Crisis del derecho

Vivimos en un entorno saturado de leyes y  normas, legislaciones que se ocupan de lo divino y de lo humano. Pero donde hay tanta ley, se ejerce muy poco Derecho.

Opina - Política

2018-03-11

Crisis del derecho

“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”

José Martí

En Colombia vivimos en situación de auto latría, si se me permite el neologismo. Somos autólatras, nos adoramos nosotros mismos, celular en mano, andamos embelesados de nosotros mismos, hacemos abstracción de los otros, de los demás, de sus derechos, de sus sueños, de sus esperanzas, de sus proyectos, de sus ilusiones, de sus expectativas. Solo cuentan las de cada uno.

No somos ególatras, porque los ególatras se aman a sí mismos al de compararse con los demás que de alguna manera les sirven de referentes, pero es que para los colombianos ni siquiera existen los otros.

Eso explica por qué para hacer valer su derecho, en más de una ocasión a los otros les toca recurrir a las vías de hecho.

Existe una crisis del concepto mismo del Derecho, una situación en la que cada uno supone que vive en un mundo solo para él: imaginamos que nadie más existe, nadie más importa, nadie más goza de derechos.

Veamos solo cuatro casos, cuatro botones, para la muestra, reveladores de la grave situación de crisis del Derecho por la cual atraviesa la sociedad colombiana.

Primer caso. Por absurdo e increíble que parezca, están en paro las ascensoristas y aseadoras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, de Medellín.

Las ascensoristas y empleadas de servicios generales de que hablo, componen una población trabajadora totalmente vulnerable, que se encuentran en el extremo más bajo de la escala de remuneración y constituyen unas de las tantas víctimas de la implementación de la malhadada “flexibilización laboral” con que nos regala el neoliberalismo según la receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional.

Están adscritas a una entidad chupasangre, de las conocidas como S.A.S., que, aunque usted no lo crea, no significa Sociedad para el Abuso Sistematizado, sino Sociedad por Acciones Simplificadas las cuales se crean por contrato o acto unilateral que se hace constar en un documento privado, por una a o varias personas naturales o jurídicas, las cuales sólo responden hasta el monto de sus respectivos aportes.

Es decir son sociedades de papel, creadas en virtud del decreto 1258 de 2008, propuesto, expedido y firmado adivinen por el gobierno de quién.

Pues bien, esa SAS que explota a estas trabajadoras les adeuda, no solamente el salario del último mes, sino su seguridad social, como quiera que no haya vuelto a cancelar las prestaciones y los aportes a salud, razón por la cual las empleadas se encuentran desprotegidas.

Lo que ellas reclaman no son concesiones graciosas de sus patronos, sino el respeto por sus derechos, derechos cuyo acatamiento y obediencia en un modelo de Estado Social y Constitucional como el que teóricamente nos rige, deberían estar constitucional y legalmente garantizados.

Y si les cierran en las narices las vías del derecho, se ven forzadas a recurrir a las vías de hecho, pese a las retaliaciones que la entidad ha tomado en contra de algunas que protestaron a comienzos de año cuando, como ahora, tampoco les cancelaron los jornales.

Segundo caso. El miércoles de la semana pasada, 28 de febrero, fueron los jueces y empleados judiciales quienes pararon.

Los jueces agrupados en Asonal Judicial reclamaron airada y decididamente su derecho al pago oportuno de la remuneración mensual, y perifonearon in extenso un rosario de reclamaciones adicionales que el gobierno nacional no ha cumplido, pese a los compromisos que se firmó como mecanismo para levantar el paro anterior.

Paradójicamente los administradores del derecho de este país deben recurrir a las vías de hecho, para que el Estado Social y Constitucional de Derecho, les cumpla y materialice el más elemental derecho de todo trabajador: el pago de su salario.

Tercer caso. Ante la calidad enrarecida y abiertamente tóxica del aire en Medellín, la administración municipal tuvo que incrementar los números y las horas de la restricción vehicular denominada pico y placa.

Pues bien, para burlar las medidas de restricción vehicular tomadas por la administración municipal destinadas a mejorar la calidad del aire, varios propietarios y/o conductores de automóviles y motocicletas, en un acto arbitrario y atrabiliario salieron a circular (a contaminar) con las placas de los vehículos tapadas o encriptadas.

Recurrieron a las vías de hecho, no ya para reclamar, como en los dos casos anteriores, sino para imponer su pretendido derecho individual a la libre circulación (autólatras), desconociendo el derecho de los habitantes de la ciudad a respirar algo mejor que el hollín que expelen sus carros y motos.

Cuarto caso. Los candidatos al Congreso de la República y algunos aspirantes presidenciales, han tenido serios obstáculos para dirigirse a sus partidarios en las manifestaciones que están convocando.

Y en más de una ocasión se les ha impedido ejercer su derecho a la comunicación con sus electores en vivo y en directo, en plaza pública, porque grupos de energúmenos, haciendo uso de las vías de hecho, en forma abiertamente autoritaria, decidieron privarlos de  esa posibilidad, ante la mirada pasiva, cuando no cómplice, de las autoridades locales, civiles y policiales.

Lo peculiar es que vivimos en un entorno saturado de leyes y  normas, legislaciones que se ocupan de lo divino y de lo humano. Pero donde hay tanta ley, se ejerce muy poco Derecho.

Es natural que ello sea así. Un Estado incapaz de cumplir la obligaciones que le encarga el artículo segundo de la Constitución trata de tapar con mil parches legales las troneras de las vías de hecho que pululan en una sociedad clerical, arbitraria y autólatras.

Las vías de hecho se encuentran a la orden del día porque los distintos gobiernos nos han acostumbrado a que solo a “golpes de paro”, como decía López Michelsen, se mueva la maquinaria de hallar soluciones.

Los despachos judiciales están atiborrados de demandas de acciones de tutela, con las cuales esperanzados ciudadanos aspiran a derrotar las vías de hecho a que patronos, administradores de servicios de salud y, en general, sujetos dotados de poder, han recurrido para despojarlos de sus facultades y garantías.

Las filas para interponer nuevas acciones, hacen gala de realismo mágico por su tamaño interminable: se demanda en demasía, porque se contraviene en demasía. Porque entre nosotros cada uno hace lo que le da literalmente la gana y el derecho ajeno es un mero espejismo, una alucinación, una quimera.

La sociedad está entonces en crisis por la elemental razón de que el concepto sociedad significa todo lo contrario, pues implica gregariedad, integración, reunión, colaboración. Participación colectiva, esfuerzo conjunto, organizado y  regulado.  Consideración por el otro, alteridad, en una palabra.

¿Qué vamos a hacer para remediarlo?

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Armando López Upegui
Historiador, Abogado, Docente universitario y Maestro en Ciencia política.