Disputa por la memoria

El pasado 3 de marzo la Asociación Minga retiró material relacionado con el conflicto armado que estaba en custodia del CNMH. La labor de retiro de cerca de 66 cajas, en las que había información que cubre un período de cerca de 25 años del conflicto armado, se llevó a cabo, mientras en paralelo, distintas organizaciones y colectivos participaban en un evento simbólico rechazando la nueva administración del CNMH. 

Los reclamos

La gestión de Darío Acevedo ha generado un ambiente hostil para las organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones de víctimas involucradas con el conflicto. Las declaraciones de Acevedo, asegurando que los “falsos positivos” fueron una práctica que no era mediada por el Estado, “sino que pudo haber sido malinterpretada la orden”, fue uno de los puntos álgidos en la relación entre la CNMH y las víctimas. Los comentarios de Acevedo no pasaron desapercibidos y fue citado al Congreso para rendir cuenta de sus afirmaciones. Tras la repercusión de esas declaraciones, sumadas a la gestión que adelantaba hasta ese entonces, Acevedo ha sido señalado de estar alineado con la ideología del Gobierno, haciendo de la CNMH una institución de propaganda, alejada de su propósito de generar verdades sobre el conflicto.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, señaló que “El Centro de Memoria cambió de enfoque con el nuevo director, no reconoce el conflicto armado y todo el trabajo que nosotros hemos hecho en el marco del conflicto armado”. A esas declaraciones, se suman las de otros colectivos, que inclusive, antes del nombramiento de Acevedo, ya preveían la posibilidad de impases en el futuro, que premonitoriamente se dieron.

La organización

La Asociación Minga es “una organización defensora de Derechos Humanos que se articula al movimiento social y contribuye a crear condiciones de Vida Digna en los territorios y comunidades de Colombia”. Esta organización ha trabajado por más de 20 años, velando por la protección de los defensores de derechos humanos en el país, bajo unas líneas conceptuales u objetivos, definidos según la propia organización:

 1. Ampliar el marco de protección y garantías de los derechos humanos para la acción del movimiento social colombiano.

2. Apoyar la permanencia de las comunidades en sus territorios de manera autónoma y acorde con sus planes de vida.

3. Contribuir al fortalecimiento del movimiento social y/o de las organizaciones sociales.

4. Participación del movimiento social en la superación política del conflicto armado y en la construcción de paz.

La organización ha estado involucrada indirectamente con la política, al hacer controles de las instituciones con base en la amplia documentación que guardan del conflicto en Colombia, presentando informes como “Somos Defensores”, en donde también se analiza el panorama político y social actual; así mismo, ha acompañado jurídicamente a Gustavo Petro en un caso abierto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las sanciones que le impuso el exprocurador Alejandro Ordóñez cuando Petro fue alcalde de Bogotá.

Se puede inferir que la desconfianza de la Asociación Minga se da, en parte, por la dinámica con la que se ha hecho la gestión desde el CNMH que, con Acevedo, se ha manejado con base en la ideología del uribismo. La postura a favor del Gobierno deja en vilo la comunión entre las distintas organizaciones de Derechos Humanos que trabajan de la mano con la CNMH. A esta situación, se suma, la poca aceptación que tendrían en la CNMH los informes que tienen que ver con el conflicto, en donde miembros del partido del Gobierno se encontraran afectados, como el más reciente titulado: “De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales 2002-2008”, en donde se “presenta un contexto general que describe la situación histórica social, política, y económica del departamento entre los años 2002 y 2008, periodo de inicio y desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática”. Junto a ello también se presenta información de los diferentes actores involucrados en las dinámicas del conflicto armado en los municipios de Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Arauca”.

El manejo del CNMH

Según su sitio web, la CNHM tiene bajo su responsabilidad tres programas:

1. Reparaciones simbólicas que son ordenadas por jueces de la República para comunidades que han requerido la asistencia del Estado.

2. Iniciativas de memoria que consisten en adelantar trabajos de campo con las comunidades y personas que fueron víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado en Colombia.

3. Apoyo a la investigación académica que contribuya al esclarecimiento del conflicto armado colombiano.

Si se ponen en consideración los dos últimos programas, las Organizaciones de Derechos Humanos, que han estado en desacuerdo con el nombramiento de Acevedo, tienen un rol parecido en la sociedad, ya que los informes que presentan dichas organizaciones abarcan una variedad amplia de temas relacionados con el conflicto, en donde, generalmente, se pone la narrativa de las víctimas como eje principal de las distintas publicaciones que se llevan a cabo año tras año; en su mayor parte, gracias a inversiones de organismos internacionales que financian la labor de los investigadores.

Por lo tanto, no le convendría al CNHM despojarse del apoyo de las organizaciones que tienen experiencia en la investigación sobre temas del conflicto, ya que, en perspectiva, asociaciones como la Minga, tienen un bagaje mucho más amplio de investigación que el mismo CNHM, que fue creado recientemente, en el 2011, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011. Paradójicamente, Acevedo ha declarado desacuerdos conceptuales con la Ley de Víctimas, ya que ha afirmado que “Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”. Esa disputa conceptual ha hecho que algunos salgan como la Asociación Minga, y otros quieran ganar terreno, como Fedegan.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, mantuvo una reunión con Acevedo en la que se entregó el informe “Acabar con el Olvido”, que en palabras de Lafaurie, en dicho informe “Los listados de víctimas alcanzaron 6.202 nombres y 1.936 testimonios. Este material, producto de un juicioso trabajo de campo”. A su vez, agregó palabras de elogio para el propio Acevedo, “Es una clara expresión de su objetividad como investigador frente a la problemática del llamado conflicto”, refiriéndose al hecho de que Acevedo aceptara su invitación.

La discusión por el manejo de la CNHM, ha ganado cada vez más notoriedad, ya que el trabajo de reconstruir la memoria, parece estar alineando según la forma de ver el conflicto del dirigente de turno. El manejo de esta entidad está en el foco de la agenda del Gobierno, ya que los informes que salen de ese organismo tienen impacto nacional, al estar orientados a esclarecer situaciones de la historia del país que se mantienen relegadas al olvido. Los más afectados, como sucede siempre, son las víctimas, cuyos nombres pululan entre los discursos de los funcionarios como una abstracción del conflicto armado.