Del pacto por la unión al estado de opinión y el autoritarismo

El presidente Duque viene haciendo trizas su propósito de un pacto por la unión para acabar con la polarización en el país, que tanto pregonó desde su discurso de posesión el siete de agosto del año pasado. El último golpe certero a ese objetivo lo dio hace unos días con la objeción por inconveniencia a seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Desde su investidura como primer mandatario, una gran parte de la sociedad colombiana ha venido advirtiendo con profunda preocupación, la transformación de su propuesta conciliadora en otra más afín con las preocupaciones de su mentor y auspiciador político, el senador Álvaro Uribe Vélez.

Pero se veía venir. Desde cuando el expresidente, hoy senador, propuso la unificación de las altas cortes, nuestro actual mandatario indicó que la propuesta no podía echarse en saco roto y que era sano para la democracia debatir el tema.

En este gobierno se nos impuso la limitación al porte y tenencia de sustancias psicoactivas ilícitas que no excedan de la dosis personal. Se quiere volver a la aspersión con glifosato, sin importar el riesgo para la salud, es decir con violación del principio de precaución. Y ni hablar del fracking.

Se dijo que debía reglamentarse la protesta social (en términos concretos, represión) y una senadora del partido de gobierno presentó un proyecto de ley para acabar con la restitución de tierras.

Para mencionar otros puntos claves en el periplo de la transformación de la propuesta “conciliadora”, un senador que apoyaba, para ese momento, la coalición de gobierno en el Congreso, presentó un proyecto de ley que limita el ejercicio del periodismo.

Otro, presentó uno que limitaba la libertad de cátedra que posteriormente dijo retirar porque, según su opinión y la de su partido, se está adoctrinando a los niños en nuestro país. Sobre este tema vale la pena resaltar la ira que le ocasionó al expresidente Uribe la fotografía que circuló en las redes sociales donde aparecía un grupo de educandos, de los Montes de María, con un cartel que decía: “Abrazamos la JEP”. Triste, ¿no les parece?

Para rematar, se quiere armar a las “personas de bien”. Se retomó el tema del terrorismo (teoría del enemigo interno) y se continuó con la ofensa y degradación del contradictor u opositor, como sucedió en días pasados, cuando la senadora Paloma Valencia calificó de narcoterrorista a Pablo Catatumbo, exintegrante de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Irónico. El hecho ocurrió en la Comisión de Paz del Senado.

Pero surge un problema de ese propósito de transformación que los miembros del partido de gobierno desean a como dé lugar.

Cuando no es posible obtener las mayorías en el Congreso, para sacar adelante esas propuestas que limitan y restringen derechos fundamentales o que tienen como finalidad “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo de Paz”. O cuando la Corte Constitucional se interpone en el camino, se plantea el uso de otros mecanismos que tienen como fundamento, ya no las mayorías en los órganos de representación popular sino las mayorías ciudadanas a través de los votos.

Se acude a la estrategia del Estado de opinión, caracterizado, según lo afirmó alguna vez en entrevista José Obdulio Gaviria, por un gobierno en contacto permanente con la ciudadanía, que tiene entre sus principales herramientas el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.

Precisamente, se acude a esto justo en el momento en el que la separación de poderes, los controles y la sumisión del gobernante al impero de la ley y a las decisiones judiciales no sirve ni conviene para los propósitos particulares de quienes detentan el poder.

Como en el caso en que se objeta por inconveniencia un proyecto de ley de manera abiertamente improcedente, descociendo una sentencia de control de constitucionalidad que tiene efectos respecto de todos (erga omnes), y la Corte Constitucional anuncia que intervendrá nuevamente para controlar el trámite de las objeciones.

Soplan vientos de cambio. Aparece entonces en el escenario político la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente o un referendo, para que sea el pueblo quien decida sobre esas reformas abiertamente antidemocráticas e inconstitucionales que por los medios ordinarios no ha sido posible imponer.

El riesgo de esta propuesta es que el líder popular que tiene la posibilidad y capacidad de desinformar, manipular y distorsionar la verdad, necesaria para la decisión responsable que va a tomar el pueblo, y tiene las mayorías ciudadanas, obtiene de estas una determinación basada en el miedo, la desazón y el embuste y no en la realidad, como sucedió en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Además, con absoluto desprecio y desconocimiento de los derechos de las minorías.

De otro lado, con la utilización del mecanismo de participación popular de carácter constitucional y con la decisión que toma el pueblo sugestionado, se desconoce el sistema de pesos y contrapesos, esencial en los sistemas democráticos.

En armonía con el querer del pueblo (opinión manipulada) expresado en la urnas, se logra entre otras cosas la limitación y restricción de los derechos, para dar paso al ofrecimiento de restauración del orden y la seguridad, cumpliendo así las promesas de mano dura contra el terrorismo y el narcotráfico, de combatir la impunidad, etc.

¿Les suena la estrategia: “estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”?

Cuando esto suceda, se habrá avanzado un escalón más hacia ese aciago destino de consolidación de un régimen autoritario que con gotero nos viene inoculando el mandatario de todos los colombianos, para darle gusto a su maestro y mentor.