Para el día 11 de marzo de 2018 se tiene prevista la realización de los comicios legislativos en Colombia, una de las muestras más fehacientes, cosa que viene siendo el deber ser, de la democracia representativa. Allí, el pueblo elegirá a los 102 senadores y 166 representantes a la cámara que conformarán nuestro sistema legislativo bicameral para el periodo constitucional 2018 – 2022.
El componente aptitudinal de quienes pretenden ser congresistas de la república es una temática poco examinada por la población electoral colombiana.
Para que un ciudadano que aspira a hacerse acreedor de una curul dentro del capitolio nacional tenga un buen desempeño en dicha labor legislativa, es necesario que éste tenga una preparación que se encuentre a la altura de las necesidades de sus futuros representados, y cuando hablo de preparación no me refiero precisamente a maestrías o doctorados en claustros universitarios del exterior, claro, sin que sea esto óbice para reconocer la importancia de la formación académica, pero aquí quiero hacer referencia es a la ética, al compromiso y la solvencia que permiten constatar el buen acondicionamiento requerido dentro de la esfera parlamentaria.
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la función de los congresistas en el Estado colombiano, como lo hizo en sentencia SU – 1159 de 2003, manifestando que: “los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común y que el elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Si analizamos este fragmento jurisprudencial, se puede corroborar, una vez más, que gran parte de los congresistas del país hacen caso omiso a esta y muchas más exhortaciones por concepto del mandato popular que emana del pueblo una vez son elegidos por este.
Si antes de sufragar nos detuviéramos a pensar por un momento en la opción más fructífera para el interés común, de seguro, en materia de control político, bienestar colectivo, iniciativa legislativa, inversión social, entre otros, la labor de nuestros congresistas sería más beneficiosa para nosotros, sus representados, y no aquella deshonesta, mediocre y negligente que hace mucho tiempo venimos soportando.
En Colombia, gran parte de nuestros legisladores se encuentran a la merced de la politiquería, el tráfico de influencias, el clientelismo, los execrables manejos a los cupos indicativos que se instituyeron para el auspicio del crecimiento de nuestros territorios y hoy día son utilizados para hacer política sucia; en otras palabras, están arrodillados ante la corrupción, esa mancha que prostituye al país de forma progresiva y sin clemencia alguna, lo que en últimas termina sepultando toda esperanza en materia de cambio, desarrollo y progreso.
Indudablemente, la rama legislativa hay que oxigenarla, dignificarla.
La responsabilidad que surge frente a esta circunstancia reposa especialmente en el electorado. Cuando comprendamos la magnitud de esta problemática y la asumamos de lleno, de seguro podremos contemplar un panorama distinto y apreciar la diferencia tan abismal existente entre tener congresistas comprometidos con la prosperidad de las regiones y tener unos que sean amantes de la concusión, del interés indebido en la celebración de contratos y el enriquecimiento ilícito.
No siendo más, amigas y amigos, hay que saber elegir.
