una responsabilidad constitucional transferida a los hombros de la ciudadanía y al sector privado vía privatización.
El genio de Bolívar es esclarecedor, advirtió premonitoriamente “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. De tanto ahorrar en educación millones de colombianos se han vuelto ricos, pero en ignorancia, ¿será más bien que la ignorancia es la política educativa del estado colombiano?
Una democracia es plena si cuenta con ciudadanos mayores de edad, o sea, individuos bien educados, autónomos, críticos, capaces de decidir por sí mismos, jamás personas ignorantes ni fácilmente manipulables. La educación pública es una cuestión cardinal para cualquier sociedad, por tanto, se justifica la interpelación, movilización y defensa activa como derecho, causa común y patrimonio de todos los colombianos.
Foto cortesía de: Publimetro
Tenemos un gobierno que se contradice, exige calidad educativa y no brinda los recursos necesarios para solventar las necesidades más básicas para que el índice de calidad obtenga un altos niveles. Lamentablemente en la Región Caribe es la que más ha sufrido la pobreza, la Miseria y la ignorancia por la indiferencia del gobierno central. Es una de la regiones más discriminada por la injusticias del mal manejo de las políticas educativas que ofrecen. Se deben buscar nuevas estrategias que impacten ante las nefastas políticas de estos gobernantes los cuales buscan son intereses particulares.