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Después de las declaraciones dadas por ‘Juancho Dique’ a un columnista de El Espectador asegurando que «Las Auc no habríamos crecido sin la ayuda de la Fuerza Pública», desde La oreja roja decidimos revisar otras declaraciones generadas en otros medios con relación a los vínculos entre la fuerza pública y los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El pasado 27 de junio, el columnista Alfredo Molano Jimeno le realizó una entrevista a Úber Enrique Banquez Martínez, conocido como ‘Juancho Dique’, uno de los fundadores del Bloque Montes de María de las AUC. Después de haberse desmovilizado hace cerca de 16 años, se encuentra en libertad condicional y con brazalete electrónico.

Entre sus declaraciones dadas al columnista, y publicadas por medio de un hilo en Twitter, está que lugares como la Brigada 11 era un «batallón de violadores de los DDHH [sic]. A veces pienso que yo no encontré oportunidades distintas, a donde miraba lo único que había era un mundo de violación de los derechos humanos. En ese batallón fue donde yo me conocí con la gente de Salvatore Mancuso».

«Se comenzó con el apoyo de algunas personas: los batallones nos vendían el armamento, el camuflado, la munición, el fusil, la granada, la carpa. Se buscó una relación por Venezuela y otra por Nicaragua. Las lanchas que salían con cocaína volvían con fusiles». Publica Molano como declaración de Banquez.

Versiones como las dadas por Molano no han sido las únicas que han reiterado la complicidad entre los gobiernos del Estado colombiano con grupos terroristas como las AUC.

Otros medios

Según un artículo publicado por Verdad abierta en el 2011 en el que se recoge la complicidad entre los militares y los grupos paramilitares en la región del Urabá, en la audiencia de control de legalidad de José Everth Veloza, alias ‘HH’ y jefe de los bloques Bananero, en el Urabá antioqueño y Calima, en Cauca, Valle y Nariño; investigadores expusieron «pruebas de la presunta colaboración que militares de la Brigada XVII prestaron a paramilitares de los bloques Elmer Cárdenas, Bananero y Héroes de Tolová».

«Los militares y la policía tenían conocimiento de lo que hacían las Autodefensas, tanto así, que en Turbo, a media cuadra de la estación de la Policía, se cometían asesinatos sin que ningún paramilitar fuera capturado; además, en Turbo, Carepa y Chigorodó habían constantes asesinatos sin que ninguno de los paramilitares responsables fueran capturados», expresa un investigador de la Fiscalía.

Y es que en efecto, según Verdad abierta, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz aseguró la existencia de unión entre miembros de la fuerza pública y las autodefensas. Algo que no solo habría ocurrido netamente en zonas del norte de Colombia.

El suroccidente colombiano y menciones de Mancuso

Todos estos hechos están documentados no solo por medios de comunicación, sino también por los informes y documentos que produce y distribuye de forma gratuita instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En su serie de «informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones» se expone que quienes comandaban la cúpula de secciones paramilitares como el Bloque Calima, eran en su mayoría «exmilitares (Policía y Ejército) y exguerrilleros (EPL y FARC)».

De hecho, el informe refiere que el 27 % de los desmovilizados del Bloque Calima, pertenecieron «previamente a la fuerza pública».

La Policía y las autoridades militares, como lo declarado por el general Jaime Humberto Cortés Parada (q. e. p. d.), en ese entonces comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, negaron en 1999 la presencia de paramilitares en el Valle del Cauca. O por lo menos así lo estableció uno de los informes, en el que se omitió incluso la movilización de las fuerzas militares «hasta no tener una confirmación por parte de las autoridades civiles».

Lo contradictorio es que en ese hecho el gobernador de esa época y reemplazo de Gustavo Álvarez Gardeazábal, Juan Fernando Bonilla Otoya, dio declaraciones en las que «se inclinaba a pensar en que la procedencia del grupo que estaba haciendo presencia en la zona rural de Tuluá sí era paramilitar». Al día siguiente de las declaraciones, hizo afirmaciones contrarias al mencionar que «no había rastros de paramilitarismo».

Según un escrito del 2008 de la antigua revista Cambio, exparamilitares como Mancuso habrían mencionado, en una sala de la Corte Federal de Washington, la incursión de oficiales de las fuerzas armadas en relación al apoyo, facilitación y participación directa en masacres.

«general Iván Ramírez, comandante de la I División del Ejército; coronel Barrero, comandante del Batallón Junín adscrito a la XI Brigada; mayor Sanabria, oficial de Inteligencia de esta unidad; coronel Enciso, comandante de la Policía de Sucre; mayor Parra, comandante de la Sijín en Sucre; coronel Díaz Granados; coronel Matamoros y capitán Chamorro, adscritos al Grupo Mecanizado Maza, y coronel Pedreros, comandante de la Policía en Santander», asegura el artículo.

Respecto a hechos como los mencionados anteriormente, el año pasado El Espectador, en su escrito Ejército niega en un informe que haya tenido relación con el paramilitarismo, menciona que el Estado contaba hasta el 2019 con 22 sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones a los derechos humanos, «varias de estas por “omisión” a su deber frente a hechos delictivos perpetrados por paramilitares».

Fuentes: