Duque, gobernando entre porro y porro, pase y pase

Cuando pensé en este como uno de los posibles temas para escribir mi primera columna en La Oreja Roja, me surgieron preguntas que considero sirven como antesala para reafirmar aquella épica frase que reza “la política es dinámica”.

Preguntas como; ¿quién era Iván Duque Márquez?, ¿de dónde salió? y ¿qué hizo dentro de las filas del uribismo para ganarse la bendición de Álvaro Uribe Vélez y así ser la reencarnación del “Eterno Presidente” jefe único del Centro Democrático y hoy investigado senador? Son algunas, pero no son el centro de esta columna.

Aquí lo que quiero es poder interpelar al nuevo gobierno y su política de persecución a la Dosis Mínima.

Duque se dio a conocer en la opinión pública colombiana durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando por su partido el Centro Democrático como senador fue ungido. Fue uno de los senadores “de oposición” más destacados por su brillantez y lucidez en muchos de los debates que dio con bravura en el congreso —mientras su jefe con un estilo casi “delictivo”, por la espalda le robaba las papas—.

Cuando en su partido, para la pasada contienda electoral por la Presidencia de la República, por medio de un particular reality como “El Que Dijo Uribe”, fue elegido, enfiló baterías para mostrarse como quien rejuvenecería la arcaica y momificada política colombiana, pero paralelo a esto se caracterizó por interiorizar y repetir a plenitud el guion antidemocrático y antilibertades de su mentor.

Una clara muestra de ello, es que a quien hoy al país preside, no le importó dejar en el olvido su lado “liberal” y emprendió una cruzada sin cuartel desde el inicio de su campaña en contra de la Dosis Mínima, reencauchando este tema como el nuevo bastión del partido de Gobierno y de la alianza de una derecha moderada que lo respalda y que con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hoy está representada, para perpetuar aquí la guerra.

En sus discursos de campaña, el actual Presidente logró configurar una narrativa cargada de moralina y pacatería en contra de una “juventud enmarihuanada y esnifada” para poder así cautivar la votación de un amplio sector de la sociedad colombiana que sigue creyendo que gobernar y legislar constituyen un acto de fe.

De esta forma lograron abrirse paso en el camino al Palacio de Nariño, pasando incluso por encima de la Constitución misma; ya que en ella se reconoce el CONSUMO de la Dosis Mínima dentro del marco de decisión autónoma y libre sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos que nos otorga el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad que dicha Constitución consagra.

El Presidente, recién llegado a Palacio de Nariño expidió el DECRETO 1844 de 2018 con el cual se pretende, según el mandatario, perseguir al narcotráfico y la drogadicción en Colombia.

Dicho decreto no solo ha sido defendido hasta la saciedad por el mismo mandatario y su gabinete ministerial, una amplia mayoría parlamentaria que hoy busca posar en la foto de la “Era Duque” y  claramente por su partido en pleno; sino que también lo han venido defendiendo con titulares y entrelíneas algunos medios de comunicación que hoy parecen oficiar como agencias de prensa de este nuevo gobierno, sustentándolo en una humarada de supuestos e imaginarios preestablecidos alrededor de las drogas y sus consumidores, pues no dejan claro:

¿Cuál será el procedimiento para perseguir y sancionar el porte y el consumo de la dosis mínima?, ¿Cuáles son las características y las estéticas que pasando por el ojo secular de la fuerza policial, determinarán quién porta o no su dosis de consumo personal y/o aprovisionamiento?, ¿Cómo construye el gobierno el concepto de la drogadicción?

Y es que estos vacíos entre muchos otros, se han convertido en una especie de “súper poderes” otorgados a la Policía, lo cual se refleja en el aumento de los casos de abuso de autoridad que por demás se quedan en el silencio y en la impunidad porque, a quienes terminan siendo víctimas de dicha situación, el miedo no les permite denunciar.

Por otro lado, el reversazo que dio Duque a la iniciativa para Proyecto de Ley 161 Cámara – 111 Senado y, que siendo senador con otro grupo de parlamentarios presentó y posteriormente retiró en la pasada agenda legislativa, deja en evidencia que aquí hay una negación de posibilitar debates amplios que permitan a la sociedad colombiana escuchar todas las voces que en el mundo hoy se interpelan por la despenalización del consumo y el porte de drogas.

Y que además, proponen e implementan estrategias, que en casos como los de Canadá y Uruguay demuestran que vincular el consumo y a quienes consumimos principalmente de manera recreativa, con la criminalidad y con la delincuencia, solo ha funcionado para aumentar las cifras de personas presas —con sus procesos jurídicos en el limbo que hoy le cuestan millones de pesos al Estado, aportando a la cuota de hacinamiento que hay en las cárceles de este país— y, en muchos casos, muertas alrededor de una persecución y una prohibición que ha sido históricamente nefasta, gracias al principal país consumidor de drogas en el mundo.

Recientemente el Consejo Nacional de Estupefacientes en cabeza del presidente Duque, dio a conocer la Nueva Política Integral “Ruta Futuro” para dar una lucha frontal y sin cuartel al “problema” de las drogas, y, ya de entrada el pretender abordar el tema como un problema, deja claro que su tarea es y será criminalizar el consumo y a quien consuma.

En sus declaraciones el Presidente hace mención de los enfoques que hacen “integral” esta política; reducir el consumo, reducir la disponibilidad de las drogas, desarticular las organizaciones criminales y afectar las rentas criminales.

Pero una vez más se queda corto el gobierno en la argumentación, lanzando al aire, como si se tratara de una subasta de popularidad, una andanada de premisas y titulares de una estrategia que claramente obedece a unos intereses conservadores y fundamentalistas que buscan acabar con las libertades y los derechos constitucionalmente ganados en franca lid y con los cuales pretenden refundar el Estado paternalista que aquí se impuso con las banderas del uribismo.

Aunque el Presidente asevera en sus discursos, que el Decreto y la Ruta Futuro “no buscan criminalizar a los consumidores y consumidoras”, claramente no es así, ya que no proponen con claridad cuál es el trato que se darán a quienes terminen (o terminemos) siendo objeto de sanciones por incumplir dichas prohibiciones más allá de patologizar el consumo y denigrar a quien porta para su consumo recreativo o medicinal.

Así las cosas, es claro que durante los próximos 4 años el sistema judicial colombiano tendrá que dirigir recursos y esfuerzos para iniciar procesos jurídicos en contra de quien se detenga en posesión una dosis mínima y/o de aprovisionamiento en razón de un consumo por adicción o recreación (como lo permite la Constitución).

Pero, por otro lado, no queda para nado claro a qué juega el nuevo gobierno en cuanto al respeto que debe tener por la Constitución Política que hoy ante estas propuestas, se ve amenazada en su integralidad, que a propósito, ya está lo suficientemente vilipendiada y cercenada.

Ante este panorama y, ante la cambiante dinámica de la política colombiana, se me hace necesario recordarle, no solo al nuevo gobierno, sino también a quien hace lectura desprevenida de esta columna, que este país durante años ha invertido millones en la lucha fracasada contra las drogas que decretó Estados Unidos en cabeza de Richard Nixon.

Y es necesario recordar que lo hizo con mayor fuerza durante la puesta en marcha del Plan Colombia, que buscó el —no también recordado— expresidente Andrés Pastrana y el cual administró y ejecutó en gran parte su sucesor, el otrora expresidente —y de Duque mentor— Álvaro Uribe Vélez, quien lo convirtió en un arma para perseguir y exterminar a su oposición como ya es claro y ha sido muchas veces denunciado.

Desde entonces, aquí en Colombia gracias a los gobiernos ya mencionados; comprendimos cómo los recursos que se han destinado para la lucha contra las drogas han sido convertidos en un fortín para aceitar los engranajes del narcotráfico y las mafias que hoy mantienen a dirigentes políticos gobernando y a los terratenientes mandando.

Sobre el tema de las drogas en este país se ha logrado construir todo un manto de silencios, supuestos y tabúes. Este no debería ser un debate en cabeza de quienes por años, con camándula en mano, han perseguido el tema y tampoco en cabeza de quienes solidariamente y, hasta con discursos “tolerantes”, hablan de lo que nunca han fumado y/o mucho menos esnifado.

Este debe ser un tema de toda la sociedad en su conjunto, exhorto a que nos den la palabra y nos abran los micrófonos a quienes, desde nuestra experiencia de vida y, nuestro conocimiento sobre el consumo, hemos construido activismo político para exigir que se dejen de criminalizar nuestras libertades.

Para terminar, quiero preguntar al señor Presidente y a su Consejo Nacional de Estupefacientes; ¿por qué se pretende dar igual tratamiento a todos los consumos de drogas sin hacer un ejercicio serio de diferenciar entre “drogas blandas y drogas duras»?

Y ¿Por qué seguir invirtiendo en represión, militarización y criminalización del tema y no en educación y una atención realmente integral que propenda por la dignificación y no por la judicialización de la población consumidora en esta “guachafita” de país?