Columnista: Germán Ayala Osorio
El periodismo y su ejercicio diario suelen caer en el error de la simplificación de los hechos que son elevados al estatus de noticia. Los mismos que, a través de una veloz acción valorativa, ancorada en unos criterios de noticiabilidad que siempre serán acomodaticios, alcanzan ese estatus de interés público sobre el que las audiencias no tienen la oportunidad de discutir, de allí que su consumo masivo esté casi que garantizado.
Sobre esos criterios de noticiabilidad en los que los periodistas se amparan para calificar y valorar los hechos noticiables, hay que decir que no tienen ese carácter universal que profesores de periodismo y los mismos reporteros creen que tiene ese conjunto de criterios valorativos. Todo lo contrario, la aplicación de esos criterios de noticia suele estar asociada a los intereses empresariales, las presiones y las componendas con el poder que guían la vida de los propietarios de los medios y de sus propios editores.
Para ejemplo, el siguiente botón: el abogado Jaime Lombana, uno de los abogados de Uribe Vélez, está siendo investigado en los EE.UU por lavado de activos (dinero). ¿Por qué no ha sido noticia este hecho judicial, si se trata de un reconocido penalista colombiano?
Obligados a cubrir periodística y noticiosamente los hechos que rodean las declaraciones de Aída Merlano en suelo venezolano, empresas mediáticas y periodistas dejaron entrever sus intereses políticos en el cubrimiento de lo dicho por la excongresista colombiana, detenida en Venezuela.
Merlano se refirió a un asunto o circunstancia ya probada en Colombia: la poco atacada y cuestionada corrupción electoral en Colombia, uno de los países más corruptos del mundo. Una vez el régimen de Nicolás Maduro Moros asumió la presencia ilegal de la señora Merlano en territorio venezolano como una “oportunidad política” para responder y extender en el tiempo el enfrentamiento diplomático, económico y político orquestado por el eje Duque (Uribe)-Trump, los medios colombianos y los periodistas afectos al régimen de Iván Duque Márquez se prepararon para desestimar, deslegitimar, anular, desvirtuar y negar la veracidad de lo señalado por Merlano ante una autoridad judicial venezolana, que la procesa por los delitos en los que incurrió al entrar de manera ilegal al vecino país.
Y la mejor forma de hacerlo es apelar a calificativos como “novela” o relato novelado, falsedades o mentiras, para envolver lo dicho por la exsenadora y prófuga de la justicia colombiana, en una suerte de fantasía creada y recreada por una operadora política que es, en un doble sentido, “víctima” de las redes de corrupción electoral, de acciones de dominación de un machista “Barón” electoral, circunstancias muy comunes en la Costa Caribe y en todo el país; y “victimaria”, en la medida en que usó esas redes para lograr su curul de congresista y por esa vía, tranzar con sus electores, el pago de dinero y la entrega de mercados, entre otras expresiones de la corrupción electoral.
Varios medios, entre estos Blu Radio, en cabeza de su director y cuñado del presidente de la República de Colombia, calificaron como “una puesta en escena” la diligencia judicial en la que Aída Merlano señaló como corruptos y sus perseguidores políticos, a miembros de la familia Gerlein y Char, a Iván Duque Márquez y, no podía faltar el político más señalado e investigado del país, cuyos procesos judiciales, disímiles todos, bien podrían configurar una especie de “piñata de delitos”: Álvaro Uribe Vélez.
La defensa mediática de connotados líderes y miembros del régimen colombiano es la principal tarea que cumplen periodistas y las empresas informativas en Colombia —y en cualquier otro régimen—. Así entonces, como ciudadanos tenemos la obligación de dudar tanto de lo declarado por Merlano, como de las lecturas amañadas que el periodismo colombiano hace de los señalamientos hechos por la excongresista.
Dudar de lo dicho por Aída Merlano no significa desconocer que en lo relatado hay una verdad inocultable: la compra de votos en Colombia es una práctica consolidada y naturalizada tanto por los operadores políticos, como por los judiciales.
El fraude electoral, la trashumancia electoral, el constreñimiento al elector, la compra directa de votos y la captura de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las contiendas electorales, son hechos ciertos que el periodismo colombiano no puede negar. Esos son hechos históricos. Es más, al ser condenada por delitos electorales, la señora Merlano se erige como el más reciente caso de corrupción electoral. Es más, en el proceso judicial que terminó con la condena a más de 15 años de prisión de la exsenadora, se ordenó investigar a miembros del clan Char y de la familia Gerlein.
Hábilmente, entonces, y previendo la llegada de unos de los Char a la contienda electoral presidencial de 2022, varios medios masivos ocultan los hechos por los cuales la justicia colombiana ha debido investigar a los señalados miembros de esos clanes políticos de la costa Caribe. El silencio cómplice del periodismo se explica porque detrás de una eventual candidatura de uno de los hijos de los Char, están Vargas Lleras y otros “notables” hijos del Establecimiento, de la élite bogotana, que sigue manejando a Colombia como si se tratara de un platanal.
Bastaría que el 10% de lo dicho por Merlano fuera cierto para que el periodismo hiciera la tarea que le corresponde hacer: presionar a las autoridades, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, para que abran las indagaciones a los señalados por la prófuga de la justicia. Si en el fallo condenatorio se ordenó investigar a varios de los señalados por la excongresista, por qué los periodistas no le preguntan al recién elegido Fiscal General de la Nación en qué van esos procesos.
Al poner los reflectores únicamente en lo dicho por Merlano, con la intención de salvaguardar el “buen nombre” del clan Char y de los miembros de la familia Gerlein y de los demás señalados, los periodistas de Blu radio y de los otros medios, dejan de lado el oficio periodístico para convertirse en estafetas y defensores del régimen de Duque, que es igual o peor de corrupto que el régimen de Maduro.
Así las cosas, como ciudadanos tenemos la obligación de empezar a buscar alternativas de información, asumir la duda, connatural al periodista, como una acción virtuosa que los colegas periodistas dejaron de lado, por mantener buenas relaciones con el Establecimiento.
Por fortuna, están las redes sociales que, con todo y los problemas que les achacan, sirven al propósito de buscar otras lecturas de lo que sucede con la señora Merlano. Cierto o no todo lo dicho por la prófuga de la justicia colombiana, los periodistas y la sociedad en general no pueden ocultar que hemos entronizado un ethos mafioso y criminal.
Y que nos demoraremos en avanzar hacia estadios civilizatorios superiores, hasta tanto, en un lejano mañana, veamos que existan evidentes y claras diferencias entre políticos y criminales; entre empresarios y mafiosos; entre periodistas y estafetas; entre militares y sicarios…
