Dos frases… ¿De Gobierno?

La senadora María Fernanda Cabal y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, expresaron, recientemente y  en diferentes momentos, peligrosas opiniones. La congresista dijo “que la actual cúpula militar es inservible”; y el ministro de la cartera de la Defensa, señaló que “los grupos armados ilegales financian la protesta social”. 

Aparentemente, los pronunciamientos de Cabal y Botero van por caminos distintos y obedecerían a simples opiniones. Intentaré mostrar que, por el contrario, el sentido de lo expresado por los funcionarios estatales converge en un punto y que esos actos de habla corresponden a un discurso político que está anclado al proyecto político que encarna el presidente Duque y que sigue la línea trazada por la derecha y la ultraderecha colombiana.

Antes de eso, hay que señalar que ante lo expresado por la senadora del Centro Democrático, el ministro Botero y el propio Presidente Iván Duque, guardaron un preocupante silencio. Es decir, terminaron validando la opinión de la señora Cabal. Que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, esto es, el Presidente Duque, y el ministro de la Defensa no defiendan a la actual cúpula militar, solo sirve para debilitar las institucionalidades involucradas: la castrense, de un lado, y del otro, la civil, en cabezas del Presidente y del ministro de la Defensa, sobre quienes recae la tarea de mantener a militares y policías bajo el dominio del poder civil. El asunto reviste una enorme gravedad.

El mensaje que envían tanto la señora Cabal, como el mutismo de Duque y Botero es claro: esta cúpula no sirve, lo que de inmediato me hace preguntar, ¿en quién confían estos altos funcionarios? ¿Acaso subsiste una “cúpula militar paralela” dentro de la misma institucionalidad castrense o quizás, haya más confianza en aquellos sectores de poder militar y de inteligencia (legal e ilegal) que constituyen lo que llamo el Doble Estado?

Antes de ir a lo expresado por el ministro Botero, hay que señalar que su primera propuesta pública recién asumió la dirección de la cartera de defensa, fue reglamentar la protesta social, con el claro objetivo de ponerle límites y, para más adelante, prohibirla y proscribirla.

Pues bien, ahora Botero va más allá y afirma que los actores armados ilegales financian la protesta social en Colombia, lo que de inmediato pone en línea de mira a quienes protestan y se movilizan, para manifestar inconformidad con políticas y acciones de Gobierno. 

Al estigmatizar a los líderes sociales que convocan marchas y acciones colectivas, las fuerzas legales e ilegales que suelen actuar dentro del Estado, seguirán con el proceso de exterminio de líderes sociales, lideresas, reclamantes de tierras y defensores del medio ambiente.

Lo expresado por el ministro de la Defensa pone en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestaron y que mañana lo seguirán haciendo por cualquier asunto público que toque los intereses de grupos humanos vulnerables.

Tan grave resulta la frase de Botero, que prácticamente supone ponerle a cada manifestante, a cada marchante, una lápida con el siguiente epitafio: “aquí yace quien protestó, con el apoyo de grupos armados ilegales”.

Por esa vía, el sentido de las dos frases converge en estas  ideas: la primera, que subsiste un aparato militar, policial y de inteligencia, paralelo a las fuerzas legítimamente constituidas, en el que la senadora Cabal y Botero parecen confiar más.

Quizás los dos funcionarios saben de su existencia y de la efectividad en el control y eliminación física de aquellos que protestan y para dar resultados operacionales; y la segunda, que dentro de las mismas fuerzas armadas hay sectores que están presionando para que se dé no solo un recambio en la actual cúpula militar, sino una reorientación misional, que mantenga viva y funcionando la doctrina del enemigo interno, un tanto “debilitada” por los procesos de paz con las Farc y el ELN.

Lo expresado por María Fernanda Cabal y Guillermo Botero no son simples opiniones. Detrás de esos actos de habla hay una idea clara de regresar al país a los tiempos de la seguridad democrática de Uribe. Esto es, persecuciones por asuntos ideológicos, por pensar distinto.

La congresista y el ministro de la Defensa quizás estén abogando por el regreso a las detenciones masivas ocurridas en el primero gobierno de Uribe Vélez. Y para ello, necesitarán no solo de una renovada cúpula militar, sino de los cuerpos de seguridad paralelo (las llamadas fuerzas oscuras), que siempre han actuado en Colombia.