Columnista:
Kanábico Objetor
Esta no es una simple columna de opinión, es también parte del relato que surge en la Visita Humanitaria y Encuentro por la Vida, los DD. HH., y la Paz en el Bajo Cauca antioqueño, donde fui invitado por el Proceso Social de Garantías al Ejercicio de los Derechos Humanos, entre el 10 y el 13 de febrero y, digo que es parte del relato, porque hay otra que se queda en mi memoria, en lo vivido y en lo escuchado. Es en últimas el eco de unas voces que están confinadas por una guerra silenciada.
Después de casi 5 horas de haber salido de Medellín, pasando por algunas de las zonas más prósperas del Norte de Antioquia y, después de cruzar el Mirador del Puente sobre un Río Cauca reverdecido, enfermo y claramente reducido en su fiereza y su grandeza, se inicia la travesía por Puerto Valdivia hacia el corazón del Bajo Cauca antioqueño.
Durante el trayecto es inevitable percatarse de las grandes extensiones de tierra que hay a lado y lado de la carretera, en algunas de ellas se alcanzan a ver unas vallas azules en las cuales se anuncia que dichas tierras se encuentran en proceso de restitución a víctimas, mientras que en otras, se observan grandes cantidades de ganado; me pregunto ¿quienes podrían haber sido sus propietarios?, ¿quienes son los despojadores? y ¿cuántas hectáreas de tierra se han despojado en esa zona para engordar unas cuantas vacas?
Entre tanto se acorta el recorrido para pasar por Tarazá se va evidenciando una dinámica comercial muy propia de las zonas mineras y, claro, siendo un lugar con un subsuelo rico en oro se pueden observar, en las fuentes hídricas, los estragos de la explotación de estas.
Finalmente, llegamos a Caucasia, uno de los municipios que se disputan los grupos armados ilegales y que se encuentra en total orfandad de las autoridades estatales. Confieso que conciliar el sueño la primera noche no fue fácil, pues conocía la situación de violencia del lugar, en donde los atentados con granadas, decapitaciones, desapariciones y enfrentamientos entre los grupos armados han sido titular de los medios de comunicación local, sin dejar de mencionar la fuerte y evidente militarización que hay en la zona.
Para el primer día de la jornada nos trasladamos hacia el municipio de Tarazá, con la intención de conversar con las familias que salieron desplazadas de los corregimientos El Doce, La Caucana, Barro Blanco y, del más reciente, El Guáimaro, tras la masacre de 5 personas, de las cuales 2 eran líderes de Juntas de Acción Comunal y participantes del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito).
En el diálogo propiciado por la Corporación Jurídica Libertad y la Asociación Turpial de Suiza con las familias que se encuentran en el Coliseo del Municipio de Tarazá, pudimos dar cuenta de que la situación de violencia se ha recrudecido, fundamentalmente alrededor de la sustitución de cultivos de uso ilícito, ya que le está costando la vida a los líderes sociales y campesinos, condenándolos a una revictimización sin precedente, pues no solo el programa no está cumpliendo con el deber ser, sino que también tienen que sobrevivir a la persecución de los grupos armados ilegales que se disputan los cultivos de coca y del Gobierno.
Según el informe sobre la Situación de derechos humanos y crisis humanitaria en el Bajo Cauca 2019 la actual Política de Seguridad y Defensa del Gobierno de Iván Duque considera “legal y legítimo” reprimir y perseguir organizaciones que se dediquen a luchar por la sustitución concertada de cultivos, aduciendo que hacen defensa de las economías ilegales.
William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC), denuncia que las 4113 familias que se acogieron al programa notan el retraso e incumplimiento en la implementación de los PNIS, teniendo en cuenta, que se deberían haber ejecutado. Según la ruta metodológica, se deben implementar en 2 años para tener un 100 % cumplido el primero de septiembre de 2019, pero que a la fecha, solo se le han hecho algunos pagos a 2000 familias, hay un factor de riesgo de que estas vuelvan a la resiembra de coca en la zona, no porque las personas así lo quieran, sino porque el incumplimiento del Gobierno y, las condiciones de pobreza las obliga, afirma el líder campesino.
Pero bueno, ese no es el único problema que padecen quienes habitan en la zona, afirman que hay una situación de guerra propiciada por la ausencia histórica del Estado; la ausencia de escuelas, colegios y programas educativos que sean asertivos y de calidad, la falta de atención integral en salud, la espuria voluntad de las entidades públicas con respecto a la implementación de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), la expansión de la minería ilegal y, con ello, la criminalización de la minería artesanal, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes y una economía que, aunque legal, es servil a las lógicas de la guerra, son el motor de la crisis humanitaria que hoy atraviesan.
Aunque se intentó tener un diálogo con todas las autoridades de la subregión, solo fuimos atendidos y atendidas por el secretario de Gobierno de Tarazá, quien dejó claro su profundo desconocimiento de las realidades del municipio y sus veredas; y por el teniente coronel Vásquez, el cual reafirmó el militarismo como principal opción para intervenir en los problemas que no han sido reconocidos por dichas autoridades como causas estructurales del conflicto y la violencia, que hoy llevan en aumento los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos forzados que se han registrado.
Durante el Encuentro por la Vida, los Derechos Humanos y la Paz en Caucasia, las comunidades dejaron claro que la implementación de los Acuerdos de Paz está estancada por la falta de voluntad del Gobierno Duque y de las entidades descentralizadas, que han venido dándose un festín con los recursos públicos y los recursos destinados para la paz. Las denuncias de líderes y lideresas sociales no se hicieron esperar, quienes han encabezado procesos de sustitución de cultivos o restitución de tierras siguen exigiendo que se les garanticen sus derechos y, que la Fuerza Pública, no los criminalice como lo ha venido haciendo desde que se instaló en la subregión.
Si bien los PDET deberían ser el eje fundamental que guíen las políticas públicas en las 16 regiones que en el acuerdo están priorizadas, en la práctica tenemos unos desarrollos desiguales, en algunas de ellas ha habido un poco más de integración del concepto del desarrollo regional con los planes municipales, incluso hay una Asociación de Municipios PDET para tratar de gestionar ante la administración nacional los recursos necesarios para jalonar los proyectos, dice el representante a la Cámara Sergio Marín del Partido FARC.
Frente a este tema las comunidades dejan claro que tampoco hay avances precisos con respecto a los programas de desarrollo con los enfoques territorializados, las administraciones locales y departamentales están desconectadas de las necesidades que tienen las veredas, corregimientos y municipios.
Sobre el incumplimiento en la implementación de los acuerdos, la senadora Sandra Ramírez del Partido FARC, presente en el encuentro, enfatiza en que la lectura unilateral de estos, por parte del Gobierno, es un desacierto; además, hace un llamado a que la sociedad en general exija su cumplimiento y a que sigamos rodeando desde la organización social el proceso de paz. La congresista también señala la gravedad del aumento de asesinatos selectivos que revisten en perfidia y, en cuanto al asesinato de líderes y lideresas, afirma que hace falta llevar a cabo acciones contundentes que prevengan estos hechos. Al presidente Iván Duque, le hace un llamado para que se apersone de Colombia y que no pase a la historia como un presidente que destruyó los acuerdos, que no hizo nada por ellos.
El Bajo Cauca es una de las tantas zonas del país que solo aparece en las agendas políticas locales y nacionales cada 4 años, a pesar de ser la subregión que produce el 45 % del oro que exporta y comercializa Colombia, a pesar de ser una tierra de altos intereses para el desarrollo de proyectos extractivistas y a pesar de ser puerta de tierras por excelencia ganaderas.
Es también un lugar históricamente en disputa por las AGC —Frente Virgilio Peralta Arenas—, los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las FARC, que intentan posicionarse en una zona que siempre ha estado bajo el control paramilitar, disputa en la que la Fuerza Pública y el Ejército Nacional han tenido un papel tan pasivo, que raya con la connivencia y la complicidad y, donde la institucionalidad, claramente no tiene ninguna autoridad, es una tierra que hace más de 2 décadas vive una guerra sin cuartel.
Es por eso, que desde el Encuentro por la Vida, líderes y lideresas se plantearon pedir una sesión descentralizada de la Comisión de Paz del Senado de la República en esa zona, con el fin de buscar alternativas que ayuden a superar la crisis humanitaria en la que se encuentran y, con ello, poder sentar un precedente nacional que permita que otros territorios que están sitiados por la violencia, en ausencia del Estado, puedan consolidar una defensa plena de los Derechos Humanos.
Una de las lideresas de ASOCBAC le hace un llamado a las autoridades nacionales para que persigan la corrupción que, hace imposible que campesinas y campesinos, puedan acceder a los pocos recursos que dentro de los acuerdos quedaron pactados como estímulos, que permitan cierta reparación a las familias víctimas de la violencia y poder superar lo que han vivido, pero también advierte con vos fuerte y embravecida, que no permitirán más el reclutamiento de sus hijos e hijas, que como mujeres y madres llegarán por ellos y ellas, hasta donde tengan que hacerlo.
Este país y sus gobernantes tienen muchas deudas pendientes con esta zona del país. El Bajo Cauca ha sido la bóveda de oro más importante para los mercaderes de la guerra y la violencia, los relatos de hombres y mujeres que día a día padecen el rigor de los violentos y los ecos de terror que producen las balas y los bombazos, las decapitaciones y las desapariciones, tienen que ser escuchados y narrados, pero también tienen que servirnos para interpelarnos como sociedad y poder preguntarnos hasta dónde nos ha llegado la empatía con quienes en el campo han vivido en el sometimiento de una guerra silenciada.
Fotografía de cabecera: cortesía de Verdad Abierta.
