Permitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitar el trabajo que el Centro Democrático (CD) y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen y talante eminentemente jurídico, a un carácter político.
La probada compra de la reelección presidencial que permitió que Álvaro Uribe extendiera su mandado por cuatro años más (2002- 2010) , obedece a una práctica corrupta que destapó lo que el país conoció bajo el nombre de “yidispolítica”. La condena proferida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Diego Palacio no debería ser de conocimiento de los magistrados de la JEP, en tanto que en razón y en el contexto del conflicto armado interno no puede justificarse la comisión del delito de cohecho en el que están comprometidos Palacio y otros ex ministros, además de la también condenada, la ex congresista Yidis Medina.
Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de la administración Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una especie de corte de revisión y/o instancia de casación de casos de corrupción política.
En su carta, Palacio señala que existe una conexión natural entre la PDSD (Política de Defensa y Seguridad Democrática); su continuidad, a través de la reelección de Uribe Vélez, y el devenir del conflicto armado interno en la medida en que gracias a su aplicación, los hechos bélicos se escalaron: se profundizó el desplazamiento forzado; aumentaron los “falsos positivos” y se degradó el conflicto armado, todo en el marco del objetivo estratégico (con un carácter vindicativo por parte de Uribe) de eliminar militarmente a las Farc. En la misiva del ex ministro se lee que la “reelección… tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad de la Política de Seguridad Democrática, eje central de su plataforma en el periodo 2006-2010 la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra grupos armados”[1].
Lo que olvida Diego Palacio es que en el documento jurídico-político que dio vida a dicha política pública y justificó la acción militar del Estado para acabar militarmente con las guerrillas (en especial, con las Farc) no se reconoce la existencia del conflicto armado, por el contrario, se reducen las acciones armadas de la subversión a una amenaza terrorista. . De esa forma, Uribe, su gobierno y por lo tanto sus altos funcionarios, desconocieron los derechos de las víctimas, así como invalidaron la tesis histórica que señala que el Estado y las guerrillas son actores políticos armados enfrentados de tiempo atrás por el control del territorio y la conquista de la población civil.
Quizás, entonces, el magistrado que revise la solicitud elevada por Palacio encuentre en dicha contradicción, conceptual y política, y en el hecho punible por el que fue condenado el solicitante, razones para impedir que a la JEP lleguen asuntos y casos de corrupción que claramente afectarían la imagen y el carácter jurídico que los negociadores del gobierno y las propias Farc le dieron a dicha jurisdicción en el Acuerdo Final.
El argumento que esgrime Diego Palacio es deleznable en la medida en que Uribe y las fuerzas estatales actuaron militarmente no para reducir o someter a las fuerzas subversivas, sino a unos terroristas. En esa línea, pretender conectar la espuria reelección de Uribe con el devenir del conflicto y en particular con la «necesidad» de acabar con las Farc resulta un exabrupto jurídico-político dado que se desconoció el estatus político de las guerrillas, el origen social, económico y político del conflicto armado interno y por esa vía, se concluye que las decisiones militares adoptadas durante el mandato de Uribe estuvieron siempre alejadas del propósito u objetivo del que habla Palacio al aludir a la imperiosa necesidad de extender cuatro años más la aplicación de la Política de Seguridad Democrática.
Imagen cortesía de: Semana.com
Ahora bien, dada la evidente y explicable lealtad de Diego Palacio con el hoy senador Uribe Vélez, bien podríamos pensar que la solicitud del ex ministro hace parte de una muy bien pensada estratagema política del CD y su líder para deslegitimar una jurisdicción que les preocupa, en la medida en que allí muy seguramente comparecerán militares y otros ex ministros que bien pueden dar cuenta de la responsabilidad política que recae en Uribe y en los consejos de ministros, por aquello de la responsabilidad de mando, en donde se tomaron decisiones militares que de manera directa o indirecta terminaron en la violación de los derechos humanos y en la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de agentes del Estado.
Es probable que aparezcan otras solicitudes como la que acaba de elevar a la JEP el ex ministro Diego Palacio. Ojalá no se caiga en el error de convertir la jurisdicción especial para la paz en una instancia para revisar prácticas dolosas y corruptas de quienes usaron las circunstancias del conflicto armado interno para concentrar el poder y debilitar el orden constitucional, al tiempo que desconocieron la naturaleza política de la guerra interna.
