Columnista:
Julián Escobar
De la amalgama de problemas que comienzan a surgir en Colombia a partir de la crisis social y sanitaria producida por el coronavirus, la ruralidad comienza a situarse en el centro del interés político y económico. De hecho, las protestas sociales que se vienen presentando en las periferias de las principales ciudades del país, reflejan un problema estructural que se ha acrecentando con el paso del tiempo.
Hace ya un mes, Alan Bojanic, representante de la FAO en Colombia, formuló un diagnóstico sobre el impacto de la COVID-19 y su afectación en la producción procedente del campo colombiano. Según el diagnóstico, la crisis sanitaria amplifica la vulnerabilidad tanto de las comunidades rurales como la de las zonas urbanas, quienes a pesar de sus diferencias sociales y productivas, están afectadas por un problema en común y es el de la inseguridad alimentaria.
El riesgo de desabastecimiento de productos provenientes del campo, manifiesta la carencia de políticas estatales en cuanto a la garantía de todas y todos los colombianos, y su acceso a los principales alimentos de la canasta familiar.
En este sentido, este desabastecimiento es el resultado de una combinación de problemas estructurales que parte de una economía rural mal planificada y la nula intervención estatal en un mercado que ha comenzado a agonizar por falta de garantías en cuanto a la disponibilidad y el acceso que beneficia los hogares colombianos. Por ejemplo, la carencia de una logística que, dadas las medidas de confinamiento, se refleja en las considerables pérdidas de cosechas que ha empezado a impactar paulatinamente el bolsillo los productores agrícolas, poniendo en riesgo el pleno acceso de alimentos en nuestro país.
Como se observa, el leve aumento de los precios de los productos agrícolas se debe igualmente a un proceso de especulación económica por parte de los intermediarios, quienes están aprovechando la crisis de la circulación de mercancías para beneficio propio. A esto se le debe añadir la disminución de la capacidad productiva de los campesinos, los cuales carecen de capital suficiente y/o la mano de obra necesaria, puesto que, a falta de ingresos, la producción como fase final se hace imposible.
Ahora bien, la FAO a partir del diagnóstico realizado, preconiza varias medidas que deben ser ejecutadas a partir de la acción directa de las autoridades públicas en cuanto al aporte de capital y una gobernanza inclusiva con organizaciones de productores para una reapropiación de la mediación mercantil en los territorios.
En respuesta a la emergencia del sector agrícola, el Ministerio de Agricultura lanzó un plan de líneas especiales de créditos con el programa Colombia Agro Produce, cuyo monto oscila los 1.5 billones de pesos. Sin embargo, gracias a la Contraloría General de la República, en cabeza de Gabriel Romero, podemos saber que el proceso que pretende otorgar dicho capital no tiene un criterio atado a “la seguridad alimentaria, el empleo y el abastecimiento”, puesto que tras el informe hecho por la Controlaría, esta entidad se plantea varias preguntas, entre ellas, la repartición de este capital de forma equitativa.
Las reglas son claras, el 80 % está reservado para pequeños y medianos agricultores y el resto para grandes productores del campo. No obstante, la publicación del Ministerio de Agricultura del 18 de marzo muestra que del total que ya se ha desembolsado, es decir, 253 mil millones de pesos, solo 897 pequeños productores, que ya hicieron la solicitud, se beneficiarán con 9 mil millones de pesos; mientras los 77 grandes empresarios rurales, en su mayoría ganaderos, se verán favorecidos con la irrisoria cifra de 213 mil millones de pesos.
Ahora, el Ministerio indica que “estos últimos prácticamente agotaron su cupo disponible”, pero estas cifras plantean la cuestión del acceso a estos créditos por parte de los pequeños agricultores, quienes ni siquiera aparecen en la base de datos para acceder físicamente a las entidades de créditos.
Es por eso que la Fundación Salva Terra, que acompaña a pequeños agricultores del departamento de Antioquia desde hace 9 años, plantea enfocar los esfuerzos a nivel de los territorios con una cooperación entre alcaldías, mutualizando los fondos públicos para la ruralidad. Con esta idea, la fundación participó en la mesa del plan de abastecimiento del departamento el pasado 14 de abril en el que la Secretaría de Agricultura de Antioquia presentó su Plan de Comercialización Agrícola ante el Gobierno Nacional.
Este plan está dividido en cinco ejes en los que se busca dar acceso al mercado a los campesinos tras el desarrollo de una red de cinco centros logísticos en el departamento. El primer centro será implementado en Marinilla dentro de algunos meses, posiblemente dos. Los campesinos podrán traer a un sitio específico su cosecha (haciendo más fácil y menos costosa la entrega) y así centralizar las cantidades de los productos, lo que permite aumentar las capacidades de intercambio y responder a las demandas de volumen de los distribuidores y consumidores. La entidad garantizará el pago a un precio justo y necesario, el cual busca mejorar el sustento de los productores y de sus familias. Este plan deberá ser financiado por la Gobernación de Antioquia, las alcaldías municipales y, por supuesto, el Gobierno Nacional.
Mientras el plan se proyecta como una buena medida en cuanto al replanteamiento de las cuestiones de ruralidad y las políticas necesarias para su apoyo, se debe buscar de igual forma mecanismos de comunicación en los que las y los campesinos, por lo menos se enteren de estas ayudas estatales, ya que falta articular mecanismos de comunicación y coordinación administrativa tanto a nivel municipal como departamental.
Por otra parte, la ciudad de Medellín viene presentando varios proyectos, entre ellos, Medellín Sin Hambre, liderado por el concejal del Partido Verde Daniel Duque, quien pretende materializar un proyecto subsidiario con mercados a familias de bajos recursos, olvidándose por completo que el problema radica en la distribución de esos mercados (tema que será abordado próximamente), sin embargo, el programa tendría que integrarse a la dinámica que viene adelantando la Gobernación de Antioquia, asegurándose la compra de productos locales para constituir los mercados.
Finalmente, como hemos observado, el departamento de Antioquia tiene un plan estratégico que intentará mitigar el problema del abastecimiento de alimentos a nivel departamental y municipal. No obstante, otros departamentos como lo son el Valle del Cauca, Cundinamarca y el Tolima (grandes expensas agrícolas del país), ya vienen adelantando proyectos similares. Por ejemplo, integrando enfoques diferenciales en cuanto al acceso de alimentos por estratos económicos, edades, localización y de género; al igual de una transversalidad institucional en la que se busca que todas las secretarías administrativas tanto departamentales como municipales, apunten a fortalecer una política en pro de la seguridad alimentaria desde un enfoque multidimensional.
Mientras no olvidemos que el Gobierno Nacional aún dispone de 1 billón de pesos en créditos para pequeños y medianos agricultores, se debe plantear la pregunta central y es ¿cual será la capacidad de endeudamiento de los pequeños productores del campo? Quizás una lectura completa de la cooperación regional nos permita entrever que el eje de la solución del posible problema de la inseguridad alimentaria, es una articulación entre entidades departamentales con presupuestos públicos dedicados a la ruralidad y la salud, sin olvidar un control del manejo de ellos y no otorgándoselo a mediadores crediticios como lo son los bancos privados.
La descentralización del poder a nivel regional es la solución, siempre y cuando, los pequeños productores se vean principalmente beneficiados, ya que de ellos dependen muchos productos agrícolas que terminan en nuestra mesa. La cuestión alimentaria y la ruralidad deben ser uno de los epicentros políticos en esta prolongada crisis, replanteando la organización de nuestros sistemas alimentarios para el mediano y largo plazo.
Nota: Investigación realizada en cooperación con Amale Zeggoud, profesional en políticas alimentarias (Francia).
Fotografía: cortesía de Andrés Amaya.
