Dimensiones del Desarrollo (in) Sostenible

Lo acaecido en Mocoa se puede calificar como una tragedia socio ambiental cuyo análisis y comprensión inicial debe partir de reconocer que el desarrollo planteado en la región que se extiende a lo largo y ancho del valle del Sibundoy, y por supuesto, el que impera en otras regiones del país, resulta social y ambientalmente insostenible.

Para el caso colombiano, el desarrollo deviene insostenible al revisar varias dimensiones y los elementos constitutivos de cada una de estas. La primera dimensión de ese desarrollo proclive a generar, facilitar y dar la dimensión de catástrofe a eventos que bien podrían minimizarse sus estragos al estar asociados a “causas naturales” y al Cambio Climático, tiene que ver con la Institucionalidad Estatal.

En esta encontramos elementos que dan cuenta de la desidia de funcionarios públicos, como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y jefes de planeación en los órdenes local y regional, que han permitido de diversas maneras que la institucionalidad pública sea cooptada y capturada por particulares poco interesados en dar cuenta de aquello que debería de ser connatural a la función pública: la búsqueda del Bien Común. Lo anterior sucede gracias a los débiles, poco eficientes y efectivos organismos de control, como Contralorías y Procuradurías. En general, estamos ante una enorme precariedad del Estado e incluso ante su inexistencia, en parte gracias al sempiterno centralismo bogotano.

La segunda dimensión con la que podemos caracterizar el desarrollo insostenible está íntimamente ligada a la primera: la Institucionalidad Privada, que para el caso colombiano, resulta de una vigorosa acción política y económica de actores y agentes de la sociedad civil a los que poco o nada les interesa la búsqueda de un desarrollo que no supere los límites de resiliencia de los ecosistemas naturales y el cumplimiento de las normas técnicas y los marcos legales existentes en la normatividad ambiental.

Exhiben aquí su poder económico y político disímiles asociaciones y organizaciones locales y por supuesto, multinacionales capaces de anular, revertir, atrasar o disponer de la acción estatal, cuando sus particulares intereses entran en conflicto con organizaciones sociales (de campesinos, afros e indígenas), e incluso, con los propios intereses económicos de funcionarios públicos que dentro del Estado agencian los negocios (ethos mafioso) de otros particulares o agentes de esa sociedad civil que promueven un desarrollo proclive a generar y permitir eventos y catástrofes como la que hoy enluta a esa parte de Colombia que al parecer sigue haciendo parte de eso que se conoció como los Territorios Nacionales, para indicar la lejanía identitaria, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo económico, con la “identidad nacional” anclada exclusivamente a la acción y en el poder administrativo del Estado central (Bogotá).

Una tercera dimensión atraviesa transversalmente a las dos anteriores: el ejercicio mafioso de la Política. Los elementos constitutivos de esta dimensión son el clientelismo, el incumplimiento de las funciones de autorización, vigilancia y control de los agentes del Estado responsables de la planeación en los ámbitos rural y urbano, así como de la ejecución de obras y de todo tipo de actividades antrópicas como la ganadería, minería (legal e ilegal), exploración de hidrocarburos y crecimiento urbanístico y desplazamiento forzoso, entre otros, presentes en lo sucedido con la avalancha que casi arrasó por completo al desordenado y mal planeado municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo.

Una cuarta dimensión legitima y ampara las actividades estatales y privadas, así como la inacción del Estado: el Modelo Económico de Desarrollo Extractivo. Los elementos de esta dimensión advierten un claro descentramiento de la Política por la fuerza de la Economía de Mercado, en el contexto de un “capitalismo salvaje” que se sirve de la débil institucionalidad estatal promovida desde las huestes de unos vigorosos, pero irresponsables actores y agentes de la sociedad civil que, articulados a la reprimarización de la economía, a la extranjerización de la tierra y al crecimiento de ciudades como centros de poder económico y político, garantizan un desarrollo insostenible a expensas de territorios rurales y ecosistemas naturales estratégicos (selvas, llanuras y subsistemas hídricos).

Imagen cortesía de Telemundo.

Y la quinta dimensión es la Cultura Dominante que, resultado de los valores socio ambientales que se desprenden de la lógica económica extractiva, de la arrogancia antropocéntrica, de la equivocada acción estatal y de la incomprensión en todas las esferas de poder, desconoce el papel que debe cumplir el Estado como un tipo de orden sobre el que recae la responsabilidad de garantizar un desarrollo que no agote o sobre explote los recursos naturales, que no genere peligrosos desequilibrios ecosistémicos y especialmente, que reduzca las condiciones de un Buen Vivir a unos pocos privilegiados que cuentan con el suficiente poder político (ethos mafioso) y económico para someter la institucionalidad estatal.

Al cruzar estas dimensiones en los análisis que ya se están haciendo sobre lo acaecido en Mocoa, la conclusión podría ser la siguiente:

Colombia está lejos de diseñar y garantizar regiones sostenibles al mantener un modelo de desarrollo extractivo que solo beneficia a los más poderosos, gracias a una pujante y corpulenta acción privada, garantizada por un Estado débil y precario, operado por funcionarios públicos indolentes e irresponsables.

Todo lo anterior, sistémicamente articulado a la cosmovisión dominante con la que se viene comprometiendo la vida de los más humildes, la función pública y el equilibrio de los ecosistemas naturales. Hoy fue Mocoa, mañana podrá ocurrir en otro lugar. Esa es una de las “virtudes” del desarrollo (in) sostenible.