Autora: Selene Soto Rodríguez
Todo comienza en Venezuela. Las mujeres embarazadas no tienen acceso a controles prenatales, vacunas ni medicamentos, entre muchas otras carencias. La crisis humanitaria del país ha impactado a tal punto el sistema de salud que miles de mujeres de escasos recursos enfrentan un dilema: se quedan en su país y se arriesgan a morir o se aventuran a caminar kilómetros hasta Colombia o Brasil en busca de mejores opciones en salud para continuar sus embarazos y dar a luz.
Otras mujeres, aún sin estar embarazadas, se ven forzadas a cruzar la frontera con la esperanza de un mejor futuro para ellas y sus familias, pero en el camino, especialmente en el cruce de la frontera a través de las trochas, son víctimas de violación. Otras caen en redes de trata con fines de explotación sexual.
Muchas otras, que no son víctimas de lo uno ni lo otro, la única opción que encuentran al llegar a Colombia es transar con sus cuerpos para obtener algo de dinero que les permita sobrevivir, tanto a ellas como a sus familias.
Para las mujeres, todas estas situaciones tienen consecuencias sobre sus cuerpos y sobre su salud. Son ellas las que deben asumir los costos de no contar con métodos de anticoncepción o de no recibir anticoncepción de emergencia, y en general servicios de salud a tiempo tras una violación; son ellas las que asumen la maternidad “a ciegas”, en pleno siglo XXI, sin saber cómo se va desarrollando el embarazo.
Son ellas las que, aún teniendo derecho, como en Colombia, no pueden acceder a un aborto legal porque o no se les informa que tienen esa posibilidad, o simplemente se les niega por su condición migratoria.
Este 26 de junio, con en el inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), vale la pena recordar que no garantizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva requeridos por las mujeres venezolanas, que han llegado a los diferentes países de la región; equivale a no atender adecuadamente la emergencia humanitaria que vive Venezuela, ni la crisis migratoria que ha desatado. Sería también la forma en que los Estados incumplirían su obligación de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.
Mujeres venezolanas protestando frente a la Asamblea General de la OEA, Medellín. Foto cortesía de: Colombia.com
Se habla mucho de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y de la crisis migratoria. Pero, como suele pasar con las crisis, poco se habla de lo que pasa con los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, en el proyecto de resolución que presentó Colombia a la OEA para enfrentar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región no existe la perspectiva de la atención en salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas. Tampoco en el proyecto de resolución sobre niñas, niños y adolescentes aparece un enfoque de las necesidades de salud que se producen en medio de la migración.
Esperamos que, lejos de lo que piden ciertos sectores políticos, la migración de mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a ser libre de violencia se analicen de manera indivisible.
Ojalá los países miembros tengan en cuenta una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que estableció que una niña venezolana que migró a Colombia embarazada y con diagnóstico de toxoplasmosis, y quien además fue víctima de violación en Colombia, estaba en una clara situación de vulnerabilidad al no haber recibido la atención en salud que necesitaba en su momento. Por eso, y con el objetivo de mitigar el daño, ordenó medidas de protección urgentes en salud para ella y su hija recién nacida.
También pueden tener en cuenta las recomendaciones realizadas en febrero pasado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer -CEDAW, por sus siglas en inglés-, y dirigidas a Colombia, en el sentido de atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, prevenir todas las formas de violencia contra ellas, incluida la trata de personas, y garantizarles el acceso a la justicia cuando lo requieran.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Coalición sobre Movilidad Humana, que estará presente en la Asamblea, confiamos en que los Estados se decidan a adoptar una respuesta regional centrada en los derechos humanos, con especial cuidado por los derechos humanos de las mujeres que son casi la mitad de la población migrante de Venezuela.
Foto cortesía de: Albertonews
