En el desarrollo de la Minga indígena y campesina que se adelanta en la parte media del departamento del Cauca están expuestas dos posturas, inspiradas o motivadas en igual número de concepciones, aunque disímiles, alrededor de lo que es el Estado.
Del lado de los indígenas y campesinos que bloquean la vía Panamericana a la altura de Cajibío (Cauca), se asume el Estado como un todo indivisible que supera en tiempo los alcances político-electorales-administrativos de gobiernos que jamás asumieron con seriedad y celeridad las demandas sentidas expuestas de unas comunidades históricamente maltratadas no solo por los modelos económico y político, sino por la sempiterna animadversión cultural que la clase “blanca” (mestiza) profesa por y hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrocolombianas asentadas en ese territorio.
En esa animosidad étnica, por supuesto que les cabe responsabilidad a los medios masivos que insisten en informar exclusivamente desde la perspectiva oficial y hacer eco de la inquina o la antipatía que generan en las huestes de la “Colombia Blanca”, las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos y comunidades que participan de la Minga.
Por el contrario, del lado del presidente Duque, él mismo se autolimita en su accionar como jefe de Estado, al negar las responsabilidades que asumieron gobiernos anteriores (jefes de Estado como él) con los indígenas en mingas pasadas, en las que también hubo bloqueos a la importante arteria vial, y los ya naturalizados choques con la fuerza pública que dejaron a policías y marchantes heridos y retenidos, así como la muerte de varios comuneros.
Es claro, entonces, que el primer mandatario asume el Estado exclusivamente desde la perspectiva del imperio de la ley. Al instalarse en el Estado de derecho, el presidente de Colombia invalida y deslegitima la protesta social y, por ese camino, hace posible que las vías de hecho se integren peligrosamente en el ámbito del orden público alterado, lo que justifica no solo el envío del ESMAD, sino la presencia, a todas luces inconveniente, del Ejército en la zona en donde se presentan los bloqueos.
Al involucrar al Ejército en un conflicto social, económico, político y cultural, Iván Duque Márquez pone a las comunidades indígenas y campesinas en la órbita del “enemigo interno”, lo que por supuesto agrava el problema, al tiempo que lo simplifica peligrosamente.
En ese marco político-conceptual se radicalizan las posturas asumidas tanto por el presidente Duque como por los líderes de la protesta. Insiste el primer mandatario en enviar a delegados de su gobierno que exhiben no solo una enorme incapacidad de negociación, sino un desconocimiento de los complejos problemas de lo que bien se puede llamar la causa indígena-campesina, en un departamento manejado históricamente por una élite “blanca” que se consolidó sobre la base del maltrato, el despojo de tierras y la persecución étnica.
Al desconocer la autoridad de los emisarios enviados por Iván Duque Márquez, los manifestantes radicalizan su postura, lo que los obliga a mantener las vías de hecho en espera de que el presidente haga presencia en el territorio para entablar, de manera directa, un diálogo que evite extender en el tiempo las millonarias pérdidas que ya dejan los bloqueos de la vía Panamericana.
Al negarse a hacer presencia en territorio caucano, Duque no solo desconoce las demandas sentidas del movimiento indígena-campesino, sino que atiza el conflicto étnico-cultural que subsiste entre quienes hablan de territorio, apuestan por un Buen Vivir e insisten en mantener una relación inmanente con la Madre tierra y, aquellos que solo buscan explotarla a través de monocultivos y la potrerización, en el marco de una concepción de desarrollo que de tiempo atrás viene mostrando visos de insostenibilidad ambiental, social, política y cultural.
Así entonces, la colisión entre dos formas de asumir la vida y las relaciones con la Naturaleza, obliga a que la discusión y el diálogo que de todas maneras deberá darse entre indígenas-campesinos y el Gobierno en representación del Estado, se amplíe y se haga con el resto de la sociedad y sectores de la sociedad civil, en aras de discutir alrededor de la urgente necesidad de ponerle límites a un modelo de desarrollo que, en perspectiva indígena, es asumido como un “plan de muerte”.
Así entonces, el presidente debería de instalar en el Cauca, en perspectiva macro regional, una mesa de diálogo en la que tengan asiento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las otras carteras, articuladas y comprometidas en la discusión del actual modelo de desarrollo económico, en particular, lo que tiene que ver con la creciente deforestación y la consecuente instalación en esos territorios de grandes plantaciones tipo palma aceitera y la potrerización que se viene presentando en el sur del país y que ya toca las entrañas de la selva amazónica y otros ecosistemas en lo que se conoce como la Altillanura colombiana1.
1- Véase el informe de la Contraloría General de la República en el que se exponen casos de empresas agrícolas y banqueros que se apropiaron de manera irregular de baldíos. Detrás de la deforestación de la Amazonía y de otras selvas en Colombia están poderosas familias y empresas nacionales y extranjeras que buscan instalar en esos territorios el modelo de la gran plantación.
El modelo agroindustrial y de la gran plantación es aupado por el Banco Mundial. Los gobiernos de Uribe, Santos y ahora el de Duque promovieron y promueven dicho modelo. Como ya fue demostrado en un gran número de países (incluídos China, Chile, Tailandia, Taiwán, Brasil, México y Kenia) la actividad agroindustrial —o los agronegocios— pueden ser una importante fuente de crecimiento, diversificación y reducción de la pobreza. Los sistemas agroalimentarios contribuyen en gran medida al crecimiento del PBI, empleo y el ingreso en la mayor parte de los países en desarrollo y en los países industrializados. En el curso de su desarrollo, su peso se incrementa a la vez que el de las actividades primarias disminuye (Banco Mun- dial, 2003:vii). Click aquí para ver la fuente.
Foto cortesía de: AFP
Si quieren protestar pues que protesten, pero que no bloqueen las vías, porque eso afecta al país.
Si es necesario sería bueno que viajaran algunos a Bogotá y protesten en la Plaza de Bolívar, de nuevo insistiendo que no bloqueen ninguna vía.
El bloqueo de las vìas, sin duda, expone y provoca una colisión de derechos. Es cierto que se afecta la economía del país, pero no es moralmente correcto poner por encima consideraciones de tipo económico, cuando de por medio hay derechos sociales vulnerados. Ante férreas posturas, debe primar el diálogo y la presencia de mediadores.