Columnista:
Germán Ayala Osorio
La llegada al país de 800 militares americanos que hacen parte de la brigada SFAB (Asistencia de Fuerza de Seguridad) para “ayudarle” a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, constituye una violación a la Carta Política, por cuanto la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano requiere de la autorización del Senado o, en su defecto, de un concepto del Consejo de Estado, si el primero no estuviera sesionando. Y está claro que el Senado sesiona, así sea asistido por la tecnología (por la red internet y sus dispositivos de transmisión y comunicación).
Así las cosas, el presidente Duque, siguiendo instrucciones de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, viola la Constitución, irrespeta la soberanía estatal y de manera concomitante, concentra más poder, rompe el equilibrio de poderes y por ende, pulveriza la democracia.
La llegada de los militares gringos está prevista para junio, con una duración de 4 meses, según trascendió de la fuente castrense. Y se ubicarán en las siguientes zonas: “Bajo Cauca, sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca, Pacífico nariñense y los parques nacionales naturales de Chiribiquete, Sierra de La Macarena, Catatumbo Barí, Nudo de Paramillo y Sanquianga”.
La presencia de marines, asesores y mercenarios americanos no es nueva en el país. Desde principios del siglo XX los americanos tienen a Colombia como su patio trasero y plataforma militar. Hemos visto al personal militar extranjero en bases militares como La Arandia y Tolemaida, para señalar las más emblemáticas. Y se explica su operación en Colombia en el marco de convenios de cooperación militar y de inteligencia, que se firman en el contexto de una histórica relación de dominación y sometimiento a los intereses del ‘Tío Sam’.
Justo en esas circunstancias es que la presencia de la brigada SFAB no se puede entender como un simple apoyo a la “lucha contra el narcotráfico que libra Colombia”. Detrás de la llegada de los marines, asesores, técnicos y demás, hay intereses en otros asuntos que resultan estratégicamente benéficos para el país del norte, y no tanto para el nuestro.
La presencia gringa en parques nacionales naturales puede obedecer a intereses claros en la biodiversidad que aún sobrevive en dichos territorios, por parte de multinacionales farmacéuticas, petroleras y mineras. Durante el tiempo del Plan Colombia[1], los militares gringos tuvieron acceso a información de primera mano sobre recursos escondidos en el subsuelo colombiano y, por supuesto, en la superficie. Además, desde hace algún tiempo, los norteamericanos andan detrás del objetivo de adaptar la siembra de las matas de amapola y coca en sus pisos térmicos, tal y como lo hicieron con la siembra de marihuana. Una vez lo logren, el negocio de las drogas decaerá en Colombia.
Este asunto debería de llamar la atención de la institucionalidad ambiental y de los ambientalistas nacionales; estos últimos están en la obligación ética y política de preguntarle al Gobierno de Duque, a qué obedece realmente la presencia de los militares y de agentes civiles que, muy seguramente, acompañan a los uniformados en actividades de registro y estudio de la biodiversidad que sobrevive aún en esos territorios.
Pero hay otros riesgos. Por ejemplo, los que pueden sufrir los civiles que tendrán contacto con los americanos, especialmente las mujeres y las adolescentes. Ya el país conoció de lo que fueron capaces los uniformados gringos durante la implementación del Plan Colombia. Mujeres violadas y engañadas, actos que terminaron en embarazos, muchos de estos no consentidos. La prensa de la época los llamó “Los hijos del Plan Colombia”.
Esos riesgos son mayúsculos cuando se sabe que los delitos que cometan los militares gringos en territorio colombiano, no podrán ser conocidos por los jueces nacionales. Es decir, que los marines americanos cuentan con total “inmunidad” y trato preferente a la hora de responder por la comisión de delitos de todo tipo.
De igual manera, los riesgos se ciernen sobre el personal de excombatientes, líderes ambientales, sociales y políticos de la zona del Catatumbo. En por lo menos 8 municipios de ese conflictivo territorio se están implementando procesos de desarrollo en el marco de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Si el Gobierno de Duque y los alcaldes de las zonas no precisan los alcances de la presencia militar gringa en esa parte del Catatumbo, las dinámicas de los PDET pueden verse afectadas por las acciones militares que la brigada SFAB desarrolle en esas jurisdicciones, en virtud de la información que la Inteligencia Militar les entregue a partir de perfilamientos ya establecidos en contra de líderes, lideresas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y excombatientes.
Además de lo anterior, la presencia armada de los gringos en Colombia puede obedecer al desarrollo de actividades de “ajuste” a las rutas establecidas para sacar droga hacia los Estados Unidos. Y en esto entran a jugar disputas intestinas que se dan al interior de las Fuerzas Armadas colombianas y otras instituciones, involucradas de tiempo atrás en actividades ilícitas y en el apoyo a estructuras mafiosas (narcotraficantes); y por supuesto, a las propias disputas internas que subsisten entre la DEA y los militares.
Ya veremos qué pasa después de los 4 meses que estará en el país este personal armado norteamericano. Les corresponderá a los medios alternativos ubicados en las zonas descritas, informar sobre las actividades que desarrollarán los marines, civiles y demás miembros de la brigada SFAB.
Lo cierto es que Duque violó la Constitución, se saltó al Consejo de Estado y al Senado. Estas son acciones claras de la consolidación de un régimen de mano dura que parece dispuesto a superar lo hecho entre 2002 y 2010, en materia de violación de las normas constitucionales y de los derechos humanos y ambientales.
[1] Véase: Ayala, G y Aguilera, P (2001). Un año de autocensura, Plan Colombia y medios de comunicación. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
