De Nueva Zelanda viene un barco cargado de…

En las últimas semanas en varios medios de comunicación se ha evidenciado el malestar que el sector lácteo colombiano tiene con respecto a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Nueva Zelanda en el marco de la Alianza del Pacifico, especialmente porque la posibilidad de aceptar dentro del proceso de negociación el comercio de productos lácteos implicaría la desaparición de dicho sector, dado que Nueva Zelanda es uno de los mayores productores de leche en el mundo.

De acuerdo con cifras reportadas por la Asociación Colombiana de procesadores de la leche (Asoleche) y registradas en varios medios de comunicación, para la temporada 2016-2017 en Nueva Zelanda se procesaron 20.700 millones de litros de leche, mientras que en Colombia para el mismo periodo, la cifra de leche procesada fue de 3.220 millones de litros, lo que de entrada evidencia el nivel de competencia al que se enfrentarían los productores colombianos.

Por su parte, Fedegan reporta a través de los datos del Censo Nacional Bovino realizado en el año 2016, que 223.240 predios ganaderos tienen menos de 10 bovinos incluyendo animales adultos, cifra que corresponde al 43,6% del total de los predios ganaderos del país, lo que implica que aproximadamente la mitad de la producción ganadera depende de los pequeños productores y campesinos del país, quienes se verían seriamente afectados si se logra materializar la amenaza de la llegada de leches neozelandesas al país.

Frente a esta realidad del sector lácteo colombiano, los Gobiernos Nacionales desde la década del 2000 han aprobado varias normas tendientes a mejorar los niveles de competitividad de todos los sectores agropecuarios, considerando los desafíos que implica la exposición a la competencia directa con sectores extranjeros más competitivos, luego de la apertura de nuevos mercados a través de la entrada en vigencia de los TLC firmados.

Concretamente para el sector lácteo, el Gobierno Nacional en 2010 aprobó la Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano (PNCSL), la cual tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan  disminuir los costos de producción e incrementar la productividad con miras a profundizar y diversificar los mercados interno y externo y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas del sector (República de Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social (2010).

Sin embargo, algunos estudios afirman que entre los productores lácteos existe un alto desconocimiento de las normatividades o reglas institucionales sectoriales formuladas para coadyuvar en el proceso del aumento de la competitividad, especialmente del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana (ACCL), que es el documento que recoge la visión estratégica de todas las empresas involucradas en el proceso de producción, transporte, transformación y comercialización de los productos lácteos colombianos (la Cadena Láctea) y cuya versión más reciente data del año 2010.

Ese es el caso de los productores de leche en la Provincia del Sugamuxi en el Departamento de Boyacá, dónde Rodríguez y otros (2005) concluyen que uno de los obstáculos para el desarrollo de la competitividad en dicha Provincia, es el desconocimiento del ACCL por parte de los productores.

De la misma manera y en un estudio similar, realizado esta vez en la Provincia del Tundama del mismo Departamento, Peñaranda (2010) advirtió un alto nivel de desconocimiento del ACCL manifestado en que más de la mitad de los encuestados con menos de 10  bovinos en su predio, prefirieron no referirse al tema dado que no tenían información al respecto.

Ante esta situación, no sería extraño que también se desconozca la Resolución 17 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que establece el sistema de pago de la leche cruda al productor, lo que verdaderamente representaría un retraso en el proceso de la mejora de la competitividad de los productores de leche colombianos, dado que dicha Resolución establece que el precio de la leche al productor depende de la cantidad de proteína y grasa que contenga la leche, de la cantidad de bacterias presentes por mililitro, de la certificación que tenga el predio en cuanto a vacunación de fiebre aftosa y brucella, de la certificación como predio libre de brucelosis y tuberculosis, que son enfermedades transmisibles al ser humano por consumo de leche contaminada, y de la certificación del predio en Buenas Prácticas Ganaderas.

En otras palabras, no sólo es en la cantidad de leche procesada por millones de litros en que el sector lechero colombiano se vería afectado por la apertura del mercado nacional a los productos lácteos de Nueva Zelanda, sino también en la calidad de la leche que se procesa en la megaindustria nacional, dónde las 5 principales industrias lácteas del país acopian el 56% del total de la leche acopiada por la industria (1.797 millones de litros de los 3.209 millones de litros acopiados en 2016, según datos de Fedegan) y en la que se procesa en las industrias regionales y locales que ronda el 42% de la producción nacional según Fedegan (2.671 millones de litros de los 6.391 millones de litros producidos en 2016 se procesan en finca o se acopian de manera “informal”).

Así las cosas, si bien es cierto que el conocimiento de una norma específica no hace que esta se cumpla, para el caso de los productores de leche en Colombia, se hace más que necesario y urgente identificar el nivel de conocimiento y de aplicación, no sólo de la Resolución que modula el sistema de precios, sino de todas las normas que aportan a la mejora de la competitividad de los productores lácteos colombianos, ya que no sólo está en riesgo la capacidad de generación de empleo de dicho sector económico, sino que también estaría en juego la salud de los colombianos que diariamente consumen productos lácteos nacionales.

Ante esta situación es necesario que el próximo Gobierno Nacional considere tres tareas: la primera indiscutiblemente es excluir al sector lácteo de las negociaciones del TLC con Nueva Zelanda; la segunda, que continúe avanzando en el proceso de socialización de las herramientas de política pública que tiene el Estado para fortalecer la competitividad de todos los involucrados en la Cadena Láctea, especialmente por parte de los productores, a quienes no se les paga conforme a la norma, por lo que no se les estimula a mejorar la calidad integral de su producción.

Y la tercera tarea es que el Gobierno Nacional haga uso de las herramientas de sanción que contempla la Resolución 17 de 2012, fortaleciendo a la Superintendencia de Industria y Comercio para que identifique y sancione a quienes por su falta de responsabilidad social empresarial no están pagando la leche cruda acopiada de acuerdo con la Resolución, con lo que condenan a la informalidad a los pequeños productores y campesinos colombianos quienes son en últimas los que producen mayoritariamente la leche que se consume en el país.

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REFERENCIAS

República de Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2010). Documento CONPES 3675 Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lacteo. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación República de Colombia.

Rodríguez Romero, P., Muñoz Maldonado, G., Cubillos Gonzalez, A., & Tellez Iregui, G. (Mayo de 2005). Canales y márgenes de comercialización de la leche de la zona de ladera de la provincia de Sugamuxi Departamento de Boyacá. Revista de Medicina Veterinaria(9), 59-68.

Peñaranda Cortés, F. A. (2010). Comercialización de la leche cruda en la Provincia del Tundama Boyacá. Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Bogotá D.C.

Imagen tomada de Cámara de Comercio de Bucaramanga