Autor:
Jeison Esteban Tabares Álvarez
Fotografía:
Camilo Moreno
«A ustedes la ley no los autoriza a desplazar a gente desplazada» le decía uno de los habitantes del barrio Guasimalito a los policías, quienes con motosierra en mano, demolían una de las tantas viviendas que la comunidad con mucho esfuerzo había levantado.
Relatan los afectados, que llegaron a estas tierras huyendo de los actores armados que a sangre y fuego se tomaron subregiones de Antioquia como el bajo cauca y zonas de otros departamentos, especialmente de Córdoba. Ante el temor de hacer parte de la extensa estadística de personas que perdieron la vida en el conflicto armado, optaron por reubicarse en el municipio de Bello, la denominada «centralidad del norte».
La situación para las familias a su llegada fue muy difícil, a su condición de desplazados se sumó la contingencia de salud pública originada por el COVID-19 que afectó de forma más pronunciada a los sectores más vulnerables, deber cinco meses de canon sobre la habitación en la que vivían con cuatro personas mas, no poder vender artesanías por el estricto confinamiento ni acceder a un empleo estable, son las situaciones comunes que forzaron a estas personas a vivir en el espacio público.
El pasado, 5 de agosto, en el auge de la pandemia, la Secretaría de Gobierno del municipio de Bello desplegó al Ejército Nacional, al Escuadrón Móvil Anti Disturbios y a la fuerza disponible de la Policía Nacional con el fin de tirar a la calle a las familias que temerosas se refugiaban en el barrio Guasimalito.
Con desdén, los funcionarios de la Alcaldía de Bello, encargados del operativo expresaban en reiteradas ocasiones que «ser desplazados no es excusa para vivir en el espacio público», a renglón seguido les acusaban de ser parte de grupos armados ilegales y se vanagloriaban de haberles hecho la «insuperable» oferta de 50.000 pesos por sus casas, de llevarse con la Policía a sus hijos y enviar a los ancianos a hogares geriátricos, lejos de sus familias .
Ante el tamaño del despliegue de la fuerza pública y la precaria oferta institucional, las más de 30 familias optaron por una de dos acciones, auto albergarse o, como lo muestra la desgarradora realidad: vivir con sus seres queridos bajo un puente en las inmediaciones de la autopista.
La situación en el momento es absolutamente precaria, las familias se encuentran enfrentando la peor pandemia de este siglo: sin acceso a agua potable, hacinados bajo un puente con sus vecinos, sin la posibilidad de encender fogones so pena de una nueva intervención policial, sin implementos de bioseguridad y turnándose las únicas dos camas que lograron rescatar para todas las personas que fueron desalojadas.
Hoy, para muchos bellanitas surge la pregunta ¿Está bien que la alcaldía, con la excusa de salvaguardar un terreno vacío, lleve a situación de calle a niñas, adolescentes, adultos mayores y a víctimas de la violencia?
No estoy de acuerdo con este tipo de procedimientos menos si no le pueden por lo menos, garantizar los mínimos requerimientos de derechos a los niños y jóvenes, deberían por lo menos garantizarles un hospedaje en un albergue o en un sitio donde puedan vivir con dignidad.