Después de 15 días de paro nacional, ¿hay salidas?

Columnista:

Germán Ayala Osorio

Después de 15 días de movilizaciones y protestas van quedando claros varios asuntos que bien vale la pena recoger, de cara a pensar salidas institucionales a la grave coyuntura que hoy vivimos en Colombia.

El primero de esos asuntos señala que hay una evidente crisis institucional y de la institucionalidad derivada, que claramente indica que los partidos políticos, los políticos, los gremios y diversas asociaciones de la sociedad civil  y el Congreso de la República, hoy no representan social y políticamente al grueso de la población que marcha y tapona las vías. Por el contrario, hacen parte de un proceso lento, pero sostenido de degradación moral, de ahí la dificultad para entablar diálogos directos con quienes protestan, pero no las reconocen como faros que iluminen el camino.

Es tal la desconexión de eso que llaman el país político y el país nacional que de manera torpe, algunos que hacen parte del primero, se atreven a proponerle al Gobierno que declare la conmoción interior para tratar de conjurar una crisis que, en gran parte, es de credibilidad y legitimidad. El asunto es más profundo: en amplios sectores sociales, sus miembros están cansados del perfil, del carácter de la clase política y empresarial y del ethos mafioso que guía sus vidas. Los miembros de esos sectores de poder son vistos hoy como parásitos y responsables de los problemas de desempleo, pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y una altísima corrupción público-privada. Así entonces, el malestar social en ciudades como Cali, Pereira, Medellín y Bogotá, entre otras, debe ser entendido y atendido mirando esa realidad: la gente le perdió el respeto y el miedo a sus gobernantes, a la clase empresarial y política.

El segundo asunto tiene que ver directamente con el uribismo, encarnado en la figura insustancial de Iván Duque, asumido por los manifestantes y en general por un importante número de colombianos, como un títere, un embaucador y un timador. Esa negativa representación social de quien funge como presidente de la República, nominalmente hablando, toca a todo lo que representa el uribismo, en la medida en que fue Uribe Vélez, de la mano de Sarmiento Angulo, entre otros agentes económicos de la sociedad civil colombiana, quien lo puso en la Casa de Nariño para dar continuidad a las políticas neoliberales y mantener un desarrollo económico insostenible, pero deseable para las minorías que se favorecen de este. Es decir, banqueros, latifundistas, ganaderos y grandes empresas que se benefician de la política de exenciones y subsidios, sin que ello se refleje en la generación de empleo.

Un tercer elemento o asunto deja entrever la inconveniente operación de un hiperpresidencialismo que no solo le resta poder de decisión a los mandatarios regionales, sino que los deslegitima, en particular cuando el jefe de Estado actúa, con visos totalitarios y dictatoriales, de espaldas a las realidades locales. El laboratorio político-militar-policial que montaron Uribe y Zapateiro en Cali, expresa, de un lado, la desconexión y la falta de comprensión del Gobierno central de lo que sucede en la capital del Valle del Cauca y en el departamento mismo; y del otro lado, la imposición de un régimen de mano dura en la ciudad de Cali, fruto del carácter vindicativo con el que Uribe entiende la decisión de varios dirigentes empresariales locales de tomar distancia de eso que se llama el uribismo y, por supuesto, del político que inspiró el nacimiento y la consolidación de esa secta que hoy tanto malestar genera sobre todo en los jóvenes. A lo que se suma la molestia que siente Uribe por el rechazo que la mayoría de los caleños viene expresando de tiempo atrás de su figura política y de todo lo que lo rodea.

Y un cuarto asunto tiene que ver con el desbordamiento de la protesta social, que inicialmente encarnó el comité nacional del paro, en cabeza de las centrales obreras y Fecode, entre otros sectores. En estos momentos, esas instituciones no tienen el control de los marchantes y de quienes resisten en las trincheras que bloquean las vías locales, regionales y nacionales.

¿Cuáles son las salidas?

Dada la complejidad de esta coyuntura, pensar salidas o soluciones constituye una tarea igualmente compleja y difícil. Aquí el esfuerzo no solo es económico para atender la miseria y la pobreza que acorraló a millones de colombianos y en particular a amplios sectores poblacionales de Cali, convertidos en el foco de las violentas arremetidas de la policía y del Esmad.

Quizás una de las soluciones a la grave crisis esté atada al escenario electoral de 2022. Esa salida está representada en la urgente necesidad de sacar del Estado a quienes de tiempo atrás lo capturaron y lo tienen operando con criterios corporativos y familiares. Esa posible solución supone la decisión del régimen de darle la espalda a Álvaro Uribe por el evidente cansancio que en las calles expresan millones de colombianos debido a los excesos cometidos por el latifundista, por su discurso violento y camorrero y en general, por todo lo que este representa para fuerzas políticas legales y para grupos al margen de la ley que simpatizan con sus ideas.

El llamado a una asamblea nacional constituyente o una asamblea constitucional (cerrada), si bien es un camino posible, en estos momentos no es deseable por cuanto quien dirige los destinos del Estado, está capturado y sometido a lo que diga y ordene el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Además, ese escenario no es posible por ahora, porque el régimen en sí mismo no está en riesgo. Y esperar de sus principales figuras un acto de responsabilidad y generosidad se asume de antemano como utópico.

Se requiere pensar en un gran pacto político nacional, sostenido en la inexorable necesidad de que todos los colombianos proscriban de una vez por todas ese ethos mafioso que se consolidó en Colombia desde el 2002, el mismo que de la mano del todo vale, naturalizó la corrupción público y privada.

También es importante insistir en el desmonte del Esmad y en generar una purga al interior de la Policía Nacional, desdibujada hoy por los excesos y la brutalidad de varios de sus miembros. Sacarla del Ministerio de la Defensa es apenas un gesto positivo, porque lo que se necesita es un «cambio en la cartilla», la misma que ordena ver a los estudiantes y marchantes como el nuevo enemigo interno.

Mientras lo anterior se da, bienvenidos los esfuerzos que ya hacen la Iglesia católica, en cabeza de monseñor Darío Monsalve, algunos congresistas y el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, en aras de desactivar esa caldera social que ha venido haciendo explosión en la «sucursal del cielo» y en otras ciudades capitales.