En este país tuvieron que asesinar a una mujer, a la lideresa política Policarpa Salavarrieta para conmemorar una fecha especial, con motivo de resaltar el valor cívico de todas las mujeres colombianas… un poco irónico para un país en el que insultan, agreden y matan a las mujeres a diario, ¿no?
¿Por qué celebramos el día de la mujer colombiana?
En honor al sesquicentenario aniversario del asesinato de la “Pola», se aprobó la Ley 44 del Congreso de la República bajo la administración del presidente Carlos Lleras Restrepo. ¿Cómo murió la Pola? Esta heroína cundinamarquesa fue vilmente asesinada por el Concejo de Guerra durante la Reconquista Española, bajo las manos colonizadoras de los españoles.
La Pola ejerció un rol de espía a favor de los independentistas locales. En nuestra sociedad, las mujeres tienen que ser asesinadas para poder ser recordadas o su legado visible; no solo por el hecho de ser mujeres y fuentes de vida, sino por su valor cívico, su aporte a la construcción de nación y su osadía de batallar en la arena política.
En Colombia, en promedio, aproximadamente cada día asesinan a cuatro mujeres bajo el delito tipificado como feminicidio. Según el director de Medicina Legal, el Dr. Valdés, la violencia contra la mujer va en aumento, casi en un 8.5% con un 90% de impunidad en la mayoría de los casos reportados y los que quedan en el silencio absoluto, peor aún.
Continúa diciendo que “en los últimos cinco años 6.013 mujeres han sido asesinadas.” Además, el Dr. Valdés hace énfasis en que las soluciones a la actual situación de violencia, no se hacen efectivas con castraciones químicas o con cadenas perpetuas: “estamos haciendo lo que hace un médico cuando receta un acetaminofén cada seis horas” … o sea, nada.
Este proyecto de ley, nuevamente lo están tramitando en el Congreso, en esta ocasión, algunos representantes con cierta filiación con el gobierno y, al parecer, con el visto bueno del presidente actual, Iván Duque…lo que llamaríamos “populismo punitivo”.
En lo que va recorrido del año, van reportados 399 casos de feminicidios; casi la mitad de homicidios cometidos en el país, son feminicidios, según lo denunciado por la Defensoría del Pueblo … desolador, ¿cierto?
El día 23 de noviembre se conmemorará 10 años de la Ley 1257 de 2008 (“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penales, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones«) en un foro organizado por la Red Nacional de Mujeres de Colombia con apoyo de ONU Mujeres y USAID en la Universidad Externado de la ciudad de Bogotá.
Un balance general que se podría hacer sobre la implementación y efectividad de esta ley es que es mínimo su alcance y las cifras de violencia de género van en aumento a través de los años: la falta de voluntad política desde el gobierno en el cual fue expedida la ley y hasta el presente, es evidente.
El presupuesto asignado para las entidades y programas dedicados a realizar pedagogía, control y seguimiento a esta ley destinada a erradicar la violencia contra las mujeres siempre ha sido insuficiente.
Y es peor, pues al llevar la respuesta institucional a los territorios, y coordinar con los mandatarios locales y sus administraciones locales, no asegura ni el acceso a la justicia por parte de las mujeres que denuncian el maltrato, la sanción de los casos para evitar más impunidad, ni la apropiación del enfoque de género en las decisiones judiciales y, mucho menos, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia de cada rincón del país.
Además, Medicina Legal no tiene cobertura en los 1.100 municipios, solo en 132 de estos, hay presencia de esta institución que también es crucial en la prevención, investigación y de recepción de la triste etapa final de la ruta del feminicidio.
Más allá de seguir expidiendo leyes que castiguen —al menos en el papel— la violencia de género, falta voluntad política para darle prioridad a estos asuntos en la agenda nacional, en todos los gobiernos de turno. Además, la política de género debería pasar a ser una política de Estado como lo es de “Cero a Siempre”, para así canalizar un rubro significativo que ayude a mejorar la articulación entre las instituciones públicas y la población víctima de esta violencia.
No solo el Estado y sus entidades debe reportarnos cuántas mujeres han sido asesinadas en lo corrido del año, es necesario prevenir estas muertes, empezando desde atender inmediatamente los casos denunciados por maltrato y acoso de todo tipo (psicológico, verbal y físico).
Luego hay que darle trámite en la justicia ordinaria, para que no transcurra tanto tiempo para que haya un fallo condenatorio en contra de los maltratadores, abusadores, violadores y asesinos de nuestras niñas y mujeres; además de brindarles todas las garantías a las mujeres para que puedan denunciar, que sean escuchadas y no revictimizadas, y facilitarles la búsqueda de la autonomía económica para mejorar sus condiciones de vida.
Si ordenamos las prioridades de gestión del mismo gobierno e instituciones públicas, para mejorar su capacidad de respuesta ante las demandas de la población femenina, seremos capaces de ir cambiando patrones culturales ligados a la violencia estructural-patriarcal, que permita llevar la justicia con perspectiva de género hasta los lugares más remotos de la geografía nacional.
Dignificar la existencia de las mujeres va más allá de expedir leyes para conmemorarlas, debemos protegerlas de la violencia que día a día se evidencia en la población colombiana. Todas somos Polas por nuestro valor cívico, pero no debemos sufrir su mismo destino trágico para ser protagonistas en la memoria histórica del país.
Foto tomada de: El Heraldo Argentina.
