Columnista:
Álvarez Cristian
No nos vayamos por las ramas porque las cifras son bien contundentes. Durante el tercer periodo del uribato en el poder, el orden público en Colombia se deterioró alarmantemente.
Este dato tan fuerte, y que va en contravía de esa falsa sensación de seguridad que quieren reflejar desde la “Casa de Nari”, lo sustentan datos aportados por la ONU, el Ministerio de Defensa Nacional y la misma Policía Nacional.
Como era de esperarse, los departamentos más afectados por este recrudecimiento de la guerra con la connivencia del Estado fueron principalmente Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Allí, la disputa por rutas y cultivos del narcotráfico entre los diferentes grupos ilegales asentados tienen disparados los indicadores de violencia, según señala el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, el periódico El Espectador, señaló que, al analizar los casos de masacres perpetrados en el país, en 2017 —después de la firma del Acuerdo de Paz— se registraron 11 de estos crímenes. Pero en 2018, con la llegada al poder de Duque (gracias a la alianza entre la Registraduría y la “Ñeñépolítica”), se perpetraron 29 masacres.
En 2019 se informó de 36 masacres más que dejaron 133 víctimas mortales. La cifra más alta desde el 2014. Y para colmo de males, en pleno 2020 de pandemia, la Policía Nacional reporta que ya se contabilizan siete masacres en todo el país.
La cosa se pone más preocupante al ver que a la par de esta disputa entre ELN, disidencias de las FARC, y grupos herederos del paramilitarismo, —aparte de las masacres— “florecen” otros tipos de violencias que dejan muy mal parada ante el mundo la imagen del gobierno Duque pese a que este se esfuerza infructuosamente en mentir diciendo que en “Polombia todo está bien”.
Por ejemplo, mientras en 2016 (ya firmado el Acuerdo de Paz) se registraron 86 víctimas por minas antipersonales y otros artefactos explosivos; en 2017 con la implementación de estos, la cifra bajó a 57.
Pero, desde que Duque puso un pie en la presidencia, las víctimas de las minas volvieron a estar al alza ya que en 2018 se reportaron 221 víctimas; el aumento comparado con los años finales de Santos se mantuvo ya que, en 2019 111 personas cayeron en campos minados. Para junio de 2020 iban 68 reportes de víctimas de minas antipersona, según la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Y ni qué decir de las cifras de líderes sociales asesinados que desde este medio siempre tendremos presentes. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en 2018 se registraron 282 homicidios contra líderes sociales. El 2019 cerró con 250 asesinatos contra estas personas.
Mientras que las cifras de INDEPAZ indican que para mediados de 2020 van ultimados 166 líderes y/o defensores de Derechos Humanos, además de 36 reincorporados firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC.
El texto de INDEPAZ también explica que en el tercer uribato se han consolidado homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en 29 de los 32 departamentos del país siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos con más muertes.
Bajo el gobierno de Duque nadie se salva de la violencia. Así lo demuestra el hecho de que, en 2018 se presentaron 109 muertes violentas de miembros de comunidades indígenas.
Entre enero y septiembre de 2019, según el Instituto Nacional de Medicina Legal fueron asesinados 83 indígenas de 18 comunidades. La mayor cantidad de víctimas violentas se concentraban en las etnias Nasa, Wayuu, Pasto y Embera. Según INDEPAZ, a mitad de 2020 ya son 40 los líderes indígenas asesinados en Colombia.
Y bajo la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP documentó que en 2018 ocurrieron 200 amenazas a periodistas y 477 agresiones. Mientras que 177 amenazas, 360 agresiones, dos asesinatos, cuatro casos de exilio y 66 acosos judiciales con fines de censura que afectaron a periodistas ocurrieron en el país durante 2019.
Como bien se puede apreciar, todos estos asuntos tienen que ver con la indiferencia que el gobierno central quiere manejar el país. A los verdaderos amos de esta republiqueta les da asco el resto de Colombia y por ello creen que la nación termina donde acaban los barrios de élite de Bogotá o que va hasta los linderos de sus gigantescas fincas.
Por eso no sorprende la desconexión de los gobernantes con el resto de territorios, por eso no sorprende, aunque debería ser motivo para pellizcarnos, que estemos como estemos.
Por eso no sorprende que la respuesta del gobierno a todos los asuntos acá mencionados sea siempre la misma: un insípido tuit que lamenta los hechos “profundamente”, una promesa vacía de llegar hasta las últimas consecuencias y una ineficaz advertencia de llevar a los culpables ante la justicia… eso sí sin decir ni cuándo ni cómo. Total, la inutilidad.
El gobierno Duque se caracteriza por hacer como el avestruz y negar todo aquello que no puede ver («¿De qué me hablas, viejo?»), porque para el hombre que supuestamente nos gobierna todo está bien. Pero no, al menos en orden público realmente nada está bien en la Polombia de Duque.
su estrategia es admirable, maravillosa para la calumnia, la tergiversacion, la desorientacion etc.
ante un fondo con repeticion de INSEGURIDAD, MINAS, MASACRES, ASESINATOS pone la figura de nuestro presidente pero creo que quedaria mejor las guerrillas con todos sus tentaculos como bacrim, narcotraficantes, disidencias, sicariato, que son los que les liciria este fondo en vez del presidente, esta nadie se la va a creer, claro que de la calumnia algo queda
no le pregunte al presidente por los niños reclutados que ivan a entregar las guerrillas, preguntele a la guerrilla porque no entregan esoss niños.
porque cuando empezaron negociaciones prometieron entregarlos, pero luego sostubieron que no reclutaban niños y luego que lograron las negociaciones para sostener su mentira los ASESINARON!!!!