Después de firmado el fin del conflicto armado con las Farc, lo deseable para el país es que llegara al poder del Estado un gobierno de transición, que no solo respetara lo acordado, sino que convocara a un gran pacto político, tal y como quedó consignado en el Acuerdo Final II, con miras a diseñar escenarios de posconflicto.
Hoy es claro que el gobierno de Duque Márquez no está interesado en servir a esa transición y muchos menos trabajar en pro de la consolidación de una paz estable y duradera. Al final, al golpear presupuestal, política, social y administrativamente el proceso de implementación del Acuerdo Final de La Habana, la historia oficial dirá que en 2016 lo que realmente se dio fue, apenas, la firma del armisticio con las Farc.
Golpear, debilitar y hacer medianamente trizas el Acuerdo Final hace parte del proyecto político e ideológico que llevó a Duque a la Casa Nariño, que está anclado a un tipo de desarrollo que tiene como prioridad las actividades extractivas (incluye el fracking), la especialización agrícola por la vía de la ampliación en millones de hectáreas de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana para producir biocombustibles y, por supuesto, el de la potrerización, que produce una ganadería ineficiente porque está pensada desde la lógica de la especulación inmobiliaria.
No interesa al presidente, a la bancada del Centro Democrático y a los otros partidos que acompañan al actual gobierno y a específicos agentes de la sociedad civil, que el país tenga un aparato productivo fuerte, porque los intereses de la élite rentista están por encima de la idea de desarrollar el país a través de la ciencia y el avance tecnológico.
La salida de las Farc de territorios cubiertos de ecosistemas boscosos y de otros con igual valor estratégico está sirviendo en estos momentos a los intereses de empresarios del campo y multinacionales que no solo cuentan con el respaldo del actual Gobierno para desarrollar allí proyectos agroindustriales o minero energéticos, sino que representan la avanzada social, cultural y económica del proyecto político que realmente encarna Iván Duque.
El proyecto ético-político de Duque tiene, por supuesto, el respaldo de instancias de poder en las que hoy convergen ideas conservadoras, retrógradas, anacrónicas, antiliberales y ambientalmente insostenibles. Ejemplo de ello está en el talante de la decisión adoptada por la Sala plena de la Corte Constitucional en torno a las consultas populares.
Que las comunidades afectadas o potencialmente vulnerables no puedan impedir o detener actividades extractivas en sus territorios locales es una decisión jurídico-política de la Corte Constitucional que no solo va en contravía del sentido de propias y anteriores sentencias encaminadas a proteger valiosos ecosistemas, sino que termina por legitimar el proyecto ético-político que Duque ejecutará sin mayor reflexión.
El auto de la Corte Constitucional en relación con las consultas populares anula la participación social y política, al tiempo que reta a que los movimientos sociales en regiones y municipios promuevan todo tipo de acciones colectivas conducentes a confrontar la política desarrollista del actual gobierno. Además, el fallo de la alta Corte nos regresa a la fatalidad del centralismo bogotano, circunstancia que anula la ya relativa autonomía regional y municipal.
Con razón entonces celebran hoy en la Asociación Colombiana de Minería (ACM): “Celebramos la decisión de la Corte Constitucional que otorga certeza jurídica a los inversionistas de estos proyectos que están comprometidos con la legalidad y las operaciones responsables en materia ambiental y social.
El sector minero continúa comprometido con la minería bien hecha y seguirá trabajando de la mano de las comunidades, autoridades locales y nacionales para desarrollar proyectos mineros sostenibles y que brinden autentico desarrollo a las regiones y el país”, aseguró el presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola.
Como ejemplo de lo que se viene para el país en materia ambiental está la decisión de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena a la CAR a adoptar, sin mayor análisis, el plan del Distrito de realinderar y recategorizar la reserva Thomas van der Hammen.
La operadora judicial le da una orden a la autoridad ambiental, en una clara intromisión en las funciones de la CAR, al tiempo que aporta a la consolidación de la imagen negativa que arrastran no solo esta entidad, sino el resto de las corporaciones autónomas regionales.
Así entonces, el gobierno de Duque y los sectores del Establecimiento que lo respaldan claramente están sacando provecho de la paz que dejó Santos, en el sentido en que aprovecharán la salida de las Farc de territorios estratégicos, para impulsar allí actividades económicamente sostenibles, pero social, política, cultural y ambientalmente insustentables.
Y para consolidar los proyectos productivos asociados al modelo de la gran plantación, a la ganadería extensiva y la deforestación interesada de millones de hectáreas para escarbar y excavar el subsuelo, cuentan con las fuerzas paramilitares que Uribe jamás desmovilizó y sus servicios sicariales con los que vienen asesinando lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos y del ambiente.
Es decir, a partir de la triada Tierra-DDHH-Ambiente es posible develar el talante ético-político del gobierno de Duque. Y al esculcar en ese proyecto de país en el que por supuesto no cabemos todos, queda claro que el Presidente y el Centro Democrático (CD) llevarán al país no solo por los caminos de la insostenibilidad ambiental, social, política y económica, sino por los sinuosos caminos de la venganza contra todos aquellos que en el pasado inmediato apoyaron la paz de Santos e insisten en defender territorios y territorialidades que, en su discurso, deberán de manera obligada, articularse al unívoco proyecto de modernidad tardía que encarna el actual gobierno; proyecto que, por supuesto, está ancorado a o en lo que Boaventura de Sousa llama elcolonialismo interno[1]. Y en ese colonialismo interno, lo indígena, lo campesino y lo afro no tienen cabida; así como todo lo que huela a izquierda, a crítica y a oposición.
[1] Santos, Boaventura de Sousa. (2013). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Santiago de Chile: LOM ediciones, p. 17.
