El presidente de la República de Guatemala Jimmy Morales tomó la decisión de nombrar “Non Grato” a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y su inmediata expulsión del país. Un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad tiene en suspenso la continuidad o no del colombiano al frente de la Comisión. [1]
La lucha contra la corrupción es una línea de discurso constante de la clase política. Que a palabras del propio presidente de la República se traduce a sí a la lucha pero no con Iván Velásquez al frente. Acuerpado por el poder local y rodeado por más de doscientos alcaldes del país; sus apoyos empiezan a cuajar y a hacerse públicos.
Pero esto conlleva un contexto político-judicial fuerte. La CICIG con Iván Velásquez al frente logró juntamente con el Ministerio Público –MP-, llevar a tribunales al ex binomio presidencial (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti), también casi a la cúpula completa del partido Patriota, decenas de empresarios de la construcción y cuadros medios del gobierno anterior. Entre veinte y seis casos investigados presentados, más o menos.
Asimismo, fue el mismo Iván quien acompañado de la Fiscal General en conferencia de prensa, pidieron que se le retire la inmunidad al presidente Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito cuando él era candidato presidencial y secretario general de su partido político FCN Nación. [2]
Está decisión de desaforarlo le corresponde al Congreso de la República. En manos de 158 diputados que empiezan a cerrar filas, así como lo han hecho los alcaldes. Una clase política evidentemente cómplice para sí y sus intereses; y en este clima político, por la más preciada libertad.
Y lo cierto es que Jimmy Morales tuvo todo para ser el parteaguas de una era de políticos corruptos. Tuvo a su favor un electorado esperanzado. Una luna de miel larga por parte de los medios de comunicación. Ha tenido un gabinete de gobierno medianamente aceptable. Pero conto con una bancada oficial dividida sin liderazgo y sin poder dentro del Congreso de la República. Pero sobre todo, con pésimas decisiones que hizo muy tempranamente en su gestión que su popularidad bajará y bajará al punto de que, quienes le votaron, hoy, muchos lo quieren fuera.
La lucha contra la corrupción tuvo su clímax en el 2015. Dos años han pasado y la justicia por arbitraria, politizada y antojadiza ha fallado también.
Sin embargo, el liderazgo del Comisionado es palpable y negarlo es una postura berrinchista bajo el paraguas de injerencia extranjera que muchos han querido vender en los últimos días eludiendo, convenientemente, que fue el gobierno de Guatemala quien en su momento pidiera a las Naciones Unidas tal Comisión.
Pero lejos del proceso legal que ambas situaciones deben llevar, si llegan a expulsar al Comisionado del país, si llegan a desaforar al presidente; queda en el limbo la población y su necesidad de encontrar una oportunidad laboral, de tener acceso a los servicios de salud, a que los niños puedan estudiar; eso siempre es para después.
Y en el día a día, el debate generalizado se centra en el ámbito legal, mientras que la institucionalidad pende de un hilo y la politización de “buenos y malos” vive su máxima expresión. Entre injerencia extranjera o no. Entre institucionalidad o funcionarios. Entre impunidad o lucha contra la corrupción. Entre discurso y acciones. Entre izquierdas y derechas. Entre todo y contra todos, pero menos en la construcción de un Estado de Derecho.
En esta crisis profunda que tejen los hilos del poder, ser país no está siquiera en los puntos varios de la agenda política de ningún sector. Y solo la presión social masiva lograría algún cambio y limpia de la clase política nacional, caminando hacia las elecciones del 2019.
