Columnista:
Daniel Suárez Montoya
Noticia nacional e internacional fue el bombardeo por parte de las fuerzas armadas colombianas a un grupo de niños y niñas. El actual ministro de Defensa tiene el descaro de referirse a los menores como «máquinas de guerra», como si se tratase de un producto armamentista de fábrica. Este hecho no está aislado en la historia de un país que ha parido hijos para la guerra por más de 60 años y tiene una enorme deuda en el reconocimiento de crímenes de Estado. La desproporcionalidad de la aplicación de la fuerza fáctica del Estado colombiano sobrepasa los límites del derecho internacional humanitario. ¿Son un grupo de menores desarmados amenaza militar? Parece que a la luz del actual Gobierno sí lo son. La pregunta verdaderamente importante es: ¿hasta cuándo se quebrantará la dignidad humana en justificación de la guerra?
Colombia es un Estado Social de Derecho que tiene por obligación garantizar un marco de libertades a toda su ciudadanía. En la realidad, el aparato estatal niega un principio ético y político base: la vida. El poder estatal se da el permiso de definir sobre la vida y la muerte según cuestiones como las condiciones socioeconómicas de origen, la ubicación territorial, la etnia y el género.
Nos enfrentamos a una ciudadanía estratificada, reconocida a unos pocos y rotundamente negada a muchas personas. Creería que para el «omnipotente» y «omnipresente» Estado colombiano existen más «máquinas de guerra» y enemigos potenciales que sujetos de derechos. Para nuestros (ex) mandatarios, no hay crimen si no existe un sujeto de derechos en ese cuerpo bombardeado. Este es el caso del actual ministro de Defensa que al etiquetar niños y niñas como «máquinas de guerra», augura un futuro prometedor para la niñez colombiana.
El crimen de Estado en contra de este grupo de niños y niñas me hace pensar en mi contexto más inmediato, en una ciudad tan cruda como Medellín. Crecí en un barrio aledaño a las periferias de la ciudad; en mi memoria están los sórdidos disparos de la Operación Orión, otro crimen de Estado en contra de la población civil de la Comuna 13, que hasta hoy tiene muchas víctimas sin reparar. ¿Cómo fue denominado este hecho en su momento? Como una operación militar de «pacificación territorial» que garantizó la impunidad estatal.
En los discursos de nuestros (ex) mandatarios figuran muchos términos para nombrar y justificar la atrocidad: «pacificación territorial», «seguridad democrática», «bajas en combate», «máquinas de guerra», etc. Estos términos tan ambiguos y desgastados insisten en una visión de la seguridad donde el fusilamiento acredita condecoraciones y se celebra en televisión.
Creo que las verdaderas «máquinas de guerra» son mucho más visibles y tienen mayor capacidad de agencia sobre decisiones determinantes para el país. ¿Quiénes son?
Lo dejo como una pregunta abierta para seguir reflexionando sobre nuestra historia: los actores de la guerra y las millones de víctimas de Colombia.
«Incomunica el dato».
Excelente, me gusto e identifico con muchas ideas y sentimientos encontrados. Un abrazo